Cuatro de cada cinco personas que cuidan a familiares dependientes son mujeres mayores de 50 años y amas de casa
Cuatro de cada cinco personas que cuidan a familiares dependientes en España son mujeres mayores de 50 años, amas de casa y sin estudios o con estudios primarios, seguidas por hijas o sobrinas del paciente, según los trabajos presentados en Forandalus-2012, la VI reunión internacional de investigación en enfermería, y I Reunión del Grupo de Investigación Aurora Mas de la Universidad de Zaragoza, celebrada recientemente en Zaragoza.
Estudios de las profesoras de la Universidad de Zaragoza, Concha Germán y Fabiola Hueso, realizados en colaboración con profesionales de las universidades de Sevilla, Tarragona y Almería, concluyen que la dedicación exclusiva al cuidado es mayoritaria en el entorno femenino ya que a pesar de que los hombres se están incorporando a estas tareas requieren, generalmente, de la colaboración de una mujer, ha informado la Universidad de Zaragoza en un comunicado.
Además, según se desprende de los primeros resultados de un estudio de provisión de servicios y de cuidadores familiares, los hombres cuidadores que solicitan ayudas de dependencia "las reciben en mayor proporción y más rápidamente que las mujeres", han apuntado las mismas fuentes.
Los beneficiarios de las ayudas de la Ley de Dependencia, que en Aragón, en diciembre de 2011, eran 22.473, son un tercio de los dependientes con derecho a recibir las mismas, según los investigadores sanitarios.
De esta manera, el tiempo de cuidado que invierten los familiares, así como la adaptación de la vivienda a las necesidades del dependiente y la adquisición de materiales sociosanitarios podría traducirse en un coste de más de 25.000 millones de euros.
Los investigadores señalan, además, que la escasez de enfermeras y alta rotación de las mismas de las instituciones sanitarias de España --país que tiene uno de los índices más bajos de Europa en la relación enfermera/paciente en el ámbito hospitalario-- repercute en la calidad de vida, tanto de los enfermos como de los familiares y de las propias enfermeras.
En el caso de los familiares, según los últimos trabajos presentados en Forandalus-2012, el impacto en la calidad de vida de las personas cuidadoras de dependientes se observa en afecciones de salud física y psíquica, abandono del trabajo fuera de casa y problemas en el entorno familiar.
Fuente: Europa Press
Nuevas iniciativas en Cataluña sobre la prevención de la dependencia en los mayores: '¡Atrévete!' y 'Mayores sobre Ruedas'
Os convocamos a la presentación de los proyectos '¡Atrévete!' y 'Mayores sobre Ruedas', en los que ha colaborado la Generalitat de Catalunya, Fundación Salud y Comunidad y Obra Social Caja Madrid. El acto tendrá lugar el próximo viernes, 13 de abril a las 11h en la Residencia, Centro de Día y Hogar "La Verneda" de Barcelona (c/Cantabria, 28).
La presentación contará con la participación de Carmela Fortuny, Directora General del ICASS; David González, Director de la Residencia, Centro de Día y Hogar La Verneda; Sergi Capell, Coordinador de Obra Social Caja Madrid Catalunya y Baleares; y Carme Trilla, Subdirectora del Área de la Atención a la Dependencia de la Fundación Salud y Comunidad.
“¡Atrévete!”es un programa de formación dirigido a personas mayores que ofrece y facilita a los participantes los recursos para conseguir un envejecimiento activo, transmitir la importancia de aprender a vivir con los cambios físicos y mentales de la vida y prevenir la dependencia.
Por otro lado, “Mayores sobre Ruedas” es un proyecto innovador de FSC, que pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores que tienen dependencia física pero no cognitiva -o ésta es leve-, facilitando sin coste algunoscooters eléctricos adaptados a los usuarios de los servicios que gestiona.
