Portugalete pone en forma a sus mayores
Abre el quinto gimnasio al aire libre en La Florida y persigue crear uno cerca de cada centro de día
Los parques de Portugalete se están convirtiendo poco a poco en un gimnasio al aire libre para las personas mayores. Bicicletas, máquinas que devuelven el ritmo al organismo y otras que convierten a los usuarios en potenciales remeros de Kaiku. Los parques biosaludables se están apoderando del municipio, que acaba de estrenar el quinto de estas características en el parque de La Florida. Los vecinos de la zona no tardaron en probar la decena de máquinas instaladas junto a la zona de juegos infantiles para ponerse en forma. "El objetivo es dar la posibilidad de mejorar la actividad física de este colectivo", explicó el alcalde, Mikel Torres, quien aseguró que la villa crecerá más en este sentido con la instalación de más zonas deportivas junto a los centros de día.
Los vecinos llevaban tiempo reclamando un parque de gimnasia para las personas mayores. Así lo indicó el primer edil: "Hay muchas personas mayores que traen a sus nietos a las zonas infantiles y a ellos también les gustaría realizar actividades físicas". En ese sentido, aprovechando la amplitud del parque de La Florida, se han instalado diez máquinas deportivas que abarcan todo los ejercicios recomendados, desde la actividad de las piernas y los brazos hasta el resto del cuerpo. La diversidad de aparatos permitirán la práctica, por tanto, de remo, patinete, ciclismo, espalderas... "Son todas las actividades que demanda la gente mayor", subrayó Torres.
El coste del gimnasio al aire libre ha sido de 13.000 euros y ha contado con una subvención del Departamento de Sanidad "de un 30%" a través del un programa de promoción de la salud que impulsa el Gobierno vasco.
Las máquinas de gimnasia son muy demandadas por la gente mayor, que cada día está más preocupada por mantener y mejorar su estado físico. Por ese motivo, Portugalete ya está estudiando la forma de acercar estas instalaciones hasta los cuatro centros de día que conviven en el municipio. "Queremos intentar instalar un parque biosaludable frente al centro de día de San Roque, pero el parking que hay debajo supone un problema, ya que tenemos que buscar la forma en la que instalación no le afecte".
El Quinto
Hasta la fecha, los portugalujos más mayores pueden acercarse con el pantalón de deporte y las zapatillas hasta otros cuatro puntos más: el nuevo parque de Montes Trianos; en la plaza de Rivas, frente al centro social de Buenavista; el paseo de la Benedicta, que está más especializado en footing, flexiones..., y el parque de Ganerantz, donde se instaló otra zona, más pequeña, de ejercicios para la tercera edad. Aunque siempre hay quien prefiere practicar deporte con la txapela puesta.
Fuente: Deia
Las grandes firmas de moda, cómplices de la explotación de mujeres
Un informe analiza la situación de las obreras de la confección en Marruecos.
La Campaña Ropa Limpia, coordinada por la Ongd Setem, publica una investigación realizada en Marruecos: “La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección”. En este informe se analizan, a partir de las vivencias de 118 trabajadoras del sector, las condiciones de vida y trabajo de las obreras que trabajan en talleres textiles de Tánger, algunos de ellos proveedores de grandes firmas de moda española.
Entre 2002 y 2004, la Campaña Ropa Limpia, coordinada en el Estado español por la ONG SETEM, realizó dos investigaciones, en colaboración con la organización marroquí Attawasol, que evidenciaban los abusos y las violaciones de los derechos laborales más básicos que se producían en las fábricas textiles de Tánger. Jornadas laborales de hasta 14 horas, salarios por debajo del mínimo legal y de supervivencia, un altísimo porcentaje de trabajadoras sin contrato ni protección social alguna o condiciones de trabajo insalubres, son algunas de las deficiencias que se denunciaron siendo motivo de diversas publicaciones e incluso de un documental que, con el nombre de “Trapos sucios”, fue emitido en el programa “Línea 900” de Televisión Española.
A raíz de estas primeras investigaciones, la Campaña Ropa Limpia presentó a las grandes firmas de moda españolas (Inditex, Mango, Cortefiel, El Corte Inglés) las problemáticas sufridas por quienes trabajan en sus cadenas de suministro, a fin de buscar vías de mejora y obtener compromisos firmes de estas marcas que garanticen el respeto de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus cadenas de suministro. Estas grandes firmas de moda española, sin negar las problemáticas laborales del país, han dado publicidad a sus medidas de Responsabilidad Social Empresarial con la intención de convencer a la opinión pública de que las vulneraciones de derechos laborales de los países en los que se producen sus piezas no afectan a sus proveedores. Pero esto no es cierto.
