50 pacientes con VIH podrían morir al año por los recortes
- Expertos estiman que habrá entre 27-50 muertes durante el primer año
- La tasa de mortalidad podría llegar a las cifras de los años 90
- La medida supondrá la aparición de entre 38 y 68 nuevas infecciones
"La retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles significará la muerte de entre 27 y 50 personas por VIH durante el primer año de aplicación de esta medida". Así lo han denunciado en rueda de prensa varios profesionales de GESIDA, el grupo de investigación del sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbilogía Clínica (SEIMC).
Profesionales de GESIDA han realizado un estudio donde ponen de manifiesto las consecuencias que traerán las nuevas medidas del Gobierno en la evolución y el tratamiento de los pacientes con VIH. Tanto en términos económicos, sociales y de salud pública.
"Este estudio se ha realizado desde un punto de vista lo más objetivo y científico posible", ha asegurado el doctor Federico Pulido Ortega, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los coordinadores de dicho informe.
Según sus conclusiones, lejos de ahorrar, el nuevo decreto incrementará los costes. "El virus del sida no entiende de razas ni de fronteras. La aplicación de esta medida supondrá un aumento del 10-20% de nuevos casos infectados, por tanto, los costes aumentarán", ha asegurado por su parte, el doctor Antonio Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y otro de los coordinadores de este análisis. "Sale más caro no tratar", ha añadido Pulido.
A partir del primer año, aseguran los investigadores, la tasa de mortalidad por VIH aumentaría rápidamente, llegando a alcanzar incluso las cifras de los años 90, lo que supondría "un verdadero atraso" en los avances logrados contra la enfermedad. "No habrá servido de nada lo que hemos conseguido. En los años 90, de cada 100 personas con VIH fallecían 10-12 al año; hoy en día la mortalidad por sida no llega ni al 1% en nuestro país", afirma el doctor del 12 de Octubre. "Las muertes por sida eran cosa del pasado, ahora volvemos a retroceder", añade el presidente del SEIMC, Álvaro Pascual Hernández.
Aseguran que las estimaciones que han realizado han sido "muy a la baja". "No hemos querido alarmar, pero lo cierto es que estos datos son preocupantes", señala Pulido. Las cifras que manejan se traducen en la aparición de entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas y entre 33 y 58 nuevos episodios de complicaciones médicas asociadas al VIH. "Estas consecuencias aumentarían en dos o tres años", apuntan los expertos.
La infección por el virus VIH, explican los responsables del estudio, no se cura, se controla. Y para ello "es necesario seguir un tratamiento de por vida". Dicha terapia antirretroviral supone una disminución del 96% del riesgo de transmisión del VIH, con esta nueva ley, muchos de estos tratamientos desaparecen para los inmigrantes que carezcan de documentación. "Tenemos que luchar de nuevo para que todas las personas tengan acceso a los antirretrovirales, pues las personas no tratadas aumentan el riesgo de contagio y por tanto la aparición de nuevos casos", manifiestan.
Desde el punto de vista económico, el ahorro directo que suponen estos fármacos antisida se sitúa entre los 12.240.000 y 21.896.000 euros. Al eliminar este tratamiento a los pacientes en situación irregular en España, se descontarían de este ahorro -como consecuencias de los gastos hospitalarios- entre 6.543.945 y 11.706.390 euros. No obstante, "los costes reales a medida que transcurra el tiempo, serán muy superiores", concluyen los doctores.
Fuente: El Mundo
Reino Unido frena la cuota femenina en los consejos de administración
Viviane Reding, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, defensora a ultranza de los derechos de la mujer y mujer habituada a la primera línea de combate, se encamina a un nuevo enfrentamiento con los Gobiernos de la Unión Europea, esta vez a propósito de sus planes para imponer la obligatoriedad de la cuota de “al menos el 40%” de mujeres en 2020 en los consejos de administración de las compañías cotizadas en la UE.
Nueve países, encabezados por el Reino Unido y entre los que se encuentra Holanda, le han hecho saber que se oponen a su propósito. Nueve son número suficiente para echar por la borda los planes de una Reding que parece aceptar el desafío: “Afortunadamente las leyes europeas no las hacen a puerta cerrada hombres de traje oscuro, sino que son fruto de un proceso democrático”.
