La Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz inicia la gestión de la Residencia y Centro de Día de Gavà en Barcelona
La gestión de este recurso de titularidad pública perteneciente a l´Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, se inició el pasado día 1 de enero y tendrá una duración máxima de 8 años, renovándose el contrato con una periodicidad anual.
El pasado día 1 de enero se inició una nueva etapa para la Residencia y Centro de Día de Gavà en Barcelona. Desde esta fecha la Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz se encarga de la gestión de este centro.
El servicio cuenta con 93 plazas de Residencia y 32 de Centro de Día, que se encuentran ocupadas prácticamente en su totalidad. El perfil de usuario corresponde mayoritariamente a personas con un alto grado de dependencia.
Con anterioridad al inicio de la gestión la nueva gestora convocó a un acto a todos los trabajadores, acudiendo también al mismo representantes de la anterior empresa responsable de la gestión del recurso. Durante el transcurso del acto representantes de la nueva gestora dirigieron unas palabras de bienvenida al equipo de profesionales que ha entrado a formar parte de la plantilla de la Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz.
Los primeros días de gestión han transcurrido con la normalidad esperada, garantizándose la completa cobertura de todos los servicios. El hecho de contar con el personal de atención directa e indirecta que se venía haciendo cargo del centro hasta la fecha ha facilitado enormemente proporcionar la continuidad deseada al funcionamiento del mismo, de forma que tanto las personas usuarias como sus familiares no se vieran influidas por el cambio en la gestión del recurso.
Según ha manifestado la Directora del centro, Isabel Gavilán “iniciamos esta etapa con ganas por lo que supone de reto para nosotros, al comenzar una nueva forma de trabajo en atención a la dependencia, siempre teniendo presente que queremos seguir dando un buen servicio, que es el que merecen los usuarios”.
Desde este espacio, Isabel Gavilán ha aprovechado para dar las gracias a todas las personas que han colaborado, directa o indirectamente, en el cambio de gestión de este servicio, así como a aquellas otras que han hecho posible contar con todo lo necesario para que durante los primeros días de gestión del centro se haya podido prestar el servicio con total normalidad.
Una de cada cuatro jóvenes españolas se siente atrapada en su relación
Un estudio de la Universidad de Sevilla sobre mujeres escolarizadas revela que cerca del 12% se han sentido atemorizadas por su pareja. Además el 57% de las que se perciben como maltratadas prolonga sus relaciones con el agresor más de un año. Según los expertos, los preuniversitarios tienen un nivel de información escaso acerca de qué es la violencia de pareja.
"Los niveles de tolerancia al maltrato en jóvenes de entre 13 y 25 años son sorprendentes. La tolerancia a situaciones de violencia (en muestras pre y universitarias) es elevada tanto en personas que se perciben como maltratadas como no maltratadas, especialmente en el caso de las mujeres", afirma el profesor de Psicología de la Universidad de Sevilla Luis Rodríguez Franco.
De un artículo de este experto, publicado este mes en la 'International Journal of Clinical Health Psychology', se desprende que el 26,8% de las jóvenes españolas se siente atrapadas en su relación, mientras que un 11,9% asegura haber tenido miedo.
Según explica Rodríguez Franco, el Instituto de la Mujer en España matiza la existencia de mujeres adultas que se autoperciben como maltratadas y las técnicamente maltratadas (víctimas que soportan algún tipo de violencia pero no le atribuyen la etiqueta de maltrato). De este modo, el objetivo de este estudio es verificar ambos tipos de maltrato y desarrollar alternativas de evaluación en parejas jóvenes.
Maltratadas, atemorizadas y atrapadas
Para ello, se utilizó una combinación de 13 ítems conductuales y de una pregunta sobre percepción de maltrato (evaluaciones atómica y molecular, respectivamente). A través de las preguntas contenidas en el Cuestionario de Violencia de Novios (CUVINO), se realizaron dos estudios diferenciados con muestra de mujeres adolescentes y jóvenes escolarizadas. El primero de ellos (709 mujeres con una media de 18,5 años) replicó la evaluación de maltrato técnico llevada a cabo por el Instituto de la Mujer, y detectó un 6,2% de maltrato percibido y un 71% de maltrato técnico.