Lugar de la presentación:
Para más información contactar con:
Obra Social Caja Madrid:
Aitana Carceller / Anna Font
93 238 58 08 /93 238 59 53
acarceller@tinkle.es / afont@tinkle.es
Fundación Salud y Comunidad:
Amparo Suay
653 566 321
amparo.suay@fsyc.org
Cae un 20% la ocupación de geriátricos privados por la crisis y el cuidado familiar
Los empresarios de las residencias piden que se restrinja la atención de los ancianos en sus propios hogares
Vieron en la Ley de Dependencia un nicho para desarrollar sus negocios, pero la crisis ha tumbado todas sus expectativas. En Castilla y León más de un 40 por ciento de los mayores dependientes son cuidados por sus familias, lo que ha llevado a reducir drásticamente la demanda de plazas en las residencias, fundamentalmente en las privadas, donde según datos que maneja la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), la mayoritaria en el sector —reúne a 130 empresas y alrededor de 8.000 plazas residenciales—, la ocupación ha caído un 20 por ciento.
Para José María Delgado, vicepresidente de la Federación, el principal problema radica en que se ha convertido en «regular» lo que la Ley de Dependencia había definido como «excepcional». «En el texto hay un apartado que especifica de forma clara que, excepcionalmente, en los casos que no se pueda aplicar ningún tipo de servicio o actuación para las personas dependientes se recurrirá al cuidador familiar». Sin embargo, es una medida que no se está aplicando ni controlando, y en opinión del responsable de Acalerte, esto repercutirá en la economía y a largo plazo podría hacerlo en los propios mayores dependientes. «El control y la supervisión de lo que se hace en cada domicilio es una incógnita», asegura. La solución se torna «complicada» para Acalerte, que entiende la situación de muchos hogares españoles, donde en algunos casos el periodo de subsidio de desempleo se ha terminado y la pensión del mayor es el único ingreso económico familiar. «Sabemos que ahora mismo muchas familias están viviendo con la ayuda del abuelo, que se queda en casa y aporta la pensión, y si además cuentan con una ayuda de la Administración, pues todo va sumando». No obstante, no creen que generalizar los cuidados en el entorno familiar sea la solución y abogan por restringirlo mucho más en las nuevas valoraciones. Delgado sustenta su argumento en dos razones: por un lado, la económica: «Una persona que ingresa en una residencia genera un IVA, unos puestos de trabajo y permite que el dinero siga moviéndose. En el entorno familiar las ayudas de Dependencia llegan y se acabó». Luego están las consecuencias en los propios dependientes. «No dudo de que en el hogar se intente cuidar a sus mayores maravillosamente, pero falta una preparación, unas instalaciones adaptadas, un exhaustivo control de la medicación... A mí me exigen tener personal cualificado: un médico, una enfermera, un fisioterapeuta... y esto en el domicilio nunca ocurrirá», sostiene el también propietario de dos residencias, una en la capital vallisoletana y otra en el municipio de Viana de Cega, en la misma provincia.
Sea la crisis, la Ley de Dependencia o ambos factores, lo cierto es que los geriátricos privados han ido disminuyendo progresivamente su ocupación en los últimos cinco años porque apenas se producen ingresos, se mantienen estables los porcentajes de fallecimientos y hasta con frecuencia ocurre que se producen renuncias por parte de los mayores a las plazas que ocupan. Una situación que podría repercutir en el empleo de la Comunidad, alerta Delgado, ya que este sector actualmente da trabajo a alrededor de 10.000 personas —cada tres o cuatro residentes, en función de su grado de dependencia, genera un puesto de trabajo—.
Para afrontar estos años de dificultades las residencias se han ido adaptando a las circunstancias ofreciendo plazas a precios promocionales y manteniendo tarifas de años anteriores (en algunos casos disminuyéndolas) sin que la medida haya sido efectiva. No obstante, para José María Delgado, en el caso de los mayores asistidos es imposible que el precio pueda rebajarse de los 1.400-1.500 euros, siempre en habitación compartida —la individual es más cara—: «De ahí para abajo es complicado si se quieren hacer las cosas medianamente bien», considera el vicepresidente de Acalerte, para quien el nivel de exigencia en Castilla y León —seguros, ratio de personal, controles, medidas arquitectónicas, etc.— es mayor que en otras comunidades, y eso «evidentemente encarece la plaza», aunque admite que «cuantos más requisitos se tiene, más seguridad se proporciona». —Castilla y León ha sido valorada como la Comunidad Autónoma con mejores Servicios Sociales de España—.