Apenas el 14% de los puestos en los consejos de administración de las grandes compañías de la UE están hoy ocupados por mujeres, un porcentaje que desdice sus promesas retóricas de autorregularse y enmendarse, lo que ha terminado con la paciencia de Reding, que en 2011 les concedió un año para comprometerse con el desafío.
Tiempo perdido. De ahí la propuesta de la vicepresidenta de la Comisión para obligar a esas corporaciones a llegar en 2020 “al menos al 40%” de presencia de mujeres en sus máximos órganos rectores, aunque solo sea en los puestos de consejeros no ejecutivos, los que no intervienen en el día a día de la gestión de la compañía.
La comisaria se plantea elevar el próximo mes su plan al Parlamento Europeo y al Consejo (los Gobiernos de la Unión). “No es un secreto cuál es el objetivo de esta institución sobre las cuotas” declaró ayer su portavoz, Mina Andreeva.
Como tampoco son un secreto ni el plan ni la firme determinación de Reding, nueve países remitieron el viernes al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y a la propia comisaria sendas cartas en las que exponen su rechazo al régimen de cuotas. La contraofensiva partió del Reino Unido y a ella se ha sumado Holanda, que tiene ya legislación sobre la materia, más Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta, todos ellos en favor de la autorregulación.
“No apoyaremos medidas vinculantes de este tipo a escala europea”, concluye la carta filtrada por el Gobierno de David Cameron. Si bien Londres, como los restantes signatarios, reconoce que “existe un problema de muy poca representación femenina” en las empresas europeas, considera que “los esfuerzos deberían hacerse a escala nacional”.
El Reino Unido no descarta introducir cuotas en el futuro, pero hoy se considera satisfecho con la marcha del plan fijado para alcanzar paulatina y voluntariamente en 2015 el 25% de presencia femenina en los consejos de las cien mayores empresas cotizadas en la Bolsa de Londres. Malta, Hungría y Letonia cuentan con ínfimos porcentajes de presencia femenina en altos puestos de dirección (3%, 5,3% y 5,7% respectivamente). Solo Bélgica, Francia, Italia y España, además de Holanda, han legislado de forma más o menos ambigua sobre la materia.
La negativa de estos nueve, que cuenta con los parabienes de la patronal europea, es suficiente para bloquear la iniciativa de Reding, sobre la que también han manifestado reticencias Suecia, a través de su ministra de Igualdad de Oportunidades, y Alemania, país este último en el que si bien la canciller Angela Merkel no se ha pronunciado, sí lo han hecho sus ministras de Familia (en contra) y Trabajo (a favor). En la propia Comisión tampoco hay unanimidad. Entre quienes se oponen a la idea se cuenta a la vicepresidenta y representante para la Política Exterior, Catherine Ashton, llegada, paradójicamente, al cargo como fruto de la cuota femenina, y Cecilia Malmström, comisaria de Interior.
España ha sido citada en numerosas ocasiones en la Unión Europea por sus políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género. En la cuestión de las cuotas, la ley de Igualdad de 2007 establece de forma clara la cuota femenina en el ámbito público y político, así como las recomendaciones para conseguir la paridad en los consejos de administración antes del año 2015.
La normativa sobre igualdad en España surgió en 1983 con el Instituto de la Mujer, creado para fomentar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural. Ha desarrollado en estos 30 años cuatro Planes de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en busca de lograr estos objetivos. Sin embargo, no han ido más allá de meras recomendaciones.
Algunas iniciativas, como el Código Unificado de Buen Gobierno (2006) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apunta claramente a la igualdad a través de las cuotas, especialmente tras la difusión de dos directivas europeas en este sentido. El organismo regulador recomienda a las empresas cotizadas promover la paridad y aconseja mayor presencia de mujeres en la dirección ejecutiva.
A partir de 2007, con la aprobación de la ley orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres sí se establece una representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, y también que las listas electorales deben incluir al menos un 40% de mujeres, con la cautela expresa de que ninguno de los dos sexos podrá tener más del 60%.
