El pasado 24 de octubre, un grupo de voluntarios/as recorrió nuevamente las calles de esta ciudad para llevar a cabo un censo de personas sin hogar y actualizar los datos recopilados en 2021, cuando se realizó por segunda vez esta iniciativa. El objetivo de estos censos era conocer la situación real del problema y señalar las líneas estratégicas de acción para las entidades sociales y las administraciones públicas. En este tercer censo de personas sin hogar, participaron 15 entidades sociales, incluida la Fundación Salud y Comunidad (FSC).
Según fuentes de la organización de la iniciativa, de esta manera se pudieron identificar las necesidades de las personas en situación de calle en unas circunstancias agravadas por el incremento de precios de bienes y servicios básicos como resultado de la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania, lo cual generó nuevos perfiles y necesidades sociales.
El censo anterior, llevado a cabo gracias a la participación del voluntariado, reveló que en 2021 había 754 personas en situación de calle en Valencia, 352 en la calle y 402 en albergues. Más de la mitad de ellas reconoció haber experimentado alguna discriminación asociada a su situación residencial y haber sufrido delitos de odio durante su etapa de sinhogarismo.
Es importante destacar que la Fundación Salud y Comunidad fue una de las entidades sociales que participaron en los dos censos anteriores. En el caso del II Censo de Personas Sin Hogar de Valencia, realizado en diciembre de 2021, se subrayó nuevamente la necesaria colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales para abordar esta problemática tan compleja. También se destacó el compromiso social y la gran labor del voluntariado para llevar a cabo la iniciativa.
Por otro lado, desde el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE) de Valencia, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad, se informa que en estos momentos se está participando en diferentes comisiones de trabajo.
Además, la novedad de ese año fue que el censo contó con el trabajo previo realizado durante meses por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el objetivo de unificar criterios y formular una propuesta metodológica consensuada y común para el análisis de la situación de exclusión residencial en España.
Esto permitió llevar a cabo un «proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar» en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que desearon participar, como fue el caso del Ayuntamiento de Valencia.