Esta menor demanda se está percibiendo de manera más acusada en el medio rural, sobre todo en las pequeñas poblaciones. «En Valladolid la caída ha sido algo inferior, entre un 15 y un 18 por ciento», detalla José María Delgado. Las residencias en los pueblos se vieron como una buena alternativa para mantener a los mayores cerca de su domicilio y generalmente han sido más económicas que las de la capital. No obstante, muchos hijos viven en las grandes ciudades y han preferido tener a sus padres más cerca. A esto se ha unido el exceso de servicios en algunas zonas. «Hemos querido que todos los pueblos tuvieran su residencia, lo que ha provocado que existan hasta cuatro instalaciones para una población total de 500 habitantes repartidos en cuatro municipios y es muy difícil que esas cuatro residencias, con cuarenta, treinta o veinte plazas funcionen, porque no hay capacidad para ello». opina José María Delgado, quien cree que «ha habido un poco de desorden en este sentido»: «Todos los alcaldes han querido hacerse la foto con su residencia en su pueblo y ahora vienen los problemas».
Fuente: ABC (Castilla León)
Casi la mitad de los jóvenes fuma alguna vez y el 32% son ya adictos
La mayoría de fumadores comienzan antes de los 20 años.
El tabaco es la segunda droga más consumida en estudiantes españoles, según el Plan Nacional sobre Drogas. Los datos que manejan los especialistas es que la prevalencia de estudiantes que alguna vez ha fumado es del 45% y el 32% son fumadores en la actualidad. La media de edad para el primer cigarrillo son los 13 años. Según los datos con los que trabaja la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la causa de muerte en el 50% quienes lo consumen.
La mayoría de adolescentes fumadores continuarán enganchados al tabaco de adultos, tal y como explican los profesores de la Universidad Miguel Hernández, quienes recuerdan que los fumadores tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud, y algunos de ellos pueden empezar a darse en la adolescencia.
De forma que, cuanto antes se abandona el hábito se reducen los efectos negativos, por lo que, afirman, es necesario ofertar a los jóvenes y adolescentes fumadores formulas para dejar el tabaco. Los expertos han identificado al menos tres obstáculos por los que a los adolescentes les resulta difícil dejar de fumar: las influencias sociales, la dependencia química y la falta de motivación.
Según los investigadores ilicitanos, el proyecto que están llevando a cabo es el primero en el país que pretende intervenir en el abandono del tabaco a edades tan tempranas y precisamente ven las dificultades para ello en motivar a los adolescentes para unirse al programa.
Fuente: La Verdad.es
El Gobierno reduce casi un 30% el presupuesto del Plan Nacional de Drogas
El portavoz parlamentario de IU en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, ha lamentado el recorte del 28 por ciento que ha sufrido el Plan Nacional de Drogas que, teniendo en cuenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este martes en el Congreso de los Diputados, habría pasado de 25 a 18 millones de euros.
Este Plan tiene una fuente rígida que no depende de los presupuestos que proviene del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, que podría inyectar una cantidad que podría rondar los 4.000 millones, "a pesar de esto, se va a ver muy durante afectado por el recorte", según explicado a Europa Press.
En su opinión, con este tipo de iniciativas, demuestra que "al Gobierno no le importa prevenir y prefiere penalizar; prefiere el Estado penal al Estado social, por lo que vuelve traspasar una línea roja que decía que no iba a traspasar eliminando políticas de prevención".
El Plan Nacional de Drogas es una de las estrategias de prevención más importantes, ha recordado, puesto que incluye las acciones dirigidas a sensibilizar e informar a los distintos sectores sociales sobre los riesgos a los que puede conducir el consumo de drogas, así como el énfasis puesto en todo lo que tiene que ver con la prevención en los ámbitos educativo y escolar.
Por este motivo, y a raíz de la presentación de estos presupuestos, ha pedido la comparecencia del actual delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ya que, con esta decisión, "contradice" su intención de mantener como objetivo primordial dentro sus acciones las políticas en materia de drogas y adicciones.
"He pedido su comparecencia para que explique cómo vamos a cumplir sus objetivos con este presupuesto", ha añadido.
