Los recortes y la parálisis en igualdad empujan a la mujer a volver al hogar
- Las entidades de mujeres opinan que el Ejecutivo utiliza la crisis para regresar a la familia tradicional.
- Las campañas de prevención de la violencia machista se harán con el 70% menos de dinero.
Los primeros pasos del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de igualdad han despertado todas las alarmas entre las asociaciones feministas. Los costosos avances conseguidos por las mujeres en los últimos años, explican, están en peligro porque se aprovecha la crisis y los recortes que conlleva para intentar regresar al concepto tradicional de familia.
Por ahora, el Ejecutivo solo ofrece buenas palabras, pero ningún hecho por el momento, añaden las asociaciones de mujeres, mientras el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, defiende la labor del Ejecutivo citando una larga lista de planes de futuro que han empezado a ponerse en marcha y pidiendo tiempo para ejecutarlos.
El PP ha decidido no tocar y seguir aplicando la mayor parte de la legislación aprobada con su voto pero con muchos reparos en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Las leyes de la igualdad, violencia de género y dependencia se mantendrán en lo básico pero o bien se aplican de modo descafeinado o simplemente se recorta todo lo que necesita dotación presupuestaria. "Casi nada supone un ataque directo. Se hace de forma sibilina pero todo lleva a volver al modelo patriarcal", explica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Todas las asociaciones consultadas creen que los recortes en dependencia y educación y la reforma laboral acabarán repercutiendo en que la mujer tenga más dificultades para emanciparse con un trabajo fuera del hogar. Y citan como ejemplos la supresión del plan Educa de 0 a 3 años, los recortes en transporte y comedores escolares, el cierre de escuelas rurales, el parón de la dependencia, la supresión de la ayuda a domicilio y otras medidas que en algunos casos son responsabilidad de las comunidades autónomas.
"Cuando todo eso no lo cubre el Estado, recae en la mujer, y que esta pueda mantener su empleo o encontrarlo es mucho más difícil", según destaca Teresa López, presidenta de la Federación de Mujeres Rurales.
CAMPAÑAS RECICLADAS
El recorte también ha sido drástico en las campañas de prevención de la violencia machista. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en uno de los resbalones que protagonizó al poco de ocupar el cargo, dio a entender que ya no se harían por innecesarias. Cuando se percató de que todas las mujeres muertas en lo que iba de año no habían presentado denuncia se apresuró a rectificar, aunque no del todo. Se harán campañas para concienciar a las mujeres de la necesidad de presentar denuncias pero reciclando la última llevada a cabo por el Gobierno socialista. "Nos ahorramos la creatividad, que es lo más caro, pero el impacto es el mismo", dicen desde el Ejecutivo.
Pero a los partidos de la oposición no les salen las cuentas. "La dotación para las campañas ha bajado un 70%, de 5 a 1,5 millones de euros, y lo más caro son las inserciones en la tele", destaca Carmen Montón, la portavoz del PSOE en la comisión de Igualdad.
Desde el ministerio se aduce que se abrirá el frente de las redes sociales, pero la diputada socialista responde que "hay muchas víctimas que no tienen acceso a ellas". La realidad, reconocida por la ministra, es que solo el 27% de las mujeres que sufren maltrato denuncian, el porcentaje más bajo de los últimos años. Y que ya son 21 las mujeres fallecidas en el 2012 y ninguna de ellas había acudido a la policía o el juzgado. Otro obstáculo más lo constituye el cierre de centros de acogida de mujeres maltratadas en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, presidida por la secretaria general del PP.
LA GUERRA DEL ABORTO
Hay una ley de la etapa Zapatero que sí ha decidido tocar y a fondo el Gobierno: la del aborto. Lo ha hecho sustrayéndola a sus áreas naturales de Sanidad o Igualdad, dejando la gestión en manos de Justicia. Las asociaciones temen que España regrese al aborto clandestino y se aprestan a la que probablemente vaya ser la mayor batalla con el Ejecutivo en el frente de la igualdad. El pasado lunes se presentó la plataforma Nosotras Decidimos, integrada por más de 130 asociaciones, con el objetivo de dar la batalla unidas.
Fuente: El Periódico de Cataluña
El Gobierno cancela un convenio de actuaciones para la igualdad de trato hacia las mujeres
El Ministerio de Economía y Hacienda ha cancelado la ejecución de un convenio entre el Instituto Catalán de les Dones (ICD) de la Generalitat y el Instituto de la Mujer del Gobierno para promover programas y actuaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades porqué "Cataluña tuvo una desviación significativa en 2009 respecto a su objetivo de estabilidad".