En el caso de las grandes empresas —más de 250 trabajadores— la cuota no es obligatoria. Pero se recomienda que abran sus consejos de administración a la participación de mujeres y establece un plazo de ocho años para que las empresas más relevantes —por ejemplo, las incluidas en el Ibex 35— incluyan a más mujeres (entre el 40% y el 60%) antes de 2015.
Cinco años después no se ha conseguido el objetivo. En el último informe de la CNMV solo el 4,4% de los consejeros ejecutivos son mujeres, lo que supone el 19% de los cargos directivos.
Según los últimos datos del INE, en 2010 solo un 0,3% de las mujeres eran directoras de empresas grandes o medianas, frente al 1,1% de hombres; un 4,4% directoras de pequeña empresa, departamento o sucursal y un 9,39% en los mandos medios y como encargadas de oficina o taller.
Por su parte, los partidos políticos acatan la norma pero a la baja, incluyendo en la lista una cuota femenina generalmente en los últimos puestos de las candidaturas. Las españolas ocupaban en 2007 el 36% de los escaños del Congreso; actualmente ocupan el 39%. Avanzar, se ha avanzado. Eso sí, a golpe de ley.
Fuente: El País
Las Administraciones deben 800 millones a la patronal de centros para dependientes
La patronal de residencias concertadas que atienden a los dependientes afirma que el sector está al borde del precipicio como consecuencia de los impagos de las administraciones. Retrasos que son generalizados y que se agravan en comunidades como Valencia y Castilla La Mancha. Advierte de que la situación será insostenible con los nuevos recortes en la dependencia cuya reforma entra en vigor este miércoles uno de agosto y que rebaja otros 200 millones de euros su financiación.
Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, lleva tiempo diciéndolo por activa y por pasiva, si las administraciones se retrasan sistemáticamente en los pagos a las residencias concertadas, si rebajan las tarifas, si mantienen las exigencias a pesar de todo y si, en consecuencia, Alberto Echevarríadejan de establecer unas reglas del juego estables, un sector que da trabajo a miles de personas puede tener un serio riesgo de desaparecer.
"Los retrasos en los pagos son generalizados en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Valencia, Castilla La Mancha y la propia Cataluña son las que más impagos acumulan y ahora también se anuncian en Andalucía" se queja el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. José Alberto Echevarría alerta de que esta situación pone al sector "al borde de un precipicio porque los impagos solo son la punta de iceberg, hay 60.000 plazas vacías en las residencias y 150.000 grandes dependientes con su derecho reconocido pero la administración los tiene en el limbo sin atención".
La patronal afirma que las administraciones les adeudan ya este año 2012 más de 800 millones de euros. Con el plan de pago a proveedores, las comunidades lograron ponerse al día y abonar los impagos del año pasado, pero en este 2012 han vuelto a la "situación caótica". "Los retrasos son muy importantes e incluso hay ayuntamientos que este año no nos han pagado nada" señala Echevarría que se muestra muy preocupado ante la posibilidad de "colapso" de un sector con más de 300.000 empleos en toda España y que atiende cada día a más de 800.000 personas dependientes.
El presidente de la Federación advierte de que este panorama puede empeorar con los recortes que el gobierno ha aplicado a la Ley de Dependencia en el nuevo decreto que reforma la norma y que entra en vigor este miércoles uno de agosto. José Alberto Echevarría explica que las comunidades no podrán hacer frente a los pagos porque tendrán menos dinero al haber recortado otros 200 millones de euros para la financiación del nivel básico. "Son en realidad 500 millones menos", añade Echevarría, porque hay que sumar también los 283 millones del nivel acordado que eliminó de los Presupuestos Generales del Estado.