Asimismo, más adelante, IU pedirá nuevamente su comparecencia para que explique como se encuentra la gestión del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, un elemento esencial para financiar las políticas contra la droga. Hace un mes el delegado del Gobierno anunciaba su intención de, en esta legislatura, abordar una renovación de los instrumentos normativos reguladores del Fondo.
"DRAMÁTICO RECORTE"
Volviendo a los presupuestos, ha manifestado que "el Gobierno se ha saltado la línea roja en materia sanitaria". Concretamente, según ha explicado a Europa Press, es "especialmente dramático", conocer que en el presupuesto para este año se eliminan las cuantías destinadas al Plan de Salud Bucodental, impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007, y al Plan Nacional sobre Sida.
"Es una barbaridad suprimir el Plan Nacional sobre Sida, teniendo en cuenta que "es necesaria una coordinación y el desarrollo de medidas de prevención, que cada día son más necesarias", ha añadido.
Asimismo, ha lamentado el "dramático recorte" del Programa de Políticas de Salud y Ordenación Profesional, una decisión que lamenta porque, "de alguna manera, el Programa es la forma de planificar la salud del conjunto de Estado".
Por otra parte, le resulta "paradójico" que se haya aprobado recientemente la Ley de Salud pública, "y lo primero que hace el Gobierno es cebarse en ese programa".
Con independencia de que el recorte pueda ser considerado de moderado, teniendo en cuenta otras partidas, señala que "al Estado le quedan algunas competencias muy limitadas en materia sanitaria", aunque "la competencia fundamental que debe de garantizar es la coordinación a través de las estrategias; y ahí es donde se demuestra que no se quiere gobernar el sistema".
"El recorte de las principales competencias en materia sanitaria es dramático y demuestra una desorientación del Ministerio de Sanidad muy llamativo", ha concluido, al tiempo que se ha mostrado sorprendido por el incrementado en la dotación para 2012 destinada a farmacia.
Fuente: Europa Press
Más de 300 ONG exigen al gobierno reconsiderar los recortes en la respuesta ante el SIDA
La drástica reducción llega tras el anuncio del pasado mes de enero por parte del Ministerio de Sanidad de su compromiso en mantener el VIH como prioridad.
Tras el anuncio del gobierno español de la reducción, aún por concretar, de las ayudas para la respuesta ante el VIH y sida, plataformas estatales y autonómicas que aúnan más de 300 organizaciones de todo el estado, consideran que los presupuestos que se publicaron ayer representan un paso atrás en la respuesta ante el VIH que conllevará graves consecuencias. Aunque las informaciones todavía son confusas e incluso contradictorias, se da por segura la retirada de las transferencias a las comunidades autónomas y se especula con la posible desaparición del Plan Nacional del Sida. Según Agustín González, representante de FAUDAS, “no podemos entender ni consentir que en un momento como el actual, donde la primera consideración debería ser el mantenimiento del estado de bienestar, la reducción presupuestaria sea tan fuerte en sanidad y educación y en cambio partidas como las de defensa casi no se toquen”.
Las plataformas estatales del VIH y sida consideran que la decisión tomada por el Gobierno Español es altamente irresponsable, porque irá en detrimento de las acciones para prevenir el VIH, reducir su impacto y proteger los derechos humanos. Igualmente, esta decisión supone una dejación del Gobierno español en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía. Sin duda, esta decisión supone un retroceso de 30 años a la respuesta frente al VIH en nuestro país. Así, de la rueda de prensa que ofreció el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se extrae que el Gobierno habría decidido eliminar la parte del programa de respuesta ante el VIH y sida que hasta ahora gestionaban las comunidades autónomas, manteniendo supuestamente la línea destinada a los programas estatales gestionados por las entidades y organizaciones del ámbito. No queda clara todavía la cuantía que se destinaría a esta línea de acción, que podría cambiar su nombre por “actividades de lucha contra el sida” según algunas fuentes.
Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB, afirma que “siguen sin estar suficientemente claros aspectos como la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida como órgano coordinador de la respuesta frente al VIH, o la cantidad prevista de forma específica para subvenciones a ONG dentro de la partida de tres millones de euros existente para actividades de lucha contra el sida”. Y añade que “el Gobierno debería aclarar públicamente la continuidad de la Secretaría y reflejar claramente en el borrador definitivo de los presupuestos la cantidad destinada para este tipo de subvenciones”.