Según ha informado el Conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, el Gobierno emitió un informe desfavorable porqué la desviación del Govern "no respondió a causas puntuales o extraordinarias que hagan pensar que el incumplimiento del objetivo de estabilidad haya sido excepcional".
Cleries ha añadido que, las medidas adoptadas por la Generalitat para subsanar esta situación, de conformidad con los datos de déficit de 2010 de las comunidades autónomas publicadas por el Ministerio el pasado 1 de marzo "no han sido suficientes para conseguir cumplir con el objetivo de estabilidad".
Fuente: Europa Press
Un importante recorte obliga a FSC a redefinir sus centros de reducción de daños en la Comunidad Valenciana
Tras años de labor profesional y comprometida con el colectivo especialmente vulnerable de drogodependientes que siguen consumiendo drogas, nuestros centros de reducción de daños en las localidades de Valencia y Castellón acaban de sufrir un duro golpe.
La Generalitat Valenciana ha reducido de manera drástica la subvención que venían recibiendo, y que era la fuente principal de mantenimiento de sus actividades, junto con otras contribuciones menores que también han decrecido, como por ejemplo con cargo a la casilla "fines de interés social" del impuesto sobre la renta, y otras de tipo municipal o provincial.
Concretamente, en el caso del Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE) de Valencia, su subvención desciende en un 31,15%, desde 472.045 euros para el año 2011 a 325.000 euros para el 2012. En el caso del CIBE de Castellón, la disminución resulta aún más acusada (un 42,8%), pasando de recibir 460.000 euros en el 2011 a 263.000 euros en 2012. Esta reducción se sitúa en la línea de otras similares que han sufrido muchas otras entidades sociales, al recortarse de forma muy relevante la partida de subvenciones del presupuesto de la Conselleria de Sanitat.
Como entidad comprometida con la salud y el bienestar de los más desfavorecidos, nos parece que habrían otras partidas presupuestarias mucho más apropiadas para reducir gastos, y otras fórmulas igualmente adecuadas para mantener ingresos. Pero lo cierto es que aquí no nos queda sino adaptarnos a lo concedido, agradecer a la Generalitat su esfuerzo, ya que en definitiva FSC continúa recibiendo una cantidad relevante, e intentar hacer de ella el mejor uso posible.
En ese sentido, tras analizar varias opciones y con un proceso de consultas a las direcciones de los respectivos centros, finalmente se ha optado por las que han parecido las soluciones que ofrecen un mejor balance de servicios útiles para el mayor número posible de beneficiarios, y al tiempo nos han permitido que los ajustes de plantilla fueran, pese a ser dolorosos, lo menos malos posibles. Se ha reducido el horario de atención al público, se han reajustado las ofertas asistenciales y nos hemos visto obligados a prescindir de algunos compañeros y reducir la dedicación o retribuciones de los restantes. Hay que considerar que cuando se conoció la noticia ya habían transcurrido varios meses en los que, aunque se habían tomado ciertas precauciones, básicamente se había gastado el presupuesto de forma similar a la del año anterior, con lo que la cantidad disponible para el resto del año quedaba muy menguada. Creemos que quedará sobradamente resumida la posición de la Fundación si decimos que, en nuestra opinión, cualquier otra solución global con los recursos disponibles hubiese sido peor.
Continuamos pues nuestra andadura, con la esperanza de que la situación no siga degradándose y nos permita, más temprano que tarde, reconstruir lo que con tanto esfuerzo y dedicación profesional se había edificado a lo largo de los años.
ASECEDI advierte un incremento del número de casos de alcoholismo y juegos de apuestas on-line
Las entidades que integran ASECEDI, entre ellas la Fundación Salud y Comunidad, atendieron el 2011 un total de 5.554 personas en sus 30 centros de día especializados en adicciones, según refleja la memoria presentada en la última Asamblea.
El estudio casuístico refleja que el 51% de los casos fueron pacientes por adicciones tóxicas y un 7% por no tóxicas. Entre las tendencias más significativas se aprecia un incremento de quienes acuden a tratamiento por consumo de alcohol -uno de cada cuatro pacientes- y el aumento del número de casos que tiene problemas derivados por los juegos de apuestas en Internet, que alcanzan el 8% del total de pacientes de adicciones no tóxicas. La cocaína y la ludopatía se mantienen como las principales causas de tratamiento.