Fuente: Cadena Ser
Un estudio explica por qué fracasan las vacunas contra el VIH
- Las propuestas probadas no consiguen mantener la respuesta inmune sin ser peligrosas
- El trabajo propone usar proteínas de virus en otros microorganismos
La búsqueda de una vacuna contra el VIH ha sido, hasta ahora, una carrera de obstáculos. Frente al optimismo inicial (son famosas en el sector las sucesivas promesas de contar con un fármaco cada cinco años), a diferencia de otros virus este ha resultado imposible de bloquear. Lo más que se ha conseguido en algún ensayo es una protección del 30% en algunos grupos de población, insuficiente para los mínimos exigibles antes de usarlo a gran escala. Un trabajo publicado en Nature Medicine explica el porqué de este fracaso, y abre la puerta a nuevos planteamientos.
Según explican los autores de la Oregon Heath & Science University (OHSU), en un trabajo que ha contado con fondos de la Fundación Bill & Melinda Gates, el problema ha sido graduar la respuesta inmune y hacer que se mantenga. En las vacunas tradicionales, esto se consigue de dos maneras. Una, inoculando virus atenuados, de manera que no produzcan la enfermedad, pero sí una respuesta inmunitaria, que deja al organismo preparado para cuando haya una exposición real al patógeno. La otra es inyectar solo proteínas del virus.
Con el VIH se han probado ambos métodos. Pero ninguno ha funcionado. La causa está, según los investigadores, en que no hay un virus suficientemente atenuado como para no ser peligroso, y que cuando se usan proteínas solo, en cambio, la respuesta es insuficiente. Es decir, que la respuesta no se ha podido graduar: cuando se usaba el VIH entero no había garantías de que el voluntario no fuera a enfermar; si se usaban solo proteínas, la respuesta no duraba.
Lo interesante del trabajo es que propone una solución intermedia: utilizar virus que sean inocuos para una persona sana y que, a la vez, se mantengan mucho tiempo, incorporándoles proteínas del VIH. De esta manera, la persona no corre el riesgo de enfermar por el virus, pero mantiene la respuesta inmunitaria.
Aunque todavía no se ha probado, los autores del trabajo apuntan a un posible candidato: el citomegalovirus (CMV). Este microorganismo es inocuo para las personas sanas (aunque las que tienen afectadas las defensas pueden sufrir graves complicaciones), y produce una respuesta inmunitaria muy sostenida. Es un camino a explorar.
Fuente: El País
Riesgo de suicidio entre los jóvenes homosexuales que sufren acoso escolar
El 81% de este porcentaje ha llegado a planificarlo, lo que supone un 35 por ciento del total de adolescentes que padecen esta homofobia.
El 43 por ciento de los jóvenes y adolescentes homosexuales y bisexuales que sufren acoso escolar ha llegado a plantearse el suicidio y, de estos, el 81 por ciento ha llegado a planificarlo, lo que supone un 35 por ciento del total. Al final, el 40% ha llegado a atacar contra su vida, lo que representa un 17 por ciento de los 653 entrevistados por el estudio Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGBT) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM).
Un 11% de estos jóvenes que sufren acoso escolar dice haber sido hostigado por alguno de sus profesores, mientras que el 90 por ciento subraya que ha sido intimidado por un compañero y el 55% por una compañera.
El documento también revela que el 42 por ciento de los jóvenes acosados no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del centro escolar y que el 82% no ha querido informar de lo que estaba ocurriendo a su familia, aunque, al final, un 10 por ciento de ellos ha sido descubierto.
De este 10 por ciento y el 18% que sí que ha informado a sus padres, el 27 por ciento no ha recibido ningún apoyo. Respecto al momento en el que se produce el acoso, el estudio incide en que el 57 por ciento de los casos comienza cuando las víctimas tienen entre 12 y 15 años, mientras que el 23% estalla antes de que las víctimas lleguen a la educación secundaria.
También detalla que el 49 por ciento de los entrevistados ha sufrido acoso a diario o frecuentemente y que el 69 por ciento ha visto prolongada la situación durante más de un año.
En este sentido, el estudio intenta dilucidar qué sentimientos genera el acoso. Así, muestra que produce desesperanza al 66 por ciento de los jóvenes homosexuales o bisexuales que lo padecen, así como otros sentimientos como humillación (63%), impotencia (60%) , rabia (59%), tristeza (59%), incomprensión (57%), soledad (53%), vulnerabilidad (50%) y aislamiento (50%).