Según Montse Pineda, presidenta del Comitè 1er de Desembre, “esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente económica sino también política y jurídica puesto que el gobierno español ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional reconocida legalmente para tomar este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, encargada de coordinar las políticas de prevención del VIH en nuestro país y en la que participan diferentes Ministerios, las Comunidades Autónomas y las ONG, tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los diferentes agentes que participan en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los términos reales de la decisión tomada”.
En cualquier caso, la eliminación de estas transferencias económicas a las Comunidades Autónomas pondría en peligro la respuesta frente al VIH en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la subvención de acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, locales o autonómicas, entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban acciones con colectivos a los que el sistema público no llega. Para Jancho Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, esto supone “un golpe durísimo a la atención y prevención del VIH y el sida, puesto que las ONG no podrán a llevar a cabo estas acciones de prevención y muchas de las personas que acuden a esas ONG locales no tendrán donde acudir”. En referencia a las palabras de la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, que se mostraba ayer convencida de que los gobiernos autonómicos seguirán apoyando estas iniciativas, Jancho Barrios ha mostrado también su disconformidad ya que “una parte de los presupuestos con los que las Comunidades Autónomas contaban para ello, provenían de estas transferencias específicas que ahora se eliminarían”.
Esta decisión, por tanto, colocaría en una situación muy vulnerable a las ONG de ámbito autonómico y podría suponer la desaparición del movimiento asociativo del campo del VIH y sida del estado español. Según Montse Pineda se trata de “un ataque a un modelo de participación de la ciudadanía, dirigido a fragilizar la sociedad civil organizada y los derechos de la ciudadanía. Supone un ataque al movimiento asociativo VIH y sida que durante los últimos 30 años ha formado parte del sistema sanitario y social y que ha contribuido a mantener estable la infección por VIH en el estado español, cuyas acciones han sido la puerta de entrada para la intervención con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad a los que el sistema público no puede acceder”.
Para las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida, la decisión unilateral tomada por el Gobierno supondría un claro retroceso en la respuesta frente al VIH, y contradiría claramente los acuerdos internacionales -tanto económicos como políticos- que ha asumido el gobierno español ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas de VIH hacia el ‘Objetivo Cero’: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida”. En este sentido, Marta Pastor, presidenta de FUNSIDA, destaca que “al eliminar las transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de acciones de prevención del VIH, el Gobierno no asume su responsabilidad para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales adoptados, poniendo de parapeto a las comunidades como responsables de no poder cumplir con los objetivos de prevención del VIH”.
Igualmente, esta decisión también supondría una contradicción con las ideas reflejadas en los propios presupuestos a la hora de exponer las estrategias de prevención del VIH, en los que se señala que el esfuerzo combinado de las administraciones públicas debe unirse al refuerzo de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que cuentan con una mayor accesibilidad a determinadas poblaciones vulnerables, especialmente las más cerradas o más excluidas, y que requiere, por lo tanto, un apoyo firme de estas organizaciones por parte de las instituciones”. Según Julio Gómez, presidente de REDVIH, “las consecuencias económicas van a ser mucho mayores y mucho más negativas que el recorte realizado puesto que, por un lado, el VIH es una infección que se puede prevenir -siendo la prevención más rentable que el tratamiento crónico de la infección- y por otro, porque se dejarán de realizar acciones relacionadas con cuestiones de morbimortalidad de las poblaciones más desamparadas, que son obviadas en estos presupuestos. Esto nos hace pensar que a este gobierno no le importa la salud pública y especialmente la salud de los colectivos más desfavorecidos”.
Por todo, ello, las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida solicitan a la ministra de Sanidad una reunión, con carácter de urgencia, para la clarificación de las noticias contradictorias aparecidas, reunión por otra parte, ya solicitada en las pasadas semanas. Además, las organizaciones exigen que se diga claramente en qué partida de los Presupuestos Generales del estado están consignadas, si es el caso, las cantidades de dinero destinadas a la respuesta al VIH, tanto las destinadas a subvencionar las actividades que realizan las ONG como las que necesita el propio Plan Nacional del Sida para su funcionamiento. Así mismo, exigen que en el trámite parlamentario para la aprobación de los presupuestos se consignen dichas cantidades de manera explícita y sin lugar a dudas.