En un segundo estudio sobre 1.327 jóvenes de 18,5 años de media, se evaluó la concordancia entre percepciones generales (sentirse maltratada, sentir miedo y sentirse atrapada en la relación), y se encontró un 5,8% de mujeres maltratadas, un 11,9%, atemorizadas, y un 26,8%, atrapadas en sus relaciones.
Tras más de 10 años de estudio, los resultados del CUVINO, orientado a la evaluación de la violencia de género entre parejas de novios universitarios, con una muestra de más de 2.000 personas de Sevilla, Oviedo, A Coruña, Pontevedra y Huelva, arroja como resultado una estructura en ocho factores: violencia por coerción, emocional, sexual, de género (por la simple condición de ser mujer), instrumental, social, física y por desapego. Asimismo, el estudio señala que la edad de inicio de la relación problemática es temprana, especialmente en las mujeres, que ya indican relaciones conflictivas a los 13 años, mientras que en el caso de los varones sólo es detectada a partir de los 16.
Tolerancia cero ¿pero con qué?
Respecto a la duración de estas relaciones, el grupo de expertos ha determinado que sólo en el 15,25% de los casos de mujeres que se declaran maltratadas la relación llega a los seis meses, mientras que en el 57% ha sido de más de un año. "Estos datos tienen una clara lectura y es que no se trata de relaciones esporádicas y que no es fácil cortar con el agresor", indica el experto.
Los hombres, por su parte, denuncian sentirse indefensos ya que el 80% de los varones que se perciben como maltratados afirma no recibir apoyo. En la misma situación se encontró el 42,10% de las mujeres.
Luis Rodríguez Franco añade que las campañas de prevención en España se orientan a la denominada 'Tolerancia 0' aunque los resultados indican que tales campañas deberían hacer un especial énfasis en qué aspectos concretos y específicos se debería adoptar tal 'Tolerancia 0'. De hecho, los miembros del equipo de investigación han obtenido conclusiones clínicas de sus actividades de prevención.
Especialmente en preuniversitarios, el nivel de información acerca de qué es la violencia de pareja es muy escaso y habitualmente es identificada por ellos como de naturaleza exclusivamente física. Éste puede ser uno de los factores que justifiquen los altos niveles de tolerancia hacia conductas constitutivas de violencia de pareja, que quedan relegadas de una actitud crítica al considerarse o bien normal o bien algo ajeno a lo que es la violencia de pareja.
Fuente: El Mundo
Solo el diez por ciento de las víctimas de acoso sexual en el trabajo se atreve a denunciar
Según el último estudio realizado por el Ministerio de Igualdad, el 18 por ciento de la población activa se reconoce en el último año víctima de una situación de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Sólo el 10 por ciento se atreve a denunciar a la empresa y de ese porcentaje, menos del 3 por ciento acude a los tribunales de justicia. El acoso a las mujeres en el trabajo como una forma de violencia de género es el tema central de unas jornadas que se celebran en la Facultad de Derecho de Granada, organizadas por la Junta de Andalucía.
Este encuentro cuenta con conferencias y mesas redondas en las que se analiza un estudio que elabora la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social sobre el acoso a las mujeres en el trabajo como otra forma de violencia de género, a partir de una investigación realizada por la Universidad de Granada con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT.
En la comunidad andaluza en el último año se han realizado más de 2.000 consultas a la asesoría jurídica que prestan estos sindicatos CCOO y UGT a través del Instituto Andaluz de la Mujer y se han constatado más de 60 casos relacionados con acoso sexual en el trabajo. "Hay normativas e instrumentos jurídicos pero falta conciencia de que existen unos derechos y hay formas de defenderlos", matizó la responsable del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada, Ana Rubio, durante la presentación del estudio.
“Existen diferencias importantes en la Administración General del Estado, que debería de dar ejemplo y en cambio el acoso sexual y por razón de sexo aparece oculto. Una realidad que corrobora el hecho de que sólo haya una sentencia por acoso sexual en el trabajo entre 2008 y 2010. No es que no haya, es que permanece oculto", aseguró la experta.
