La patronal de residencias concertadas que atienden a los dependientes afirma que el sector está al borde del precipicio como consecuencia de los impagos de las administraciones. Retrasos que son generalizados y que se agravan en comunidades como Valencia y Castilla La Mancha. Advierte de que la situación será insostenible con los nuevos recortes en la dependencia cuya reforma entra en vigor este miércoles uno de agosto y que rebaja otros 200 millones de euros su financiación.

Las Administraciones deben 800 millones a la patronal de centros para dependientesAlberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, lleva tiempo diciéndolo por activa y por pasiva, si las administraciones se retrasan sistemáticamente en los pagos a las residencias concertadas, si rebajan las tarifas, si mantienen las exigencias a pesar de todo y si, en consecuencia, Alberto Echevarríadejan de establecer unas reglas del juego estables, un sector que da trabajo a miles de personas puede tener un serio riesgo de desaparecer.

«Los retrasos en los pagos son generalizados en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Valencia, Castilla La Mancha y la propia Cataluña son las que más impagos acumulan y ahora también se anuncian en Andalucía» se queja el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. José Alberto Echevarría alerta de que esta situación pone al sector «al borde de un precipicio porque los impagos solo son la punta de iceberg, hay 60.000 plazas vacías en las residencias y 150.000 grandes dependientes con su derecho reconocido pero la administración los tiene en el limbo sin atención».

La patronal afirma que las administraciones les adeudan ya este año 2012 más de 800 millones de euros. Con el plan de pago a proveedores, las comunidades lograron ponerse al día y abonar los impagos del año pasado, pero en este 2012 han vuelto a la «situación caótica». «Los retrasos son muy importantes e incluso hay ayuntamientos que este año no nos han pagado nada» señala Echevarría que se muestra muy preocupado ante la posibilidad de «colapso» de un sector con más de 300.000 empleos en toda España y que atiende cada día a más de 800.000 personas dependientes.

El presidente de la Federación advierte de que este panorama puede empeorar con los recortes que el gobierno ha aplicado a la Ley de Dependencia en el nuevo decreto que reforma la norma y que entra en vigor este miércoles uno de agosto. José Alberto Echevarría explica que las comunidades no podrán hacer frente a los pagos porque tendrán menos dinero al haber recortado otros 200 millones de euros para la financiación del nivel básico. «Son en realidad 500 millones menos», añade Echevarría, porque hay que sumar también los 283 millones del nivel acordado que eliminó de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuente: Cadena Ser