Se estima que en la industria global de la confección el 80 por ciento de las personas empleadas son mujeres
El informe destaca que muchas trabajadoras marroquíes siguen viviendo situaciones de pobreza a la vez que cumplen con una jornada laboral extremadamente larga. En una fábrica de primera línea que esté produciendo directamente para empresas españolas que exigen auditorías previamente al encargo de producción, la jornada laboral media es de 9 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados, con un salario alrededor de los 250 euros al mes.
La investigación ha comprobado que en un centro de producción que no reciba ninguna presión por parte de sus clientes para superar este tipo de auditorías, las horas extras son obligatorias y se prolonga la jornada hasta las 11 o 12 horas diarias, seis días a la semana. Estas horas no se suelen remunerar y los salarios no superan los 200 euros mensuales. Gran parte de la plantilla trabaja sin contrato y sin ningún tipo de protección social. En los talleres subcontratados, los salarios pueden situarse por debajo de los 100 euros mensuales y los contratos son inexistentes.
Conclusiones
La promesa de “desarrollo” a través de la implantación de una industria textil orientada a la exportación es una promesa incumplida en Marruecos, sentencia el informe. El sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero las ocupaciones creadas no alejan a las personas trabajadoras de la pobreza. En los últimos años, las condiciones de vida y de trabajo de las obreras no han mejorado y nada indica que el establecimiento de esta industria ligera pueda ser el primer paso de un proceso de industrialización hacia actividades de mayor valor añadido que permitan un incremento de los ingresos, ni mucho menos de las capacidades de las personas trabajadoras para decidir sobre su propia vida.
Desde un punto de vista estrictamente económico, un número difícilmente cuantificable de estas nuevas trabajadoras siguen sumidas en la pobreza pese a realizar jornadas laborales extremadamente extensas. La escasez de fuentes oficiales y la poca colaboración del empresariado y responsables de las administraciones públicas hace muy complicado saber cuántas son las obreras empleadas en el sector informal, en pequeños talleres y en sus casas. No obstante, sus situaciones laborales y la evidencia de la existencia de estos talleres que cualquier transeúnte puede constatar caminando por las zonas periféricas de los polígonos industriales una industria ligera, mayoritariamente de confección, que ha empleado a parte de la población migrante.
Las personas responsables de la investigación “La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la construcción”, han adoptado una perspectiva superadora de la estrictamente económica y, partiendo de la constatación por parte de sindicatos y del mundo asociativo marroquí de que las obreras viven condiciones de pobreza de capacidades y de alta vulnerabilidad y precariedad social, han explorado las causas de los procesos de empobrecimiento y de limitación personal.
Desde este punto de vista, aseguran que la organización patriarcal de la sociedad marroquí es un factor de empobrecimiento pero no mucho más relevante del que puede afectar a las mujeres europeas. Existe una subordinación femenina en el ámbito familiar y en el personal que sobrecarga a las obreras con una doble jornada compuesta por más de 10 horas de trabajo en la fábrica y más de 6 horas de tareas de cuidado de la familia pero, a falta de un estudio cuantitativo y de una comparación sistemática con los resultados de las encuestas de usos del tiempo, la dedicación a tareas de cuidado no difiere demasiado de la que asumen las obreras europeas.
A las limitaciones para desarrollar la vida privada de forma mínimamente satisfactoria, se suma el deterioro de las redes sociales y de la capacidad de crear acción colectiva para defender sus derechos laborales a nivel de centro de trabajo. Esto limita las posibilidades de las mujeres (incluso de las más comprometidas políticamente) para implicarse en la actividad de los sindicatos. De forma incipiente, la capacidad organizativa de las obreras se articula mediante formas innovadoras que rompen con la lógica tradicional de considerar a los sindicatos como los únicos agentes sociales legitimados para defender los derechos laborales.
El contexto político y empresarial es extremadamente hostil. Esto, junto a las condiciones de pobreza y de alta vulnerabilidad y precariedad social, hace que la capacidad de negociación de las trabajadoras es muy reducida. A las estrategias de hostigamiento y persecución de las obreras más activas se suma el fantasma de la deslocalización y de los cierres de fábricas, cada vez más presente en los corrillos de conversación de las personas trabajadoras y la actitud permisiva de las administraciones públicas con las violaciones a los derechos laborales.
Propuestas
El contexto internacional y la realidad socio-política del país, no exime de responsabilidad a las firmas internacionales que allí tienen parte de su cadena de aprovisionamiento, destaca la investigación.
El primer paso que deben seguir las grandes marcas si quieren ser realmente responsables con el impacto social de su actividad económica es adoptar prácticas de máxima transparencia. Publicar la lista de proveedores y compartirla con actores sociales como ONG, sindicatos y colectivos locales de trabajadores y trabajadoras, permite contrastar las denuncias realizadas e iniciar procesos de remediación. En este sentido, hay que destacar que de las empresas españolas con relevancia internacional, solamente Mango comparte su lista de proveedores (facilitando contactos y direcciones) con la Campaña Ropa Limpia y con los sindicatos mayoritarios, aunque todavía no la hace pública para todos los consumidores y consumidoras. Por el momento, lo habitual es que las marcas se nieguen a facilitar esta información.