Durante la presentación, que se ha celebrado en la sede del Consejo de la Juventud de España (Madrid), el presidente de la FELGTB y director de la investigación, Jesús Generelo, ha defendido la elaboración del estudio porque hay "una amplia literatura científica que dice que hay un grave problema de acoso homofóbico" -ha citado documentos del CIS y del Ministerio de Trabajo como ejemplo-, pero no hay "estudios sobre las consecuencias".
Además, Generelo ha denunciado el "silencio" que existe sobre el tema y ha asegurado que el informe pretende que "ahora se hagan planes proactivos para la prevención del suicidio en las aulas". En esta línea, el investigador José Luis Ferrándiz ha afirmado que "estos datos tienen que convertirse en acción, en lucha contra el acoso escolar homofóbico, y en consideración de la población adolescente y joven LGB dentro de los programas de prevención".
Fuente: La Vanguardia
El Observatorio contra la Violencia de Género alerta contra los recortes
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, ha expresado su preocupación por el efecto que están teniendo los "recortes" sobre las víctimas, ya que en algunos partidos judiciales se están cerrando los centros de atención o reduciendo su horario de trabajo.
Según ha advertido en rueda de prensa la vocal del Consejo General del Poder Judicial, la respuesta judicial "no basta" para combatir la violencia machista, ya que las mujeres necesitan una red de apoyo y asistencia social para "iniciar una nueva vida", y la merma de estos centros "no se puede aceptar de ningún modo".
La denuncia por parte de la víctima es "fundamental" para activar los mecanismos de protección policiales y judiciales, pero esto no es "suficiente", es necesario "fortalecer" los centros asistenciales aunque atravesemos un "difícil momento económico", ha remarcado.
Al respecto, Montalbán ha citado como ejemplo la situación de la Comunidad Valenciana, donde "las oficinas de atención a las víctimas están sufriendo recortes".
"En muchos partidos judiciales valencianos estas oficinas están desapareciendo o recortando su horario de atención", ha asegurado la presidenta del Observatorio, que ha incidido en que estos centros son "fundamentales" para conectar a las víctimas con el resto de recursos que les brindan una nueva oportunidad.
Montalbán ha recordado que la Comunidad Valenciana consiguió crear un modelo estándar de oficina de atención que fue copiado por otras autonomías, y que por tanto ahora "debe mantenerlo".
"Comprendo la situación derivada de la crisis, pero al hablar de las víctimas de violencia de género hay que tener un especial cuidado", ha añadido.
Asimismo, ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial está "a la espera" de que algunas comunidades autónomas con competencias en materia de justicia elaboren un protocolo de valoración urgente del riesgo de ser objeto de una nueva agresión, informe que se realiza tras presentar una denuncia.
"Es imprescindible que antes de 72 horas el juez cuente con un informe pericial sobre este riesgo", ha subrayado Montalbán, quien ha señalado que las comunidades que están bajo la tutela del Ministerio de Justicia ya lo están aplicando.
Fuente: El País
Beber en exceso aumenta los trastornos de ansiedad
Científicos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés) y el Centro Bowles para Estudios sobre el Alcohol de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, aseguran que el consumo excesivo de alcohol conlleva una especie de reprogramación del cerebro que hace al individuo más susceptible a padecer trastornos de ansiedad, según informa 'Nature Neuroscience'.
Los médicos habían observado, hace tiempo, una relación entre el alcoholismo y los trastornos de ansiedad, como el trastorno de estrés post-traumático (TEPT), al tiempo que las personas que beben en exceso tienen un riesgo mayor de eventos traumáticos, como accidentes de tráfico y la violencia doméstica, pero eso sólo explica parcialmente la conexión.
Pero ahora, un nuevo estudio en ratones ha revelado que el consumo excesivo de alcohol reconecta los circuitos del cerebro, haciendo más difícil que los alcohólicos se recuperen psicológicamente después de una experiencia traumática.