Sumando las intervenciones realizadas, las 23 organizaciones que forman ASECEDI prestaron un servicio a 2.826 pacientes por adicciones tóxicas; 340 casos de adicciones no tóxicas; 516 usuarios a través de los servicios de integración; 83 pacientes a través de los programas de tratamiento por conductas violentas y 1.789 familias de pacientes que participan en algún programa.
En el área de inserción laboral, durante el último año el 40% de las intervenciones que se realizaron fueron con mujeres y el 36% con extranjeros.
Los perfiles que se pueden extraer tomando como referencia los casos recogidos en la Memoria 2011 son los siguientes:
Adicciones tóxicas
Hombre, de 34.5 años, soltero, desempleado, con estudios primarios completos, español, y adicto a la cocaína por vía esnifada.
Adicciones no tóxicas
Hombre de 41 años, casado, con estudios primarios completos, de nacionalidad española, con trabajo, que acude a tratamiento por un problema con el juego, preferentemente en bares.
Integración laboral
Hombre de 38 años, casado, desempleado, que ha finalizado la primera etapa de educación secundaria y de nacionalidad española.
Violencia
Hombre de 35 años, divorciado, con estudios primarios, Empleado y de nacionalidad española. El 93% de los agresores son hombres por el 7% que son mujeres. En cuanto a las víctimas, el 17% son hombres por el 83% que son mujeres. Un total del 83% tienen problemas vinculados a las adicciones.
Dirigido de forma específica a la población con VIH, se ha desarrollado por tercer año consecutivo el programa Prevención del VIH en personas usuarias de drogas y sus parejas desde los centros de día. Una iniciativa que se basa en aprovechar la condición de los centros de día como recursos especializados que se encuentran en contacto directo con poblaciones de drogodependientes, susceptibles de realizar determinadas conductas de riesgo para la transmisión del VIH. Así, se ha promovido la realización de pruebas de detección a los/las usuarios/as de drogas que acuden a estos centros, y en los casos positivos a sus parejas sexuales –en caso de tenerlas- a fin de incidir en la importancia de la detección precoz de la infección, derivándolos a aquellos dispositivos de Salud Pública geográficamente competentes para la realización de la misma.
En total se ha prestado un servicio a 843 personas. Y una de las principales conclusiones que se reflejan en el informe final remitido al Ministerio de Sanidad es que “sigue resultando evidente, tanto a través de los talleres de sexo seguro como de las intervenciones individuales, que entre los usuarios se percibe menos el riesgo de infección por relaciones sexuales no protegidas que los riesgos relacionados con la inyección, al menos, en lo que se refiere al grado de vulnerabilidad personal”. Prácticamente todos los usuarios han reconocido que al menos en algún momento, bajo la influencia de sustancias se han visto implicados en relaciones sexuales no protegidas, dentro o fuera de su pareja sexual estable. En cuestión de “sexo seguro” siguen admitiendo que “preocupan más la posibilidad el embarazo que la exposición a una enfermedad de transmisión sexual”.
ASECEDI se fundó en 2003 con el objetivo constituir una red de coordinación que permitieran afianzar y mejorar la oferta asistencial de centros de día y ayudar a definir y unificar sus servicios. Para ello cuenta con un referencial propio de calidad Qualicert-SGS. Además, mantiene como una de sus prioridades la formación de los equipos profesionales de sus centros, en ámbitos vinculados de forma directa con las adicciones, la inserción laboral, el VIH o la prevención de la violencia de género a través de las “nuevas masculinidades”. En la actualidad está presente en nueve comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Asturias, Navarra y Madrid.
Enlace a la memoria 2011 de ASECEDI>>
Entidades avisan que recortar en reinserción convertirá las cárceles en 'fábricas de criminalidad'
El ajuste hará aumentar un 12% los reincidentes en Catalunya y crecerá la inseguridad
Un total de 35 entidades han advertido este miércoles de que el recorte del 100% por parte de la Conselleria de Justicia de las subvenciones destinadas a los servicios que prestan para la reinserción de los presos en Catalunya convertirá las prisiones en "las fábricas más eficientes de criminalidad".
Lo ha manifestado la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteres, en una rueda de prensa con estas entidades donde han alertado de que el ajuste en este ámbito provocará un aumento del 12% de la reincidencia, pasando del 40% actual al 52% en los próximos meses.