Por desgracia, Marruecos sólo es un ejemplo más. La realidad cotidiana de las trabajadoras de la confección es extremadamente dura en todo el mundo y sucede lo mismo en otros sectores donde se requiere gran cantidad de mano de obra no cualificada. El camino para conseguir que se respeten sus derechos laborales es muy largo y su viabilidad depende de que las propias trabajadoras puedan organizarse para exigir que se cumplan y se amplíen las normativas existentes. Para garantizar que las obreras organizadas no sean reprimidas, despedidas, amenazadas o agredidas, se deben crear canales de solidaridad internacional que permitan la circulación de la información y la presión a las empresas responsables y a las marcas internacionales para las que trabajan.
Fuente: Ameco Press
El 12% de las jóvenes tiene miedo de su pareja
Un estudio identifica el maltrato oculto en chicas de 13 a 25 años
El 26,8% de las jóvenes españolas se sienten atrapadas en su relación y el 11,9% aseguran haber tenido miedo de su pareja. Así se desprende de un estudio dirigido por el profesor de Psicología de la Universidad de Sevilla Luis Rodríguez Franco, publicado este mes en la revista Inter-national Journal of Clinical Health Psychology.
Con estos datos, Rodríguez destaca que "los niveles de tolerancia al maltrato en jóvenes de entre 13 y 25 años es sorprendente". "La tolerancia a situaciones de violencia [en adolescentes universitarias] es elevada tanto en personas que se perciben como maltratadas como las que no, especialmente en el caso de las mujeres", añade.
Los expertos llevan años insistiendo en que las campañas contra la violencia machista deberían insistir sobre conductas concretas en las que aplicar la tolerancia cero.
Rodríguez explica que el Instituto de la Mujer señala la existencia de mujeres adultas que se autoperciben como maltratadas y las técnicamente maltratadas que no atribuyen la etiqueta de maltrato a la situación que sufren. El estudio, divulgado por la agencia Sinc, pretende verificar ambos tipos de maltrato y desarrollar alternativas de evaluación en parejas jóvenes.
Para ello, realizó dos trabajos diferenciados en una muestra de mujeres adolescentes y jóvenes escolarizadas, con una media de edad de 18,5 años. El primero, con una muestra de 709 mujeres, replicó la evaluación de maltrato técnico llevada a cabo por el Instituto de la Mujer y detectó un 6,2% de maltrato percibido y un 71% de maltrato técnico. En un segundo estudio, realizado a 1.327 jóvenes, se evaluó la concordancia entre las percepciones de sentirse maltratada, sentir miedo y sentirse atrapada en la relación. Un 5,8% de mujeres eran maltratadas, un 11,9% estaban atemorizadas y un 26,8%, atrapadas en sus relaciones.
El 57% de las víctimas tuvo una relación de más de un año con el agresor El estudio también señala que la edad de inicio de la relación problemática es temprana, especialmente en las mujeres, que ya indican relaciones conflictivas a los 13 años, mientras que en el caso de los varones sólo es detectada a partir de los 16.
Respecto a la duración de las relaciones, sólo en el 15,25% de los casos de mujeres que se declaran maltratadas, la relación llega a los seis meses, mientras que en el 57% ha sido mayor a un año.
Fuente: El Público
Holanda revisa su política de tolerancia ante la extensión de una marihuana más fuerte
La aparición del cannabis de cultivo nacional, la denominada nederwiet (hierba holandesa), ha dado un vuelco al pragmatismo que ha regulado desde 1976 las drogas blandas en el país. La nueva hierba afecta más al cerebro. Los ‘coffeeshops’ serán solo para socios
Con una política de información, prevención, tratamiento y control del daño causado por los narcóticos, ese año fue despenalizada la venta y consumo de cannabis. Poco después surgieron los famosos coffeeshops, el establecimiento hostelero made in Holland por excelencia. Libres de alcohol y tragaperras, dentro puede adquirirse y fumar hasta cinco gramos de marihuana. Fuertemente regulados para evitar la venta a menores, hay 650 en todo el país. Sobre el papel, la decisión del legislador de separar así el mercado de drogas blandas y duras parecía funcionar. Sin aumentar el consumo, la venta tolerada de marihuana evitaba que el comprador acabara en el mercado negro. La nederwiet ha cambiado las cosas.