Por su parte, la consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, durante la inauguración denunció las "dificultades que tienen las mujeres en estos casos ya que no siempre encuentran el cauce para denunciarlo, por lo que agradezco el trabajo de los sindicatos con su labor de asesoría". Además, la consejera de Igualdad reconoció que "los empleos de las mujeres son más frágiles y precarios y es más difícil denunciar porque también es más difícil definir estas situaciones. Por eso es importante este estudio, que hace un repaso de la normativa para ver si ha sido efectiva y qué hay que cambiar".
Y es que todavía, a pesar de la existencia de normas e instrumentos jurídicos para defender a la persona trabajadora, el acoso sexual o por razones de sexo queda finalmente impune en muchos casos.
Trípitico de las Jornadas: DESCARGAR
Fuente: EuropaPress
Aumenta el número de pacientes con patologías mentales asociadas al consumo de drogas
El alcohol, la cocaína y la heroína encabezan las demandas de tratamiento por adicciones en el CAS de Tarragona.
La adicción al alcohol se mantiene como la primera demanda de tratamiento en el Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de Tarragona durante el año 2011, seguida de la cocaína, la heroína y el cannabis.
Además, la tendencia que se observa es un aumento de la patología psiquiátrica asociada al consumo de drogas, también conocida como 'patología dual'. Se trata de trastornos depresivos, psicóticos, bipolares y, sobre todo, de personalidad, que están asociados al consumo de sustancias.
Hasta mediados de diciembre el centro atendió 574 primeras visitas y reinició unos 175 tratamientos. Los hombres son mayoría y representan el 80% de los pacientes, aunque cada vez hay más mujeres que solicitan tratamiento por un consumo abusivo de alcohol.
Fuente: Social.cat
Las ONG del sida ante el cambio de gobierno en España piden la continuidad del Plan Nacional del Sida
Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico sostenido y liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).
¿Qué sucedería si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida? ¿O dejara de tener voluntad política para liderar las responsabilidades adquiridas por el Gobierno español a nivel internacional? Las organizaciones del sida españolas tienen clara la respuesta: se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.
Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través de la existencia de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) que, según ha filtrado la prensa en los últimos días, “parece” que no figura ya en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad.
Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Mutisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan “es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año”.
Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH) afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante –indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. “Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la Ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales”, enfatiza Julio Gómez.
También se pide en la misiva que el Gobierno español cumpla con los acuerdos internacionales y europeos firmados para erradicar la pandemia del VIH, atenderla y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. “España se ha comprometido desde hace años en la respuesta mundial al VIH y debe cumplir porque la vida de millones de personas está en juego” comenta Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB). “Existe el compromiso de redoblar los esfuerzos y cumplir con las necesidades de financiación para el VIH a través de una responsabilidad económica nacional e internacional. Si lo que se pretende es intensificar el esfuerzo dirigido a la prevención y el control del VIH, no sería muy lógico que, tomando como argumento la crisis económica, se produjeran recortes -a nivel nacional, autonómico o local- para la prevención, control y abordaje del VIH” dice Poveda.
Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reúnion con la Ministra en próximas fechas. “Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación”, concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.
Fuente: Mediosysida
La moratoria en la Ley de Dependencia afectará a unas 30.000 personas
El Estado ahorrará en 2012 un 0,6% del coste total del sistema
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar un año el calendario de aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia afectará a unos 30.000 dependientes moderados, según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que subraya que con esta medida el Estado sólo ahorrará un 0,6 por ciento del coste total del sistema.
Estas personas valoradas con grado I y nivel 2 se habrían incorporado el 1 de enero al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), pero el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros retrasa hasta 2013 el acceso de estos dependientes a las prestaciones y servicios que les correspondían por ley.
Asimismo, la medida afecta a unos 250.000 dependientes moderados con grado I nivel 1 que también verán retrasado su ingreso en el sistema de dependencia un año, hasta 2014, pues a estos les correspondía en 2013.
