Las “medidas anticrisis”, con una inyección puntual de recursos, anunciadas por el Gobierno catalán en el debate de política general que ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña, no pueden ser la única respuesta al colapso sistémico que amplía y profundiza la brecha social desde hace más de una década. El debate de política general debe servir para marcar un nuevo rumbo que ponga el foco en cambios estructurales con impacto a largo plazo. El Consejo Asesor en Política Económica y de Hacienda, recientemente creado, debe complementarse con uno de expertos/as en Políticas Sociales que vele para que la salida de esta nueva crisis, no sea de nuevo a expensas de una mayor precariedad.

El plan de choque anunciado por el Gobierno catalán, dotado con cerca de 300 millones de euros, podría paliar parcialmente los efectos de las sucesivas crisis que acumulamos desde el descalabro financiero de 2008, si bien “la política de los parches” se ha demostrado ampliamente insuficiente y limitada, ante la deriva insostenible hacia la precarización, la cronificación de la pobreza y el aumento de las desigualdades.

En el escenario actual, marcado por la resaca de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética global y las tendencias inflacionarias, ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) reclama una apuesta clara en el Gobierno catalán hacia un nuevo rumbo social.

El debate debe incidir en este contexto, poniendo el foco en aquello que nos jugamos socialmente: la cohesión y la capacidad colectiva para convertir este cruce en un punto de inflexión. Si no queremos perpetuar y agraviar las injusticias que hoy condenan cada vez más personas en una vida de precariedad y desesperanza, hace falta una mayor determinación y coraje político para afrontar los problemas de raíz, señala la entidad. Desde la Fundación Salud Salud y Comunidad (FSC), entidad que forma parte de ECAS, compartimos este planteamiento, en la línea de las ideas que venimos expresando al respecto.

La vulnerabilidad, tal y como mantiene ECAS, no afecta a ciertos colectivos, es de una sociedad que aboca a gran parte de su población a situaciones de pobreza y exclusión, vulnerando sus derechos más básicos y dejando en papel mojado los cimientos de nuestra convivencia.

La necesidad de un nuevo pacto de rentas es urgente. La iniciativa más prometedora del Gobierno en este sentido es el plan piloto por una Renta Básica Universal, que puede suponer un paso significativo hacia el cambio de paradigma, en defensa de los derechos y de la justicia social.

A tres meses de su implementación -se tendría que empezar a desplegar en enero de 2023 -, esperamos que represente y se confirme como una apuesta por la universalidad, la incondicionalidad, el reparto de la riqueza, la prevención y la igualdad de oportunidades.

Según señala ECAS y compartimos, la creación el pasado mes de julio de un Consejo Asesor en Política Económica y de Hacienda Pública debe contribuir a hacer efectivos y factibles los proyectos del Gobierno y convendría asegurar también que se haga velando por los principios de equidad y justicia que recoge su plan para esta legislatura. No se puede permitir que se recupere la economía, pero que siga sufriendo la ciudadanía, y en este sentido podría ser útil un Consejo Asesor en Políticas Sociales que complemente y se coordine con el grupo de expertos/as en economía.

El acuerdo firmado recientemente con las patronales del Tercer Sector representa un primer paso, si bien insuficiente, e incluye una serie de compromisos para acabar con la infrafinanciación y la inestabilidad de las entidades que no pueden quedarse olvidados en un cajón.

Menos aún en un contexto socioeconómico como el actual que acentúa el desequilibrio entre ingresos de los hogares y coste de la vida y que pone a prueba de nuevo la capacidad de respuesta del sector. Es necesario, por tanto, un nuevo paradigma transformador, en línea con la apuesta por una Renta Básica Universal.