No solo ha convertido los coffeeshops en centros difíciles de manejar. Con el tiempo, ha propiciado la afloración del crimen organizado. Para librarse de las mafias locales, algunos dueños han optado por cultivar la marihuana ellos. O bien encargarla a gente de su confianza. Ante la evidencia de que la holandesa es mucho más fuerte que la de importación, el Gobierno se ha adaptado a la realidad. En nombre de la salud pública, a partir de la próxima primavera el cannabis con una concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principio activo, superior al 15%, será considerado droga dura. No podrá venderse en los coffeeshops, que se arriesgan al cierre si vulneran la norma. Los análisis de sus existencias —guardan hasta un máximo de 500 gramos— serán frecuentes, y deberán informar al comprador del origen del producto. Las tres cuartas partes de la droga cultivada en Holanda —donde hay 40.000 cultivos de marihuana que generan, al año, unos beneficios de 2.000 millones de euros— tiene una concentración de THC entre el 15% y el 18%. La importada no supera el 6,6%, según un análisis del Instituto Trimbos, especializado en salud y adicciones. De modo que la tolerancia exhibida durante décadas por la policía llega a su fin.
La decisión ha venido precedida de un informe oficial que apunta al “aumento del riesgo de dependencia y trastornos psicóticos del cannabis fuerte”. Margriet van Laar, coordinadora del estudio que evalúa anualmente el uso de drogas en Holanda, señala que los más jóvenes “aficionados a la maría fuerte, pueden sufrir efectos adversos”. “Si un adolescente fuma mucho, la droga interfiere en el desarrollo de su cerebro. Puede derivar en una dependencia asociada a desórdenes mentales. Además de combatir el crimen, la nueva política trata de proteger a los más vulnerables. Se ha visto que los fumadores de poca edad tienen antes otros problemas, ya sean familiares, personales o de marginación”, dice, desde el Instituto Trimbos.
Un estudio publicado en octubre de este año por el Journal of Neuroscience, y efectuado por neurólogos de la Universidad británica de Bristol, observó “comportamientos distorsionados semejantes a la esquizofrenia”, en ratones inyectados con una sustancia que simula el efecto del THC. Entrenados para buscar comida, no podían decidir si hacerlo a derecha o a izquierda al llegar a una bifurcación en un laberinto. La zona del cerebro responsable de la memoria y la toma de decisiones había sufrido una alteración. “Las personas sanas pueden presentar síntomas como los esquizofrénicos debido al THC”, escribe Matthew Jones, principal investigador del trabajo. Otros análisis ya habían detectado problemas pasajeros de concentración, memoria y coordinación, después de fumar marihuana.
El debate sobre los efectos médicos del cannabis está lejos de cerrare. Un informe conocido ayer, publicado en The Journal of the American Medical Association, señala que los daños en el pulmón del cannabis son menores a lo esperado. Un estudio que comparó a fumadores crónicos de marihuana con los que solo consumen tabaco no encontró más tendencia entre los primeros a desarrollar males como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni un peor funcionamiento del órgano. Una explicación que manejan los autores es que el THC perjudique menos el pulmón por sus efectos antiinflamatorios.
Otra cosa, sin embargo, son sus efectos en la mente. Según el instituto Jellinek, dedicado al tratamiento y prevención de toxicomanías, “una cierta predisposición genética a la esquizofrenia, unida al uso de marihuana, aumenta el riesgo de padecer la enfermedad”. “No está demostrado que en personas sin ese factor genético favorable vaya a desarrollarse”, subraya la documentación del centro. Y continúa: “Si el uso intensivo se prolonga más de una década, la memoria puede resultar dañada para siempre. A su vez, parece posible que los usuarios muy jóvenes sufran problemas de memoria a largo plazo”. Datos del propio Jellinek señalan que los holandeses empiezan a consumir cannabis hacia los 14 años. Entre los 20 y los 24 años se produce un pico. Este baja significativamente a partir de los 30-40 años. En 2009, el Ministerio de Justicia calculó que unas 363.000 personas entre 15 y 64 años habían consumido cannabis. El grupo con problemas de adicción oscilaba entre 24.000 y 46.000 ciudadanos. Holanda tiene 16 millones de habitantes.
“Hay que poner las diferentes cifras en perspectiva. Los estudios epidemiológicos suelen señalar a España como el principal país consumidor de cannabis y cocaína”, continúa Van Laar. “Hay un dato sin contrastar, pero posiblemente cercano a la realidad, y es que cerca del 80% de la nederwiet se exporta. Así que fuera también piden una hierba de gran potencia”. En un sondeo de 2009 aportado por Jellinek, y relativo al consumo de marihuana, un 7% de la población admitió haberla usado (un mes antes de la consulta) en España, Estados Unidos e Italia. Le siguen Francia e Inglaterra, con un 5%. Holanda aparece después, con un 4%. Tras ella Irlanda y Bélgica, con un 3%. En Alemania, Austria, Portugal, Noruega y Finlandia dijo haberla usado un 2%. Suecia y Grecia están a la cola, con un 1%.