En términos económicos, esta entidad estima que el ahorro para las arcas del Estado para el ejercicio 2012, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, alcanza los diez millones de euros, una cantidad "muy escasa", según Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Con el actual sistema de financiación, las comunidades autónomas dejarían de gastar 40 millones de euros en la atención a nuevos dependientes moderados, de manera que el Estado dejaría de incrementar el gasto para este grado de dependencia en cuarenta millones de euros, menos del 0,6 por ciento del total de coste neto de atenciones del sistema actual.
En concreto, el coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se sitúa en torno a los 240 euros, de los que las administraciones soportarían 30 euros, la AGE 60 euros y las comunidades autónomas 120 euros (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales).
Si bien la motivación del Gobierno con esta medida es la de reducir el déficit de las administraciones públicas, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el mayor impacto de la misma será de índole organizativa y de gestión para las comunidades autónomas.
No obstante, apuntan a que la moratoria servirá para atender a todas aquellas personas --más de 300.000-- que con el derecho reconocido, muchas de ellas en situación de gran dependencia, permanecen a la espera de recibir una prestación o servicio.
Fuente: EuropaPress
El Centro de Día de FSC organizó una obra de teatro con profesionales y usuarios
Profesionales y usuarios del Centro de Día para drogodependientes de la Fundación Salud y Comunidad organizaron el pasado día 21 de diciembre una obra de teatro social, con el título "VITAE".
Se representaron diferentes temáticas como la exclusión, la inserción y las relaciones de pareja. Posteriormente se realizó un debate que contó con la participación de usuarios, familiares y profesionales de distintos programas del Área de Inserción Social y Sida de la Fundación Salud y Comunidad y que resultó enriquecedor para todos, permitiendo conocer las distintas visiones en torno a los temas planteados. La acción llevada a cabo estaba enmarcada dentro del programa de actividades especiales "Navidad 2011" organizadas desde el Centro de Día.
Un centro pionero en Cataluña
Creado en 1989, fue el primer centro de estas características de Cataluña. Su ubicación en un marco urbano permite que los vínculos familiares, sociales y terapéuticos no se vean interrumpidos. Constituye, por tanto, un enclave idóneo para trabajar la inserción y favorecer la acción comunitaria.
El programa de actividades del Centro de Día se prolonga de seis a ocho meses, permite articular las dinámicas grupales y los espacios de atención individual y pretende favorecer la inserción sociolaboral de personas con problemas de drogas, en muchas ocasiones en concomitancia con problemas de salud mental y que además provienen del medio de la ejecución penal, y que proceden del área metropolitana de Barcelona.
El trabajo de nuestros profesionales se centra en la transmisión e incorporación de aprendizajes que posibiliten la socialización de las personas atendidas. La capacidad y creatividad del equipo para diseñar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para cada una de las personas que realizan el programa es un aspecto clave a destacar.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas se mantiene en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas se mantiene dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Ana Mato. El Plan, que tendrá rango de Dirección General, dependerá de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, anuncio con el que queda al descubierto el nuevo organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El equipo que dependerá de Ana Mato contará con una Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dirigida por Juan Manuel Moreno Bonilla, y dos subsecretarías: la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a cargo de María Jesús Fraile; y la Secretaría General de Sanidad (con rango de subsecretaría), que tendrá al frente a Pilar Farjas.
Mientras que Fraile solo contará con una Secretaría General Técnica bajo su mando, de la Secretaría General de Sanidad que dirige Farjas dependerán tres direcciones generales, una menos que en la anterior legislatura. En concreto, serán la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Ordenación Profesional. En este sentido, destaca que Farmacia y la Agencia de Calidad del SNS dejen de tener direcciones generales propias, mientras que ya no aparecen Cohesión del SNS y Alta Inspección ni el Plan Nacional sobre el Sida, que directamente no figura en el esquema publicado por Hacienda.
También, tras varios años de altibajos, Consumo se integra dentro de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que pasará a llamarse Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (que cuenta con un rango mayor que Sanidad) contará asimismo con cuatro direcciones generales, una más que Sanidad, entre las que se incluyen Igualdad y Oportunidades, Servicios para la Familia y la Infancia, Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (con rango de dirección general).
Fuente:UNAD
La Ley de Dependencia cumple 5 años este enero con más de 740.000 personas atendidas y dudas sobre su viabilidad
La Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumple cinco años en vigor el próximo 14 de enero, con 7541.713 personas atendidas, 315.244 a la espera de recibir una prestación o servicio, y dudas sobre su viabilidad.