"Existe un amplio espectro sobre cómo la gente reacciona a un evento traumático", señala el autor del estudio, Thomas Kash, profesor de Farmacología en la Universidad de Carolina del Norte. Básicamente, nuestra investigación muestra que la exposición crónica al alcohol puede causar un déficit con respecto a la forma en que nuestros centros cerebrales cognitivos controlan nuestros centros emocionales en el cerebro.
"Una historia de abuso de alcohol puede perjudicar el mecanismo crítico de recuperación tras un trauma y, ??al hacerlo, pone a las personas en un mayor riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático", apunta el científico Andrew Holmes, del NIAAA, autor principal del estudio. Holmes indica que "el próximo paso será probar si estos hallazgos preclínicos se traducen a los pacientes que actualmente padecen de TEPT comórbido y abuso de alcohol. Si lo hacen, este hallazgo podría conducir a una nueva reflexión sobre cómo podemos mejorar el tratamiento de estas graves enfermedades".
En el transcurso de un mes, los investigadores administraron a un grupo de ratones una dosis de alcohol equivalente al doble del límite legal para conducir en los seres humanos. Un segundo grupo de ratones a los que no se les administró alcohol sirvió como grupo control. El equipo utilizó leves descargas eléctricas para conseguir que todos los ratones temiesen el sonido de un tono breve.
Cuando el tono se reproducía de forma repetida sin la descarga eléctrica de acompañamiento, los ratones del grupo control dejaron de temer el sonido, poco a poco. Los ratones con exposición crónica al alcohol, por otro lado, se quedaban congelados en un lugar cada vez que se reproducía el tono, incluso mucho tiempo después de que las descargas eléctricas se hubiesen detenido -un patrón similar al que se observa en pacientes con trastorno de estrés postraumático, que tienen problemas para superar el miedo, incluso cuando ya no están en una situación peligrosa.
Los investigadores atribuyen el efecto a las diferencias en los circuitos neurales de los ratones expuestos al alcohol. Comparando los cerebros de los ratones, los investigadores observaron que las células nerviosas de la corteza prefrontal de los ratones expuestos al alcohol tenía una forma diferente a los de los otros ratones. Además, la actividad de un receptor clave, NMDA, se suprimió en los ratones que recibieron altas dosis de alcohol.
Holmes apunta que "no sólo estamos descubriendo que el alcohol tiene efectos perjudiciales en un proceso emocional clínicamente importante, sino que también estamos en condiciones de ofrecer una idea de cómo el alcohol puede perturbar el funcionamiento de algunos circuitos cerebrales muy específicos".
Comprender la relación entre el alcohol y la ansiedad a nivel molecular podría ofrecer nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos que ayuden a los pacientes con trastornos de ansiedad que también tienen una historia de consumo excesivo de alcohol.
Fuente: Europa Press
Bruselas propone sanciones a empresas que incumplan cuota femenina de 40% en sus consejos de administración
La Comisión Europea propondrá este otoño una norma que impondrá una cuota femenina del 40% en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas para 2020.
El instrumento legal que prepara la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, se dirigirá a las empresas con más de 250 empleados o más de 50 millones de euros de ingresos anuales, pero no a las pymes.
Además, la cuota del 40% solo se aplicará a los "miembros no ejecutivos" de los consejos de administración, precisaron las fuentes.
Según un informe del pasado mes de enero, las mujeres ocupan el 13,7% de los puestos en los consejos de administración de las mayores empresas de la Unión Europea (UE).
Las nuevas reglas fijarán obligaciones "más rigurosas" para las empresas controladas por el Estado.
La futura normativa, que ahora está en fase de "deliberación interna" en la Comisión, responde al "fracaso" de las medidas voluntarias de autoregulación que Bruselas intentó impulsar el pasado año para aumentar la presencia femenina en las grandes compañías, indicaron las fuentes.
La CE subrayó que su iniciativa no es "excepcional" en la UE, ya que hasta ahora 11 Estados miembros, incluido España, han optado por "soluciones legales" para reforzar la igualdad de género en los puestos directivos de las empresas.
Por ejemplo, recordaron las fuentes, en España se introdujo una ley en 2007 que establece el objetivo del 40% para 2015 para las sociedades anónimas y las limitadas (con más de 250 empleados), y prevé sanciones en caso de incumplimiento que incluyen la exclusión de las licitaciones y subastas públicas.