“La decisión oficial está clara porque regula la venta al público del cannabis fuerte. Pero la trastienda sigue sin arreglarse. Se mantiene el dilema del consumo legal frente a un cultivo perseguido por la justicia. Y este Gobierno de centro-derecha ya ha dicho que no quiere hacer experimentos con lo que es, en realidad, una paradoja legislativa”, concluye la experta. En puridad, la paradoja se deriva de una laguna jurídica. La Ley del Opio holandesa prohíbe la producción, posesión y tráfico de drogas, duras y blandas, pero no penaliza el uso recreativo del cannabis. Es decir, si bien cultivarlo para su venta es ilegal, puede comprarse sin problemas en un coffeeshop. En la práctica, los dueños se abastecen en un mercado ilícito, pero la policía no les molesta si cumplen las reglas impuestas a sus locales.
A lo largo del tiempo, han proliferado los cultivos de hierba holandesa en invernaderos clandestinos, viviendas, terrenos agrícolas y hasta sótanos. A veces, el desmantelamiento de una plantación encubierta se ha producido por casualidad. Los recibos del agua y la luz eran excesivos, y la policía, al entrar, halló pisos enteros forrados de plantas regadas por aspersión e iluminadas sin pausa. Otras veces, la marihuana estaba camuflada entre unos maizales. También algunos dueños de coffeeshops han recurrido a sembrar la cantidad necesaria para su venta particular. Sin olvidar la sorpresa constante de los turistas al comprobar que el mercado de las flores de Ámsterdam vende bolsas de semillas de marihuana. La policía no interviene porque el delito es cultivarla.
Todo ello es perseguido por las fuerzas del orden, que recuerdan las penas impuestas para el tráfico, cultivo, fabricación, transporte y venta de drogas blandas (y duras): hasta 4 años de cárcel (12 con las duras) o 74.000 euros de multa. La posesión de más de 30 gramos de cannabis puede acarrear dos años de prisión, o 18.500 euros de sanción. Hasta 30 gramos, un mes de reclusión o 13.700 euros. “La paradoja es un hecho. Pero cambiar la legislación requiere un acuerdo político que no parece posible de momento”, admite Martijn Bruinsma, del Ministerio de Justicia.
“Considerar el cannabis fuerte una droga dura servirá para controlar mejor la situación. Que el producido en Holanda tenga porcentajes tan altos de THC responde a los procesos de manipulación de la planta. Los coffeeshops saben lo que venden y la responsabilidad es suya”, añade. Su jefe y titular del ministerio, Ivo Opstelten, lo dijo muy claro en noviembre pasado: “Si no pueden medir el THC, tendrán que cerrar los establecimientos”.
Justicia no cree que los controles previstos arrojen al cliente al delito. “Los ciudadanos quieren fumar marihuana seguros y relajados. No en lugares lúgubres y peligrosos. Tampoco los turistas, que para eso ya tienen el circuito ilegal en sus países”, sentencia Bruinsma. Con su relativo silencio, apenas unos zumos y frutos secos a la venta, vigilancia (es preciso mostrar el pasaporte), y tablones con precios y variedades claros, los coffeeshops pretenden conservar su imagen de lugares de confianza. El dibujo de una hoja de maría en el cristal de la ventana suele ser la única huella externa de la naturaleza del lugar.
Pero ninguno puede evitar el efecto llamada, la clientela excitada y los problemas derivados del merodeo de grupos variopintos por los alrededores. Hay turistas europeos que fuman y se marchan del local sin rechistar. Cuando el viajero llega de Estados Unidos, por ejemplo, la sorpresa de tomar a la luz del día una droga que en su país les llevaría a la cárcel, suele ser más sonora. Otra paradoja, esta vez causada por la aplicación de la Ley del Tabaco, impide fumarlo en el interior. Solo se permite hachís. (Para los que quieran comparar el rastro dejado en el organismo por ambos productos, en Jellinek calculan que cuatro porros equivalen a 20 cigarrillos).
De modo que el complemento de la nueva normativa sobre el cannabis, conllevará aún otro cambio. El coffeeshop se transformará en un club para socios con carné. El pase será solo para ciudadanos con pasaporte holandés, o bien permiso de residencia. Un circuito cerrado que el Gobierno utilizará para atajar el creciente turismo de la droga. “El Tratado de Schengen abre las fronteras de la UE, pero también exige un control de este tipo de visitantes”, recuerdan en Justicia. En Maastricht, que linda al sur con Bélgica y Alemania, el flujo de extranjeros es muy visible. En especial los fines de semana. Con locales tanto en tierra firme como en barcos atracados en el río Mosa (Maas), que da nombre a la ciudad, el Consistorio ha pedido más tiempo para ponerse al día con los carnés. “Por su posición geográfica, contener las visitas llevará tiempo”, explican fuentes ministeriales.