Según el representante de la Taula de Participació Social (TPS) de Catalunya, Miquel Pongiluppi, ello supondrá un coste "doble" para la Administración, ya que con la reducción de la asistencia social, el coste de un recluso normal se duplicará y podrá llegar a los 60.000 euros --actualmente es de 30.000 euros--.
Y es que estas 35 entidades que pertenecen a la TPS --aglutina otras 59 pero que no reciben subvenciones directas sino que firman convenios de colaboración-- han pasado de recibir dos millones de euros, a ver reducido al 50% su presupuesto en noviembre de 2011 y a cero a partir del 1 de junio que se alargará hasta el 2013.
Así, han alertado de que se pondrán en jaque las funciones que realizan, que el año pasado se materializaron en 2.369 actuaciones --en rehabilitación mental, tratamiento del sida, agresores sexuales y mediación intercultural, entre otras--, además de los 640 expresos que pudieron tener acceso a pisos de acogida siendo atendidos por educadores.
"Por una cantidad pequeña, se fomentará la reincidencia", ha lamentado Pongiluppi, quien ha agregado que los recortes condenarán también dos veces a los internos, puesto que al salir a la calle se encontrarán con el rechazo ciudadano, dado que tendrán menos margen para trabajar para la cohesión social
La situación también perjudicará a la ciudadanía, porque crecerá la inseguridad: "Si reinciden, lo harán contra la misma sociedad. Los recortes en prisión nos los están aplicando a nosotros", ha lamentado Núria Fabra, consultora de la Mesa de Rehabilitación Social de Catalunya.
La medida, además, hará que aumente el número de presos en las cárceles catalanas, con lo que se enrarecerá el clima dentro de las prisiones, se harán menos actividades y tendrán más posibilidades de "tirar la toalla" y seguir en el túnel, ha señalado Fabra.
Sin embargo, las entidades están comprometidas en superar la situación y acudirán a las aportaciones privadas, de socios, de donaciones, además del apoyo que venían realizando los 800 voluntarios que a partir de ahora tendrán más dificultades para entrar en las cárceles porque tendrán que avisar con dos semanas de antelación.
Fuente: Europa Press
'Cuando sales de la cárcel, si no tienes apoyo, es muy fácil volver a recaer'
- Los recortes obligan a eliminar programas de rehabilitación para presos.
- La tercera fase de recortes de la Generalitat ha obligado a muchas entidades a eliminar o reducir programas de rehabilitación y reinserción de presos.
Once años entre rejas no le han hecho perder la ilusión por volver a comenzar. Marc -un caso real escondido en un nombre ficticio- ha pasado más de una década en prisión y hace seis meses que está en régimen abierto, con la condición de asistir a un programa para superar su adicción al alcohol , que lleva a cabo en la Fundación Salud y Comunidad. "Aquí te acompañan", dice, muy seguro de haber encontrado la palabra correcta. "Cuando sales no tienes ayuda, es muy fácil volver a recaer. Durante estos 11 años he visto a mucha gente que volvía a ingresar en prición porque había tenido una recaída".
Marc tiene familia en el estranjero y le vienen a ver, pero en la Fundación Salud y Comunidad ha encontrado estabilidad. "Fue al salir de la cárcel cuando abordé directamente mi problema y cuando he sido plenamente consciente", asegura. Ahora Marc ya no sigue un programa diario, pero acude al Centro de Día de la Fundación Salud y Comunidad cada tarde porque tiene un convenio con un gimnasio, donde va para "descargar adrenalina".
Gracias a la Fundación, además, ya piensa en su futuro y quiere crear una empresa.
Carles -también es un nombre ficticio- es más joven, sólo tiene 23 años y los últimos dos los ha pasado en prisión. Es el último interno que ha entrado en el programa -tiene un problema de adicción a las drogas- y confiesa, nervioso, que estaba muy preocupado por su continuidad después de los recortes. "Acabo de empezar el programa y, por suerte, ya me han confirmado que me podré quedar. Estaba muy angustiado", reconoce.