Aunque la ley contó con consenso social y político para su aprobación en la primera Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente, patronal, servicios sociales, organizaciones de mayores y de personas con discapacidad destacan la falta de financiación y las distintas velocidades de aplicación en las 17 autonomías.
El desarrollo normativo durante estos cinco años ha sido responsabilidad de distintos ministerios y ministros: Trabajo y Asuntos Sociales de Jesús Caldera; Educación, Política Social y Deporte, de Mercedes Cabrera; y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de Trinidad Jiménez y, después, de Leire Pajín. Ahora, la tarea corresponde a la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según explica a Europa Press el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, el sistema nacional de dependencia es como "un gran avión, que tiene que pilotar la ministra, con 17 motores, algunos parados, más de 740.000 pasajeros y más de 315.000 en tierra y con billete". "O la situación se controla, o el avión se estrella porque ya está en punto de no retorno", añade.
Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia, José Alberto Echevarría, señala que en el año que ahora empieza el Gobierno se debe centrar en dotar de "sostenibilidad financiera" a la Ley de Dependencia porque, según advierte, es "imposible realizar inversiones si no hay una seguridad en la continuidad de las prestaciones de servicios". Asimismo, insiste en que las administraciones públicas resuelvan la deuda de 1.268 que tienen con estas empresas de residencias y centros de día, cuya situación es "muy crítica".
A juicio del presidente de la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte, la puesta en marcha de la ley se hizo "de forma precipitada y, sobre todo, sin un modelo que garantizara una financiación suficiente y estable". Asimismo, critica que se haya basado en "promesas, promesas y promesas" del Ejecutivo anterior, mientras que el tiempo de espera para recibir una prestación alcanzaba, como mínimo, los doce meses y que todavía "miles" de personas siguen sin ser atendidas.
El presidente de CEOMA señala que el nuevo Gobierno tiene "mucha tarea por delante", pues, a su juicio, es el que tiene que evaluar "de verdad" la aplicación de la norma, agilizar el desarrollo de los acuerdos del Consejo Territorial, simplificar y unificar las valoraciones de los dependientes, coordinar la atención socio-sanitaria, garantizar una financiación suficiente y una gestión eficaz de los recursos, y hacer efectiva la promoción de la autonomía personal.
Esta última es una de las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi). Desde esta entidad reclaman que no se paralice el despliegue de la norma en 2012 porque a las necesidades sociales del colectivo de la discapacidad y de los mayores "hay que darles respuesta". Asimismo, apunta a que la bajada del número de beneficiarios de la norma se debe a la "falta de voluntad política" de varias administraciones públicas.
"Confirmamos que estos últimos meses están siendo especialmente alarmantes en el proceso de implantación de una norma que nunca ha sido modélico. No solo hay tentaciones, hay evidencias de desear paralizar o ralentizar una Ley que siempre ha estado en entredicho", ha aseverado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en declaraciones a Europa Press.
Para este dirigente, el núcleo duro de regulación debió tener una fundamentación de Seguridad Social, como competencia del Estado, entendido como Gobierno central. "Lo dijimos entonces y lo reafirmamos ahora, estamos aún a tiempo de redefinir el sistema y volver a uno de Seguridad Social. Solo falta voluntad", asevera.
Fuente: Europa Press
“Hay jueces que creen que no existe la violencia psicológica”
Sólo "una pequeña proporción" de los casos que ha llevado a juicio corresponden a denuncias por violencia psicológica, aunque esta afecta a la mayoría de mujeres maltratadas, vaya o no acompañada de agresiones físicas. El problema es que es muy difícil de probar.
Para llevar un caso de violencia psicológica en los tribunales, la abogada Ester García ha sido hasta dos meses preparando el juicio, recogiendo el testimonio de la mujer maltratada y la máxima información posible: "Hay que aportar informes psicológicos, atestiguados en su defecto, relatos de hechos ...". Durante este proceso de preparación, suele recurrir a psicólogas o entidades especializadas, que le asesoran sobre cómo aproximarse a las mujeres y demostrar si sufren las secuelas del maltrato psicológico.