¿Qué piensan de todo esto los vendedores? La Asociación Nacional de coffeeshops asegura que no puede controlar al detalle el producto. Con todo, es favorable a los controles de calidad, “siempre que podamos participar”. La asociación para la abolición de la prohibición del cannabis, por su parte, teme que la aparición de un mercado paralelo para la variedad fuerte que el Gobierno quiere erradicar. También alega que la proporción de THC varía de una planta a otra, y los análisis obligatorios de muestras de droga pueden ser difíciles de hacer.
En este panorama de endurecimiento legal, permanece intacta la venta de cannabis medicinal, aprobada en 2003. Producido por cultivadores aprobados por el Gobierno, es recetado por los médicos para aliviar la rigidez muscular de la esclerosis múltiple, el malestar de la quimioterapia del cáncer, y los dolores crónicos del sistema nervioso, entre otros. Los partidarios de la despenalización completa del cannabis, se preguntan si no podría arbitrarse una fórmula parecida, que permitiera sembrar varias plantas por persona. La respuesta oficial ha sido negativa. “Cualquier cultivo ajeno a Bedrocan, la empresa autorizada para fabricar la droga de uso médico, está prohibido”. Bedrocan sí puede exportarla, de acuerdo con la Oficina Estatal del Cannabis Medicinal. Italia, Alemania, Polonia, Israel, Estados Unidos y Canadá figuran hoy entre sus clientes con fines terapéuticos.
Fuente: El País
La Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz inicia la gestión de la Residencia y Centro de Día de Gavà en Barcelona
La gestión de este recurso de titularidad pública perteneciente a l´Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, se inició el pasado día 1 de enero y tendrá una duración máxima de 8 años, renovándose el contrato con una periodicidad anual.
El pasado día 1 de enero se inició una nueva etapa para la Residencia y Centro de Día de Gavà en Barcelona. Desde esta fecha la Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz se encarga de la gestión de este centro.
El servicio cuenta con 93 plazas de Residencia y 32 de Centro de Día, que se encuentran ocupadas prácticamente en su totalidad. El perfil de usuario corresponde mayoritariamente a personas con un alto grado de dependencia.
Con anterioridad al inicio de la gestión la nueva gestora convocó a un acto a todos los trabajadores, acudiendo también al mismo representantes de la anterior empresa responsable de la gestión del recurso. Durante el transcurso del acto representantes de la nueva gestora dirigieron unas palabras de bienvenida al equipo de profesionales que ha entrado a formar parte de la plantilla de la Fundación Salud y Comunidad en UTE con Lagunduz.
Los primeros días de gestión han transcurrido con la normalidad esperada, garantizándose la completa cobertura de todos los servicios. El hecho de contar con el personal de atención directa e indirecta que se venía haciendo cargo del centro hasta la fecha ha facilitado enormemente proporcionar la continuidad deseada al funcionamiento del mismo, de forma que tanto las personas usuarias como sus familiares no se vieran influidas por el cambio en la gestión del recurso.
Según ha manifestado la Directora del centro, Isabel Gavilán “iniciamos esta etapa con ganas por lo que supone de reto para nosotros, al comenzar una nueva forma de trabajo en atención a la dependencia, siempre teniendo presente que queremos seguir dando un buen servicio, que es el que merecen los usuarios”.
Desde este espacio, Isabel Gavilán ha aprovechado para dar las gracias a todas las personas que han colaborado, directa o indirectamente, en el cambio de gestión de este servicio, así como a aquellas otras que han hecho posible contar con todo lo necesario para que durante los primeros días de gestión del centro se haya podido prestar el servicio con total normalidad.
Una de cada cuatro jóvenes españolas se siente atrapada en su relación
Un estudio de la Universidad de Sevilla sobre mujeres escolarizadas revela que cerca del 12% se han sentido atemorizadas por su pareja. Además el 57% de las que se perciben como maltratadas prolonga sus relaciones con el agresor más de un año. Según los expertos, los preuniversitarios tienen un nivel de información escaso acerca de qué es la violencia de pareja.
"Los niveles de tolerancia al maltrato en jóvenes de entre 13 y 25 años son sorprendentes. La tolerancia a situaciones de violencia (en muestras pre y universitarias) es elevada tanto en personas que se perciben como maltratadas como no maltratadas, especialmente en el caso de las mujeres", afirma el profesor de Psicología de la Universidad de Sevilla Luis Rodríguez Franco.
De un artículo de este experto, publicado este mes en la 'International Journal of Clinical Health Psychology', se desprende que el 26,8% de las jóvenes españolas se siente atrapadas en su relación, mientras que un 11,9% asegura haber tenido miedo.
Según explica Rodríguez Franco, el Instituto de la Mujer en España matiza la existencia de mujeres adultas que se autoperciben como maltratadas y las técnicamente maltratadas (víctimas que soportan algún tipo de violencia pero no le atribuyen la etiqueta de maltrato). De este modo, el objetivo de este estudio es verificar ambos tipos de maltrato y desarrollar alternativas de evaluación en parejas jóvenes.