Compromiso con la inserción
"Estamos comprometidos y seguiremos dando continuidad a las personas que ahora hacen el programa. Buscaremos nuevas vías para acoger a más personas, pero todavía lo estamos estudiando, la noticia es muy reciente", dice Patricia Bosch, coordinadora de programas de inserción del Área de VIH/Sida y Reducción de Daños de la Fundación Salud y Comunidad. Explica que en la entidad trabajan con los presos desde diferentes ámbitos, que incluyen la inserción sociocultural, la gestión del tiempo libre y la salud. "Afrontamos los problemas y las dificultades que tienen una vez que salen de prisión, después de un período de aislamiento que ha supuesto una ruptura con la sociedad", resume.
Fuente: Diari Ara (Laura Díaz Roig)
El Departamento de Justicia de la Generalitat elimina la subvención a las entidades sociales que trabajamos en la rehabilitación de reclusos
La Fundación Salud y Comunidad (FSC) manifiesta su total desacuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de retirar la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos. Nuestra entidad es pionera en la ejecución de proyectos y servicios destinados a prevenir la exclusión social de la población reclusa y ex-reclusa como colectivo especialmente vulnerable.
Nuestra entidad, por tanto, se adhiere al manifiesto de la Mesa de Participación Social y alertamos de los riesgos que conlleva destruir el tejido asociativo y de apoyo a este colectivo generado a lo largo de los últimos 30 años.
MANIFIESTO DE LA "MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL":
La retirada de la subvención de la Generalitat a las entidades sociales que trabajan para rehabilitar reclusos les deja sin atención y hace que algunas ONG tengan que cerrar
Los recortes económicos anunciados por el Govern de la Generalitat de cara al año 2012 y 2013 han puesto contra la pared la reinserción social de presos, vulnerando así uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Los programas destinados a evitar la reincidencia de los presos cuentan con la implicación y el trabajo de 94 entidades en Cataluña. La desaparición de la partida económica destinada a la reinserción supone un triple coste social que afecta a la seguridad, la economía, y la dignidad de las personas.
Menos dinero, más inseguridad y más pobreza
Las 94 entidades que colaboran con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en la atención a personas inmersas en procesos judiciales han recibido oficialmente la comunicación de que a partir del 1 de junio de 2012 no recibirán ningún tipo de financiación para los programas de rehabilitación de presos. Con esta medida, la Generalitat prevé ahorrarse medio millón de euros en el 2012.
Este nuevo recorte se añade a la de dejar de recibir financiación para las actividades culturales, de ocio, de formación que las ONG también prestaban, ya que entendían que hay otros gastos prioritarios para el país como la educación y la sanidad. Así pues, a partir del 1 de junio las entidades sociales minimizarán su actividad y harán sólo acciones de voluntariado, las cuales también tienen costes y sólo se podrán hacer si obtienen recursos de la iniciativa privada.
Sin rehabilitación no hay reinserción
La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 25.2 que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado que estuviere cumpliendo pena de prisión (...), tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad". En este sentido, retirar la aportación económica destinada a la reinserción social, supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos.
En Cataluña, cada año salen de prisión por finalización de condena 2.300 presos, aproximadamente. Las estadísticas dicen que la reincidencia sin rehabilitación se sitúa en torno el 50%. Así pues, a partir de ahora más de 1.000 personas con riesgo de reincidencia, dejarán de recibir tratamiento, con los consecuentes riesgos para la seguridad ciudadana.
Lo que ahora es barato, resulta muy caro
El medio millón de euros necesarios para que las entidades mantengan los programas de rehabilitación de presos, además de hacer una función social, suponía un ahorro económico, ya que el coste de un preso se sitúa en 30.000 euros al año, una cantidad que se ahorra con cada interno rehabilitado que no vuelve a pisar la cárcel. Con este recorte se está provocando más inseguridad ciudadana y más gasto a corto-medio plazo.
La noticia de dejar sin recursos económicos a las entidades dedicadas a la rehabilitación de reclusos llega poco más de un año después de la campaña de sensibilización que la Taula de Participació Social hizo con el nombre de "Abrimos la puerta a la rehabilitación". La campaña hacía un llamamiento a la implicación de la sociedad a la hora de apoyar a las personas que han cumplido programas de rehabilitación, el único camino para evitar la reincidencia en el delito y lograr una mayor seguridad ciudadana. Con el actual recorte de subvenciones cerramos la puerta a la rehabilitación.
