La Generalitat rescinde el convenio de 78.000 euros que tenía con la UNED desde 1985. El rector ofrece bajar el coste, pero el Govern dice que cada recluso se pague la matrícula.
Los internos penitenciarios que quieran cursar estudios universitarios mientras cumplen condena tendrán que costear ellos mismos el importe de las matrículas y del material pedagógico, después de que la Conselleria de Justícia haya dado por rescindido el acuerdo que mantenía desde 1985 con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según han confirmado fuentes de la Generalitat y de la institución académica. La decisión, que según Justícia afecta al 0.6% de la población reclusa de Catalunya, unas 60 personas, perjudicará asimismo a los internos que querían preparar este año los exámenes de acceso a la universidad, formación también impartida por la UNED.
El departamento que dirige Pilar Fernández Bozal argumenta que, en un momento de recortes presupuestarios como el actual, «cuando hay cinco prisiones recién construidas que todavía se han de acabar de pagar», el convenio para que los presos estudien un grado universitario «no se puede mantener por más tiempo ». «Solo un 45% de los alumnos penitenciarios superan con éxito los exámenes de la universidad y la cifra es aún inferior, de solo el 40%, en el caso de quienes se presentan a la prueba para acceder a los estudios superiores», alegaba hace unos días a este diario una portavoz de la consejería.
«La primera noticia la tuvimos ya en octubre del 2011, cuando la Generalitat anunció su intención de no mantener el convenio. Ese anuncio hizo que el 50% de los estudiantes que habíamos tenido hasta entonces ya no se matricularan para el curso 2011-2012», precisa Juan Antonio Gimeno, rector de la UNED. Eso significa que en torno a medio centenar de presos abandonaron ya sus estudios hace un año.
Entidades sociales que trabajan con reclusos discrepan de las cifras de Justícia y elevan al 4% el porcentaje de internos que estudian una carrera. «Eso solo los universitarios, porque la estadística crece si hablamos de otros estudios», asegura Manu Izquierdo, coordinador del Centro de Día que la Fundación Salud y Comunidad tiene en L’Hospitalet de Llobregat. Pero aquí las cifras son lo de menos. La entidad, que entre otras acciones desarrolla programas de apoyo a reclusos drogodependientes, considera la formación como un elemento clave para la reinserción de las personas que han pasado por prisión.
APARCAR LOS LIBROS
La decisión de Justícia, aseguran las oenegés, obligará a muchos estudiantes a aparcar los libros, porque, como no tienen ingresos –o si los tienen son muy bajos–, no podrán hacer frente a las altas tasas que se pagan actualmente para entrar en la universidad. Otros, posiblemente los menos, tratarán de seguir adelante, ya sea con ayuda familiar, ya sea gracias a alguna beca, aunque desconocen cómo se las ingeniarán cuando lleguen los exámenes.
La formación «no solo capacita a los internos a nivel profesional; también les prepara para afrontar situaciones de la vida distintas a las que han vivido anteriormente, y propicia un cambio de entorno y la adquisición de nuevos hábitos», destaca Daniel Juan, director del centro de la Fundación Adsis en el Carmel de Barcelona. La entidad participa en programas de reinserción a través de la educación que han demostrado ya su éxito en cárceles de Asturias, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Por eso considera «muy triste» que el programa de la UNED se extinga en Cataluña.
ABARATAR COSTES
Y no será porque la universidad no lo haya intentado, lamentó el rector Gimeno. «Hemos presentado a la Generalitat una alternativa de acuerdo, con fórmulas de abaratamiento que permitirían mantener el programa por menos de 20.000 euros», explicó el responsable de la UNED. El convenio que ahora quiere rescindir Fernández Bozal asciende a 78.000 euros anuales. «Lo que proponemos es que los internos matriculados continúen teniendo acceso restringido a internet (solo pueden consultar la intranet de la universidad) y que a finales de curso puedan ser trasladados a un único centro penitenciario (probablemente Brians) para hacer los exámenes», agregó el rector.
La Generalitat, con todo, se mantiene en sus trece. Insiste en que «los alumnos que quieran seguir con sus estudios se matriculen por libre, como lo hace cualquier otro ciudadano», aunque se compromete a analizar la manera para que los estudiantes penitenciarios puedan presentarse a los exámenes cuando sean convocados.
Fuente: El Periódico de Cataluña