Maltratadas, atemorizadas y atrapadas
Para ello, se utilizó una combinación de 13 ítems conductuales y de una pregunta sobre percepción de maltrato (evaluaciones atómica y molecular, respectivamente). A través de las preguntas contenidas en el Cuestionario de Violencia de Novios (CUVINO), se realizaron dos estudios diferenciados con muestra de mujeres adolescentes y jóvenes escolarizadas. El primero de ellos (709 mujeres con una media de 18,5 años) replicó la evaluación de maltrato técnico llevada a cabo por el Instituto de la Mujer, y detectó un 6,2% de maltrato percibido y un 71% de maltrato técnico.
En un segundo estudio sobre 1.327 jóvenes de 18,5 años de media, se evaluó la concordancia entre percepciones generales (sentirse maltratada, sentir miedo y sentirse atrapada en la relación), y se encontró un 5,8% de mujeres maltratadas, un 11,9%, atemorizadas, y un 26,8%, atrapadas en sus relaciones.
Tras más de 10 años de estudio, los resultados del CUVINO, orientado a la evaluación de la violencia de género entre parejas de novios universitarios, con una muestra de más de 2.000 personas de Sevilla, Oviedo, A Coruña, Pontevedra y Huelva, arroja como resultado una estructura en ocho factores: violencia por coerción, emocional, sexual, de género (por la simple condición de ser mujer), instrumental, social, física y por desapego. Asimismo, el estudio señala que la edad de inicio de la relación problemática es temprana, especialmente en las mujeres, que ya indican relaciones conflictivas a los 13 años, mientras que en el caso de los varones sólo es detectada a partir de los 16.
Tolerancia cero ¿pero con qué?
Respecto a la duración de estas relaciones, el grupo de expertos ha determinado que sólo en el 15,25% de los casos de mujeres que se declaran maltratadas la relación llega a los seis meses, mientras que en el 57% ha sido de más de un año. "Estos datos tienen una clara lectura y es que no se trata de relaciones esporádicas y que no es fácil cortar con el agresor", indica el experto.
Los hombres, por su parte, denuncian sentirse indefensos ya que el 80% de los varones que se perciben como maltratados afirma no recibir apoyo. En la misma situación se encontró el 42,10% de las mujeres.
Luis Rodríguez Franco añade que las campañas de prevención en España se orientan a la denominada 'Tolerancia 0' aunque los resultados indican que tales campañas deberían hacer un especial énfasis en qué aspectos concretos y específicos se debería adoptar tal 'Tolerancia 0'. De hecho, los miembros del equipo de investigación han obtenido conclusiones clínicas de sus actividades de prevención.
Especialmente en preuniversitarios, el nivel de información acerca de qué es la violencia de pareja es muy escaso y habitualmente es identificada por ellos como de naturaleza exclusivamente física. Éste puede ser uno de los factores que justifiquen los altos niveles de tolerancia hacia conductas constitutivas de violencia de pareja, que quedan relegadas de una actitud crítica al considerarse o bien normal o bien algo ajeno a lo que es la violencia de pareja.
Fuente: El Mundo
Solo el diez por ciento de las víctimas de acoso sexual en el trabajo se atreve a denunciar
Según el último estudio realizado por el Ministerio de Igualdad, el 18 por ciento de la población activa se reconoce en el último año víctima de una situación de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Sólo el 10 por ciento se atreve a denunciar a la empresa y de ese porcentaje, menos del 3 por ciento acude a los tribunales de justicia. El acoso a las mujeres en el trabajo como una forma de violencia de género es el tema central de unas jornadas que se celebran en la Facultad de Derecho de Granada, organizadas por la Junta de Andalucía.
Este encuentro cuenta con conferencias y mesas redondas en las que se analiza un estudio que elabora la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social sobre el acoso a las mujeres en el trabajo como otra forma de violencia de género, a partir de una investigación realizada por la Universidad de Granada con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT.
En la comunidad andaluza en el último año se han realizado más de 2.000 consultas a la asesoría jurídica que prestan estos sindicatos CCOO y UGT a través del Instituto Andaluz de la Mujer y se han constatado más de 60 casos relacionados con acoso sexual en el trabajo. "Hay normativas e instrumentos jurídicos pero falta conciencia de que existen unos derechos y hay formas de defenderlos", matizó la responsable del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada, Ana Rubio, durante la presentación del estudio.
“Existen diferencias importantes en la Administración General del Estado, que debería de dar ejemplo y en cambio el acoso sexual y por razón de sexo aparece oculto. Una realidad que corrobora el hecho de que sólo haya una sentencia por acoso sexual en el trabajo entre 2008 y 2010. No es que no haya, es que permanece oculto", aseguró la experta.