Una vez más, en nuestro país son los más vulnerables los que se quedan sin oportunidades. Son las personas sin familia o círculos sociales de apoyo, las madres con cargas familiares, las personas discapacitadas, con enfermedades mentales, en proceso de rehabilitación de drogodependencias, etc., las que pierden los programas de apoyo. Sin subvención, las entidades no pueden seguir ofreciendo servicios de acogida y manutención durante los permisos, durante las libertades condicionales o los primeros períodos de la salida de prisión. Tampoco pueden seguir prestando servicios de rehabilitación y reeducación dentro o fuera de prisión durante todo el proceso.
35 entidades sociales dejan de recibir la financiación a través de subvenciones y muchas otras reciben reducciones y renegociaciones de los contratos firmados. También las hay abocadas a cerrar servicios que venían desarrollando desde hace muchos años, algunas más de 10 años. En general se encuentran en proceso de despedir a sus profesionales especializados por la extinción de las actividades que llevaban a cabo, incrementando el número de parados del país. Algunas tendrán que cerrar por no poder hacer frente a sus indemnizaciones laborales. Se trata también de un grave paso en contra del tejido asociativo de nuestro país y en contra de la tan necesaria cohesión social en tiempos de crisis. Son muy pocas las que podrán seguir haciendo lo que hacían.
A partir de ahora, el presupuesto del Departamento de Justicia servirá para pagar los ladrillos de los nuevos edificios judiciales y de los nuevos centros penitenciarios, que pierden todo el sentido, ya que las paredes no rehabilitan. La rehabilitación se reducirá a los programas que desarrollan los profesionales dentro de las cárceles y se cerrará la puerta al apoyo a la salida de prisión.
El resumen es que las personas que tienen ganas de cambiar de vida después de la prisión dejarán de tener oportunidades y que la inseguridad ciudadana crecerá para todos. Una gran pérdida social y económica.
Hay que diagnosticar antes el VIH
- Un tercio de los infectados desconoce que es portador del virus
- En Europa, la mitad de los casos se diagnostica tarde
- El VIH es una infección de transmisión principalmente heterosexual
- Los expertos reclaman el compromiso de las autoridades
Hace años que las cifras del VIH/SIDA permanecen más o menos constantes en Europa y España. Los nuevos contagios se han estabilizado y la mayor parte de las infecciones se adquiere por vía sexual, especialmente heterosexual. Sin embargo, un tercio de los seropositivos no es consciente de que es portador del virus y el 50% de los diagnósticos se realiza tarde. Por eso, para denunciar la necesidad de detectar antes el VIH, la Plataforma VIH en España ha celebrado una reunión de expertos en Madrid en la que se han discutido distintas respuestas a este problema.
Por cada caso de VIH diagnosticado se evita el contagio de tres personas. Con este dato sobre la mesa, queda la clara la importancia de detectar el virus del sida. Si a esto sumamos que un diagnóstico tardío aumenta las probabilidades de que se produzcan esas transmisiones y que cuanto más tarde se empiece el tratamiento más caro y problemático es, y peores resultados tiene, parece evidente que este diagnóstico debe ser precoz.
Sin embargo, "en Europa hay entre 700.000 y 900.000 infectados que desconocen su estado serológico", ha subrayado Jens Lundgren, de la Universidad de Copenhague (Dinamarca). En España, "entre el 25% y el 30% de los seropositivos no sabe que lo es", según ha señalado Olivia Castillo, jefa de Área de Prevención y Coordinación del Plan Nacional del Sida.
Los varones heterosexuales, los peor diagnosticados
Un buen porcentaje de estos casos no detectados se convierte con el tiempo en un diagnóstico tardío. Las cifras, a tenor de lo expuesto por los ponentes de la reunión, son similares a lo largo y ancho de Europa, con algunos matices en ciertas regiones y países.
En España, el 45,4% de las infecciones se diagnostica tarde. Esto quiere decir, en términos médicos, cuando el paciente tiene un recuento de linfocitos inferior a 350 por milímetro cúbico y superior a 200. Francia, Reino Unido y la Unión Europea en general tienen el mismo problema.
Dentro de estos diagnósticos tardíos, el grupo más importante es el de los hombres heterosexuales, mientras que los que mantienen relaciones homosexuales representan el colectivo más concienciado con el problema, y son los que reciben un diagnóstico más temprano.
Hacia la generalización de las pruebas
Estas cifras ratifican lo que los expertos saben desde hace décadas y que Josep María Gatell, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona y Coordinador de la Plataforma, ha expresado con claridad: "El VIH/sida es una enfermedad de transmisión heterosexual".