Las plataformas estatales y autonómicas que firman esta nota de prensa son: CALCSICOVA, CESIDA, Comité 1er de Desembre, Coordinadora Gai i Lesbiana, EUSKALSIDA, FAUDAS, Federación Trabajando en Positivo, FELGTB, FEAT, Fundación Triángulo, Fundación Lucía, FUNSIDA y REDVIH.
Educar a los presos de Picassent para incrementar su reinsección en el mundo laboral
La consellera de Educación, Formación y Empleo, Mª José Català, ha visitado las instalaciones del Centro Penitenciario de Picassent donde se ubican tres centros de formación para personas adultas, en las que un millar de internos están cursando estudios.
Durante su visita, la consellera que ha estado acompañada por el director del Centro Penitenciario, Miguel Ángel Martínez, ha destacado la importancia de ofrecer formación a los internos para ampliar sus conocimientos e incrementar su preparación, de modo que tengan la posibilidad de integrarse en el mercado laboral una vez salgan del centro.
Para la consellera, "estamos muy satisfechos con los programas que se vienen desarrollando porque pensamos que se realiza un trabajo importante de rehabilitación que puede ofrecer mayores oportunidades a las personas que están aquí para mejorar su inserción al mercado laboral, así como para mejorar su futuro próximo una vez abandonen el centro".
Por su parte, el director del centro, Miguel Ángel Martínez, ha explicado que más de un tercio de los internos del centro están realizando actividades formativas, y ha calificado las escuelas de formación de adultos como uno de los pulmones para el centro penitenciario, junto con los talleres propios y de las empresas colaboradoras.
ESPACIOS FORMATIVOS
En concreto, la oferta formativa de la Conselleria en el Centro de Picassent consiste en dos espacios de formación de personas adultas ubicados en la unidad de preventivos y en la de cumplimiento, así como una sección de Educación Secundaria, situada en el módulo de estudio de la unidad de cumplimiento.
Los alumnos de estos centros pueden acceder a la certificación de las 11 enseñanzas de idiomas de régimen especial que se imparten en la Comunitat Valenciana, es decir, árabe, alemán, portugués, francés, inglés, griego, italiano, ruso, valenciano, español para extranjeros y chino.
Asimismo, los centros de formación para adultos ofrecen los niveles reglados de la Formación para Adultos, tanto de primero como de segundo ciclo y un Programa de Cualificación Profesional Inicial de "Operaciones de Fontanería Y Calefacción-Climatización Doméstica", así como un programa formativo de Musicoterapia.
Los internos tienen la posibilidad de realizar cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, así como de pruebas de acceso a la UNED para mayores de 25 años.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Además, en la sección de Secundaria dedicada a la Formación Profesional, se imparten dos ciclos formativos de grado Medio conducentes a los títulos de Técnico en Peluquería y Técnico en Jardinería y Floristería, así como un Programa de Cualificación Profesional Inicial de técnico auxiliar en Floristería.
Esta sección, ubicada en el módulo de estudio de la unidad de cumplimiento, donde rige el principio de comunidad terapéutica puesto que todos los internos que viven en dicho módulo son alumnos de la Sección, además de ser un módulo mixto en el que conviven hombres y mujeres.
Los internos pueden recibir dos entradas de familiares al año, realizar salidas programadas, y disponer de celda individual para favorecer el estudio, lo que limita a 53 el número de alumnas y alumnos matriculados en la Sección. Toda la actividad académica se circunscribe a dicho módulo, al que acuden los profesores a impartir docencia, disponiendo para ello de diferentes espacios a los que se adecua la oferta formativa, es decir, aula taller de peluquería, dos invernaderos, un huerto, una pequeña superficie ajardinada, un aula de informática y diversas aulas.
La subida del tabaco contribuirá a reducir su consumo
El portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Francisco Camarelles, ha aplaudido la subida del precio que experimentará el tabaco a partir de esta Semana Santa ya que, en su opinión, es una medida efectiva para reducir su consumo, especialmente entre los jóvenes.