Según el Ejecutivo comunitario, esta iniciativa "ha llevado a un buen progreso" en las empresas del país, ya que entre 2004 y enero de 2012 el número de mujeres en consejos de administración ha aumentado un 7% (situándose en el 11 %).
Otros países que aplican políticas de discriminación positiva para favorecer la presencia femenina en las empresas son Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria y Eslovenia.
Fuente: EFE
El Gobierno vasco destaca la atención en el domicilio como 'lugar preferente'
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha apostado este lunes por un nuevo modelo de atención a las personas mayores, "frente a los recortes del Estado en la Ley de Dependencia", y ha presentado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el modelo vasco Etxean Ondo, que otorga prioridad al mantenimiento de los mayores en su entorno de vida habitual, donde el domicilio se convierte en el "lugar preferente" de atención.
Según ha recordado, la población vasca es una de las más longevas del mundo, con una esperanza media de vida que ronda los 77,2 años para los hombres y los 84,3 años para las mujeres. "Este hecho, junto al bajo índice de fecundidad de 1,2 hijos, conduce a Euskadi hacia una sociedad cada vez más envejecida donde casi uno de cada cuatro vascos será mayor de 65 años en el año 2025", ha indicado.
Frente a los "recortes" del Estado en la Ley de Dependencia, la consejera vasca ha apostado por un nuevo modelo de atención a las personas mayores basado en la colaboración entre las áreas sociales y sanitarias --lo que se conoce como espacio sociosanitario--, la creación de empleo --"el sector de los servicios sociales es un nicho de empleo"--, y la rehabilitación de la vivienda habitual, el domicilio en el que viven las personas mayores.
Zabaleta ha explicado que estas premisas se engloban en el proyecto Etxean ondo, que puso en marcha el Gobierno vasco el año pasado, "un modelo integral centrado en las personas y orientado a conseguir mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias, y contando con su participación".
"Debemos poner a su disposición una oferta que traspase las fronteras de lo meramente asistencial, una atención personalizada que permita a las personas ser atendidas conforme a sus gustos, sus preferencias y su historia vital", ha recalcado.
VIVIENDA HABITUAL
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales ha subrayado que el modelo Etxean ondo "otorga prioridad al mantenimiento de las personas en su entorno de vida habitual, donde el domicilio se convierte en el lugar preferente de atención porque lo que la gran mayoría de estas personas desea es envejecer en sus propios domicilios o en una residencia lo más parecido posible al entorno en el que han vivido siempre". "Ésta es la clave del proyecto un plan que pretendemos siente las bases del futuro modelo vasco de atención a las personas mayores", ha apuntado.
Por otro lado, ha resaltado que uno de los rasgos de identidad de Etxean ondo es la integración de la atención sanitaria y la de servicios sociales. "El sistema de servicios sociales se ha ido configurando con el tiempo como un sistema de derecho, y eso contribuye a que el ámbito sociosanitario pueda ser un lugar de trabajo común entre los dos sistemas, una forma de abordar la atención centrada en la persona de manera integral", ha indicado.
Además, ha insistido en la importancia de la accesibilidad en la vivienda y entorno. El programa incluye la realización de una evaluación de necesidades y de planificación para la supresión de barreras de accesibilidad en el hogar, y recomendaciones individualizadas para el conocimiento y la utilización de productos de apoyo y de nuevas tecnologías que resulten adecuadas, según cada caso, con el fin de favorecer el máximo de independencia y de autonomía y reducir riesgos de accidentes.
"El edificio es el mayor foco de obstáculos y barreras físicas para la movilidad, ya que presenta problemas de accesibilidad al 18,8 por ciento del conjunto de la población de Euskadi", ha informado.
Fuente: Europa Press
Golpe a la reinserción penitenciaria en Cataluña
La Generalitat rescinde el convenio de 78.000 euros que tenía con la UNED desde 1985. El rector ofrece bajar el coste, pero el Govern dice que cada recluso se pague la matrícula.