Por tanto, "no es cuestión de grupos de riesgo sino de prácticas de riesgo", ha añadido su colega al frente de la Plataforma, Santiago Moreno, jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
Por eso, desde hace años, las autoridades sanitarias de mayor prestigio en el mundo (la Organización Mundial de la Salud, la Agencia del Medicamento de EEUU, el NICE inglés) recomiendan la generalización de la prueba del VIH más allá de los tradicionales grupos de riesgo. "No se trata de sustituir grupos sino de ampliarlos", explicaba durante su intervención Julia del Amo, investigadora del Instituto de Salud Carlos III y del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
Para aumentar el número de personas que se someten a este test -que siempre debe ser, recuerdan, voluntario, confidencial y consentido- se han puesto en marcha diferentes estrategias con distintos resultados. En Francia, por ejemplo, la disponibilidad de la prueba en los servicios de Atención Primaria no ha tenido éxito. Según Yazdan Yazdanpanah, del Hospital Bichat Claude Bernand de París, "porque los médicos no creen en esta estrategia".
En el Reino Unido, donde la principal causa de muerte por VIH/sida "es el diagnóstico tardío", la medida sí ha tenido sus efectos aunque, como ha matizado Martin Fisher, del Royal Sussex County Hospital en Brighton, los médicos de AP que han participado en los proyectos piloto recibían un pequeño incentivo por ofrecer y realizar la prueba. Pero la experiencia británica en otras áreas, como las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo o de enfermedades de transmisión sexual, es un éxito.
No sin las administraciones
A falta de que los estudios muestren qué medidas son las más costo-eficaces para la generalización de las pruebas de VIH, cosa que dependerá de la epidemiología de cada lugar, los expertos llaman la atención sobre un punto crítico en la lucha contra el sida: "Para poner cualquier cosa en marcha, necesitamos la colaboración de la administración", ha destacado Santiago Moreno.
Precisamente, la implicación de los poderes públicos ha sido una constante en el discurso de todos los expertos españoles. Los recortes y, sobre todo, el anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que los inmigrantes irregulares -entre los que hay también seropositivos- dejarán de tener cobertura sanitaria han merecido las críticas de varios asistentes a la reunión.
"No sólo los que tienen los papeles en regla deben acceder a la prueba del VIH", ha apuntado Julia del Amo, que ha sido secundada más tarde por Bonaventura Clotet, jefe de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol. Del Amo ha ido un paso más allá al afirmar que "es fundamental vincular diagnóstico a tratamiento porque es la única forma de que tenga beneficios".
En medio de esta incertidumbre, los expertos se dan cuenta de que "lo que estamos haciendo ahora no es suficiente", en palabras de Moreno. "La gente se sigue infectando y hacemos diagnóstico tardío". Y advierten de que "en ausencia de un marco regulatorio para decidir cómo hacerlo [lo que finalmente se decida], no se va a poder hacer".
Fuente: El Mundo Salud
Los programas e iniciativas de prevención de drogas obtuvieron en 2011 el 70% del Fondo de Bienes Decomisados
Los programas e iniciativas del Gobierno nacional, de los ejecutivos autonómicos y locales y de las diferentes ONGs para la prevención del consumo de drogas recibieron en 2011 el 70 por ciento del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Este año se van a distribuir 27,5 millones de euros entre los beneficiarios del Fondo de Bienes Decomisados. Una cifra inferior a la de 2011 cuando se distribuyeron 31.963.150 millones de euros. Según los datos presentados por el delegado del Gobierno para el plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, durante su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas donde se ha presentado el informe de gestión de este Fondo realizado en 2011.
En concreto, en 2011 a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se destinaron 5,6 millones de euros para la financiación de programas de sensibilización e información, proyectos de investigación sobre drogodependientes y trabajos técnicos ligados al Observatorio Español sobre Drogas y Toxicomanías. Por su parte, las ONGs recibieron por esta vía 2,2 millones de euros para la financiación de programas sobre drogodependencias de ámbito estatal.