"El aumento hace que la gente deje de fumar, especialmente la joven. Si subes el precio repercute claramente en la disminución del consumo, existen informes científicos que lo avalan", ha argumentado Camarelles en declaraciones a Europa Press.
Así, este experto ha precisado que la subida del precio incide más en jóvenes, porque son los que tienen "menos poder adquisitivo", que en adultos.
"Es una de las medidas que desde el comité estamos pidiendo al gobierno de España desde hace años", ha señalado el representante de la CNPT, quien ha criticado que el tabaco en España sea "mucho más barato" en relación con otros países europeos.
Tras la modificación fiscal aprobada el pasado viernes por el Gobierno, las cajetillas de cigarrillos subirán previsiblemente entre 20 y 25 céntimos, pero no aumentará el precio del tabaco de liar.
En relación con si este hecho generará un trasvase de fumadores a esta modalidad, Camarelles ha manifestado sus dudas. "No está muy claro. Parece que si sube el precio de los cigarrillos puede haber un mayor consumo (en el tabaco de liar), pero no está muy claro", ha insistido.
Diferencias entre comunidades
En general, este experto ha reconocido que España está dando "pasos significativos" para reducir el consumo de tabaco. "Hemos planteado medidas más efectivas como subir su precio, quitar su publicidad (que ya no está permitida), y ayudar a los fumadores mediante el sistema sanitario", ha argumentado.
En este sentido, ha explicado que existen comunidades autónomas donde los profesionales de la Atención Primaria "ayudan" a los fumadores a abandonar esta práctica mediante programas con los que se obtienen "buenísimos resultados".
Así, ha alabado la atención proporcionada desde el sistema sanitario catalán, que es un "ejemplo excelente de buen hacer" y navarro. No obstante, ha lamentado que existan otras "mucho más retrasadas" y que, por tanto, la ayuda sea "muy variable" según en que comunidad autónoma se encuentre uno.
Por último, este experto ha recomendado a las personas que quieran dejar de fumar que analicen y vean las razones por las que quieren abandonar esta práctica; que estudien si van a necesitar ayuda y que busquen una persona de apoyo; y que fijen una fecha para hacerlo.
Fuente: El Mundo
El 80% de las víctimas mortales de violencia de género convivía con su asesino
El ochenta por ciento de las diez mujeres asesinadas en este primer trimestre del año en el marco de la violencia de género aún mantenían una relación de pareja y convivencia con el hombre que acabó por asesinarlas, mientras que dos se encontraban en fase de ruptura. Ninguna de las fallecidas había presentado denuncia previa por malos tratos.
Aunque la estadística oficial cifra en diez el número de víctimas mortales en este primer trimestre, la delegación del Gobierno mantiene dos casos en investigación correspondientes a las muertes de otras dos mujeres en Pinto (Madrid) y Vilardevos (Orense), que podrían elevar el balance a una docena.
Con todo, los datos arrojan seis muertes menos que el año pasado por las mismas fechas y una menos que en 2010, cuando al cabo del primer trimestre se computaban 11 víctimas mortales de la violencia de género. Entre enero y marzo de 2009 también fueron diez los crímenes cometidos.
El primer trimestre más duro desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales en 2003, fue el de 2006, cuando se produjeron en España 20 homicidios de mujeres a manos de otros tantos hombres. Le sigue 2008, con 19 casos; y 2007, cuando fueron 18. En total, 616 mujeres han sido asesinadas en los últimos ocho años.
Atendiendo a estos tres primeros meses de 2012, el mayor número de asesinatos tuvo lugar en enero, cuando fueron ocho casos. En febrero y marzo se produjeron dos, uno en casa mes. Hasta seis de los diez se registraron en Cataluña, mientras que los otros cuatro tuvieron lugar en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, y Navarra.
El 80 por ciento de las víctimas, al igual que el 80 por ciento de los asesinos, eran de nacionalidad española, lo que arroja, un trimestre más, una sobre representación de las mujeres extranjeras entre las fallecidas por violencia machista, ya que suponen dos de cada diez cuando en el conjunto de la población no llegan al 11%.