Los internos penitenciarios que quieran cursar estudios universitarios mientras cumplen condena tendrán que costear ellos mismos el importe de las matrículas y del material pedagógico, después de que la Conselleria de Justícia haya dado por rescindido el acuerdo que mantenía desde 1985 con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según han confirmado fuentes de la Generalitat y de la institución académica. La decisión, que según Justícia afecta al 0.6% de la población reclusa de Catalunya, unas 60 personas, perjudicará asimismo a los internos que querían preparar este año los exámenes de acceso a la universidad, formación también impartida por la UNED.
El departamento que dirige Pilar Fernández Bozal argumenta que, en un momento de recortes presupuestarios como el actual, «cuando hay cinco prisiones recién construidas que todavía se han de acabar de pagar», el convenio para que los presos estudien un grado universitario «no se puede mantener por más tiempo ». «Solo un 45% de los alumnos penitenciarios superan con éxito los exámenes de la universidad y la cifra es aún inferior, de solo el 40%, en el caso de quienes se presentan a la prueba para acceder a los estudios superiores», alegaba hace unos días a este diario una portavoz de la consejería.
«La primera noticia la tuvimos ya en octubre del 2011, cuando la Generalitat anunció su intención de no mantener el convenio. Ese anuncio hizo que el 50% de los estudiantes que habíamos tenido hasta entonces ya no se matricularan para el curso 2011-2012», precisa Juan Antonio Gimeno, rector de la UNED. Eso significa que en torno a medio centenar de presos abandonaron ya sus estudios hace un año.
Entidades sociales que trabajan con reclusos discrepan de las cifras de Justícia y elevan al 4% el porcentaje de internos que estudian una carrera. «Eso solo los universitarios, porque la estadística crece si hablamos de otros estudios», asegura Manu Izquierdo, coordinador del Centro de Día que la Fundación Salud y Comunidad tiene en L’Hospitalet de Llobregat. Pero aquí las cifras son lo de menos. La entidad, que entre otras acciones desarrolla programas de apoyo a reclusos drogodependientes, considera la formación como un elemento clave para la reinserción de las personas que han pasado por prisión.
APARCAR LOS LIBROS
La decisión de Justícia, aseguran las oenegés, obligará a muchos estudiantes a aparcar los libros, porque, como no tienen ingresos –o si los tienen son muy bajos–, no podrán hacer frente a las altas tasas que se pagan actualmente para entrar en la universidad. Otros, posiblemente los menos, tratarán de seguir adelante, ya sea con ayuda familiar, ya sea gracias a alguna beca, aunque desconocen cómo se las ingeniarán cuando lleguen los exámenes.
La formación «no solo capacita a los internos a nivel profesional; también les prepara para afrontar situaciones de la vida distintas a las que han vivido anteriormente, y propicia un cambio de entorno y la adquisición de nuevos hábitos», destaca Daniel Juan, director del centro de la Fundación Adsis en el Carmel de Barcelona. La entidad participa en programas de reinserción a través de la educación que han demostrado ya su éxito en cárceles de Asturias, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Por eso considera «muy triste» que el programa de la UNED se extinga en Cataluña.
ABARATAR COSTES
Y no será porque la universidad no lo haya intentado, lamentó el rector Gimeno. «Hemos presentado a la Generalitat una alternativa de acuerdo, con fórmulas de abaratamiento que permitirían mantener el programa por menos de 20.000 euros», explicó el responsable de la UNED. El convenio que ahora quiere rescindir Fernández Bozal asciende a 78.000 euros anuales. «Lo que proponemos es que los internos matriculados continúen teniendo acceso restringido a internet (solo pueden consultar la intranet de la universidad) y que a finales de curso puedan ser trasladados a un único centro penitenciario (probablemente Brians) para hacer los exámenes», agregó el rector.
La Generalitat, con todo, se mantiene en sus trece. Insiste en que «los alumnos que quieran seguir con sus estudios se matriculen por libre, como lo hace cualquier otro ciudadano», aunque se compromete a analizar la manera para que los estudiantes penitenciarios puedan presentarse a los exámenes cuando sean convocados.
Fuente: El Periódico de Cataluña