Asimismo, las comunidades autónomas se beneficiaron de la principal partida con un total de 7,6 millones de euros, lo que representa el 25,56 por ciento del dinero distribuido entre todos los befeniciarios del Fondo. Además, las corporaciones locales obtuvieron 5 millones de euros para el desarrollo de los planes municipales de Drogas, cantidad que se incrementó con la adjudicación de otros 0,5 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Respecto, a los 9.003.150 euros restantes --el 30 por ciento-- se dedicaron a financiar actividades para controlar la oferta. Concretamente, el Centro Nacional de Inteligencia Contra el Crimen Organizado recibió 3,6 millones de euros. Por su parte, la Policía y la Guardia Civil obtuvieron 1,5 millones de euros cada uno, Instituciones Penitenciarias un millón, el Ministerio de Defensa 550.000 euros, Aduanas recibió 803.000 euros y la Fiscalía Especial Antidroga 35.000 euros.
INFORME DE GESTIÓN
Concretamente, la gestión de este Fondo se lleva a cabo a través de la Mesa de coordinación de adjudicaciones, que es un órgano interministerial del que forman parte los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia.
No obstante, su dotación varía cada año en función de los decomisos practicados anteriormente y de las sentencias firmes, lo que dificulta enormemente una planificación estable de sus ingresos. Según la memoria de gestión, en 2011 las sentencias firmes aumentaron un 22 por ciento --con un total de 3.334-- y los decomisos un 10 por ciento --2.360--. Sin embargo, la cantidad líquida ingresada en el Fondo fue de 15,8 millones de euros, la mitad que en el año anterior, cuando se elevó a 30,8 millones de euros.
El resto de bienes decomisados, distintos de las cantidades líquidas --vehículos, teléfonos, joyas o inmuebles-- también aumentaron en un 7 por ciento, hasta alcanzar los 2.134. Los vehículos constituyeron el 47,5 por ciento del total, los objetos de diversa índole el 40,7 por ciento, las embarcaciones el 5 por ciento y los inmuebles el 0,5 por ciento.
Asimismo, la Mesa también incrementó en un 20 por ciento los acuerdos adoptados. No obstante, en el 44 por ciento de los casos, se acordó el abandono de los bienes, bien por falta de ofertas o por tener un valor ínfimo ya que dos de cada tres bienes abandonados son teléfonos móviles.
A juicio de Babín, este dato revela "la necesidad de agilizar los procedimientos para abandonar o destruir los objetos carentes de valor y mejorar la gestión de vehículos y embarcaciones, con el fin de reducir los costes de depósito".
Fuente: Europa Press
Acoso escolar y consumo de drogas, riesgos crecientes en los centros escolares
El acoso escolar y el tráfico y/o consumo de drogas constituyen alguno de los principales problemas de los centros escolares españoles, según el estudio La seguridad integral en los Centros de Enseñanza Obligatoria de España, de la Fundación Mapfre.
El objetivo de la investigación, en la que se han evaluado un total de 273 centros de enseñanza, ha sido el de analizar los diferentes riesgos (tanto estructurales como personales o psicosociales) de los colegios españoles y determinar el nivel de seguridad para los alumnos y docentes, incluyendo un total de 31 indicadores.
Según los datos analizados y en lo que respecta a la evaluación de riesgos psicosociales, el informe señala que:
El riesgo psicológico del personal docente es bajo, aunque más elevado en los centros públicos de educación primaria.
Alrededor del 50% de los centros escolares presenta problemas de tráfico y/o consumo de drogas en el interior del centro y/o alrededores. A pesar de estas cifras, muy pocos centros cuentan con medidas internas de prevención y detección de este problema.
El 40,75% de los centros escolares informa de problemas de acoso psicológico entre los alumnos y el 57,2% de violencia física, siendo estos porcentajes superiores en los centros públicos de secundaria.
Los riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías entre el alumnado constituyen la forma más extendida de acoso psicológico en el contexto escolar, evidenciándose un considerable aumento en los últimos años de grabaciones y difusiones de comentarios y críticas sobre alumnos y profesores en las redes sociales.
A la luz de estos resultados, los autores del informe destacan la necesidad de que los centros educativos refuercen sus medidas de prevención y vigilancia de los riesgos que pueden afectar a los alumnos y profesores. De este modo, "es necesario que los centros cuenten con protocolos y medidas para evitar el riesgo físico, psíquico y social del colectivo de alumnos, profesores y otro personal que intervenga en el centro", ya que la puesta en marcha de este tipo de medidas repercutirá en la mejora del clima y la conviencia escolar. Dado el elevado aumento del acoso psicológico en forma de bullying informático (o cyberbullying) los autores recomiendan encarecidamente implementar programas de psicoeducación sobre el uso adecuado de internet y del móvil entre los estudiantes.
Fuente: Infocop