En total, el Gobierno concedió el año pasado el permiso de residencia en España a 771 mujeres extranjeras en situación irregular que fueron víctimas de la violencia de género. Desde que se contempló esta posibilidad, en marzo de 2005, se han regularizado 3.091 mujeres que se encontraban en esta situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la edad de las mujeres asesinadas en este primer trimestre del año, una tenía entre 31 y 30 años de edad y otra había cumplido los 65, dos estaban entre los 30 y los 41, seis se econtraban entre 41 y 50 y otras tres contaban entre 51 y 64 años.
5.560 MALTRATADORES EN LA CÁRCEL
Respecto a los diez asesinos, de los que uno se suicidó y otros dos lo intentaron, según los datos recopilados por Europa Press, todos han sido detenidos y puestos a disposición judicial. En la actualidad, 5.560 hombres cumplen condena por delitos de violencia de género en España y, a 29 de febrero, se contaban 787 dispositivos activos de localización GPS de maltratadores.
Los últimos datos publicados por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indican que el 81 por ciento de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales (se ocupan de los crímenes más graves) en este tipo de asuntos son condenatorias.
PROTECCIÓN POLICIAL PARA 18.600 MUJERES
Por otra parte, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press, un total de 18.762 mujeres contaban con protección policial activa a 29 de febrero, por lo que ya son 97.125 las víctimas de violencia de género que han dispuesto en algún momento de este tipo de medida de seguridad.
Además, un total de 9.818 mujeres contaban con servicio de teleasistencia (ATEMPRO) a esta misma fecha, un servicio por el que han pasado 40.241 víctimas de malos tratos desde el año 2005.
Por su lado, el teléfono gratuito 016 de atención al maltrato había recibido a 29 de febrero recibido 307.715 llamadas desde que se puso en funcionamiento, en septiembre de 2007. De las comunicaciones, el 75,3 por ciento fueron efectuadas por las víctimas, el 22 por ciento por allegados o familiares y un 2,7 por ciento, por otras personas.
Las mismas estadísticas oficiales reflejan que al cierre de 2011, 29.065 mujeres víctimas de la violencia machista percibían una Renta Activa de Inserción; 10.140 habían recibido ayuda para cambiar de residencia, 1.364 se beneficiaban de ayudas económicas y ya se contaban 3.228 contratos bonificados para ciudadanas en esta situación.
Fuente: Europa Press
Las comunidades autónomas pierden 283 millones para atender la dependencia
Una de las dos partidas con las que el Gobierno financia la Ley de Dependencia ha caído: 283 millones que se repartían entre las comunidades autónomas cada año. Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geriátricas, reparación de edificios), organización administrativa (informática, gestión). Pero, en la práctica, las comunidades lo estaban usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente.
Los 283 millones representan un 15% del total destinado por el Gobierno para dependencia al año. Los 1.545 millones restantes aseguran una ayuda directa a cada ciudadano dependiente y se entiende que esta partida ha de crecer en la misma medida en que aumentan los beneficiarios, puesto que se trata de un derecho. Pero los 283 que desaparecen del presupuesto, el llamado nivel acordado, sencillamente es un dinero que las comunidades dejarán de percibir, en detrimento de su ya maltrecho déficit público y a pesar de sus dificultades para atender esta ley.
Ambas partidas están recogidas en el texto legal, por tanto, eliminar por completo la dotación de una de ellas deja vislumbrar un cambio normativo en la financiación. En qué sentido, se desconoce todavía.
El nivel acordado se repartía entre las autonomías siguiendo una serie de criterios: población, superficie, dispersión, insularidad y, recientemente, el número de personas atendidas. Este último criterio premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del sistema, razón por la cual serán ahora las más castigadas.
Los expertos creen que apretar aún más a los Gobiernos regionales en esta materia paralizará la ley: los que están en lista de espera para recibir su ayuda seguirán esperando sin que fluya la lógica reposición. De esa forma, el sistema irá adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja (es un colectivo con una alta mortalidad) no serán sustituidos por otros beneficiarios.
Al ponerse en marcha la ley este presupuesto se justificaba como un elemento de reequilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias. Pero perder ese dinero ahora redundará en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades, obligados a cofinanciar.
Fuente: El País