Por su parte, la consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, durante la inauguración denunció las "dificultades que tienen las mujeres en estos casos ya que no siempre encuentran el cauce para denunciarlo, por lo que agradezco el trabajo de los sindicatos con su labor de asesoría". Además, la consejera de Igualdad reconoció que "los empleos de las mujeres son más frágiles y precarios y es más difícil denunciar porque también es más difícil definir estas situaciones. Por eso es importante este estudio, que hace un repaso de la normativa para ver si ha sido efectiva y qué hay que cambiar".
Y es que todavía, a pesar de la existencia de normas e instrumentos jurídicos para defender a la persona trabajadora, el acoso sexual o por razones de sexo queda finalmente impune en muchos casos.
Trípitico de las Jornadas: DESCARGAR
Fuente: EuropaPress
Aumenta el número de pacientes con patologías mentales asociadas al consumo de drogas
El alcohol, la cocaína y la heroína encabezan las demandas de tratamiento por adicciones en el CAS de Tarragona.
La adicción al alcohol se mantiene como la primera demanda de tratamiento en el Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CAS) de Tarragona durante el año 2011, seguida de la cocaína, la heroína y el cannabis.
Además, la tendencia que se observa es un aumento de la patología psiquiátrica asociada al consumo de drogas, también conocida como 'patología dual'. Se trata de trastornos depresivos, psicóticos, bipolares y, sobre todo, de personalidad, que están asociados al consumo de sustancias.
Hasta mediados de diciembre el centro atendió 574 primeras visitas y reinició unos 175 tratamientos. Los hombres son mayoría y representan el 80% de los pacientes, aunque cada vez hay más mujeres que solicitan tratamiento por un consumo abusivo de alcohol.
Fuente: Social.cat
Las ONG del sida ante el cambio de gobierno en España piden la continuidad del Plan Nacional del Sida
Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico sostenido y liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).
¿Qué sucedería si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida? ¿O dejara de tener voluntad política para liderar las responsabilidades adquiridas por el Gobierno español a nivel internacional? Las organizaciones del sida españolas tienen clara la respuesta: se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.
Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través de la existencia de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) que, según ha filtrado la prensa en los últimos días, “parece” que no figura ya en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad.
Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Mutisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan “es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año”.
Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH) afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante –indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. “Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la Ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales”, enfatiza Julio Gómez.
También se pide en la misiva que el Gobierno español cumpla con los acuerdos internacionales y europeos firmados para erradicar la pandemia del VIH, atenderla y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. “España se ha comprometido desde hace años en la respuesta mundial al VIH y debe cumplir porque la vida de millones de personas está en juego” comenta Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB). “Existe el compromiso de redoblar los esfuerzos y cumplir con las necesidades de financiación para el VIH a través de una responsabilidad económica nacional e internacional. Si lo que se pretende es intensificar el esfuerzo dirigido a la prevención y el control del VIH, no sería muy lógico que, tomando como argumento la crisis económica, se produjeran recortes -a nivel nacional, autonómico o local- para la prevención, control y abordaje del VIH” dice Poveda.
Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reúnion con la Ministra en próximas fechas. “Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación”, concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.
Fuente: Mediosysida
La moratoria en la Ley de Dependencia afectará a unas 30.000 personas
El Estado ahorrará en 2012 un 0,6% del coste total del sistema
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar un año el calendario de aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia afectará a unos 30.000 dependientes moderados, según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que subraya que con esta medida el Estado sólo ahorrará un 0,6 por ciento del coste total del sistema.
Estas personas valoradas con grado I y nivel 2 se habrían incorporado el 1 de enero al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), pero el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros retrasa hasta 2013 el acceso de estos dependientes a las prestaciones y servicios que les correspondían por ley.
Asimismo, la medida afecta a unos 250.000 dependientes moderados con grado I nivel 1 que también verán retrasado su ingreso en el sistema de dependencia un año, hasta 2014, pues a estos les correspondía en 2013.
En términos económicos, esta entidad estima que el ahorro para las arcas del Estado para el ejercicio 2012, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, alcanza los diez millones de euros, una cantidad "muy escasa", según Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Con el actual sistema de financiación, las comunidades autónomas dejarían de gastar 40 millones de euros en la atención a nuevos dependientes moderados, de manera que el Estado dejaría de incrementar el gasto para este grado de dependencia en cuarenta millones de euros, menos del 0,6 por ciento del total de coste neto de atenciones del sistema actual.
En concreto, el coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se sitúa en torno a los 240 euros, de los que las administraciones soportarían 30 euros, la AGE 60 euros y las comunidades autónomas 120 euros (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales).
Si bien la motivación del Gobierno con esta medida es la de reducir el déficit de las administraciones públicas, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el mayor impacto de la misma será de índole organizativa y de gestión para las comunidades autónomas.
No obstante, apuntan a que la moratoria servirá para atender a todas aquellas personas --más de 300.000-- que con el derecho reconocido, muchas de ellas en situación de gran dependencia, permanecen a la espera de recibir una prestación o servicio.
Fuente: EuropaPress