Una de las psicólogas que ha asesorado García es María Rosa Micaía, voluntaria de Acción contra la violencia doméstica, entidad del distrito de Nou Barris de Barcelona. Psicóloga y abogada coincidieron en las Jornadas sobre el maltrato psicológico en el ámbito de la pareja de la entidad Mujeres de Vuelo, celebradas en el Centro Cívico Can Basté el 11 y el 12 de noviembre.
Micas explica que la sintomatología del maltrato psicológico se caracteriza por un "cuadro ansioso depresivo cronificado", los sentimientos de pérdida, miedo o culpa o el aislamiento social. Muchas mujeres sufren trastorno de estrés postraumático y algunas de ellas somatizan la violencia psicológica, por lo que los deja secuelas físicas.
Sin embargo, demostrar que la mujer sufre estas secuelas no garantiza el éxito en el juicio. En este sentido, Ester García, responsable de la Comisión de Violencia de Mujeres Juristas, asegura: "Normalmente, en las condenas que he conseguido por violencia psicológica habitual, he acreditado episodios de violencia sexual y física".
Las dificultades para probar la violencia psicológica no son, sin embargo, las únicas que se producen en el ámbito judicial. Cada vez más agresores están presentando una acusación contra las mujeres que los han denunciado por violencia machista, mientras que muchos de ellos utilizan el momento de recoger a sus hijos para continuar maltratando a su pareja, una vez acordado el régimen de visitas.
En este sentido, la abogada considera que la nueva ley de custodia compartida, que entró en vigor en Cataluña a principios de 2011, "está haciendo mucho daño". Esta ley establece que se conceda normalmente la custodia compartida de los menores ante cualquier caso de separación y eso plantea dificultades en los casos de violencia machista, según García.
Sin embargo, en términos generales, la abogada está satisfecha con los avances que han representado las leyes contra la violencia machista, aprobadas en 2004 en el Estado y en 2008, en Cataluña. De la normativa catalana, destaca, además, que es la segunda de un parlamento autonómico que incorpora una definición consensuada de violencia psicológica, sólo por detrás de la vasca.
García considera que, actualmente, el problema no son las leyes, sino que parte de los profesionales que las deben aplicar no están formados ni sensibilizados sobre violencia machista y asegura: "Hay jueces que creen que existe y hay jueces que creen que no existe la violencia psicológica". En este sentido, recuerda que una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Murcia considera que calificar una mujer de zorra no es un desprecio o insulto, ya que esta palabra puede aludir a un animal astuto.
A las dificultades con que se encuentran los juzgados, mica y García añaden el escaso apoyo que las mujeres maltratadas psicológicamente reciben de su entorno. "Si tú no ves un brazo roto o un azul, difícilmente, si no eres una persona experta, entrarás a ver qué pasa" - resume García. Para a poco, otro factor que dificulta en torno la percepción de la violencia psicológica es la imagen de hombre "encantador" del maltratador. Además, ambas expertas añaden que no hay ningún perfil que caracterice un agresor.
De lo que sí se muestra convencida Ester García es de que el maltrato se ejerce de forma consciente: "muchos dicen que, ante la frustración, responden de esta manera, sí, pero no lo hacen con su jefe o con el su amigo, lo hacen con la mujer".
En algunos casos, la abogada explica que los agresores utilizan perversos métodos de violencia psicológica, entre ellos pinchar el perro que vive en el hogar con una aguja, encender y apagar la luz toda la noche, cambiar las cosas de lugar o pinchar las ruedas del coche.
Son formas de maltrato psicológico, a menudo aún imperceptibles para el conjunto de la ciudadanía, aunque este tipo de violencia psicológica es la más frecuente, según los escasos datos disponibles sobre el tema. Así por ejemplo, un estudio presentado en Oviedo en unas jornadas sobre Medicina de Familia (2007) indica que el 45% de las mujeres españolas han sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida.
Frente a esta situación, mica y García señalan que hay que hacer visible todo lo que hay por debajo de los golpes, todo lo que queda por debajo de la punta del iceberg.
Fuente: revista digital Dones