El Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ha realizado un protocolo-guía para garantizar la escucha y participación de niños, niñas y adolescentes para su aplicación prioritaria en la comunidad. Su finalidad es que la opinión de los y las menores sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afectan, en los procedimientos técnicos del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón.

En la elaboración de este protocolo, ha participado un grupo matriz integrado por 13 personas de diferentes instituciones y en el Grupo de Validación, entre otros profesionales del ámbito de menores, nuestro compañero Daniel Urbina, director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, en Zaragoza, dirigido y gestionado por la Fundación Salud y Comunidad (FSC).

A través de este documento, que ya ha sido presentado públicamente al ámbito profesional, se pretende garantizar el derecho de los y las menores a ser escuchados/as y a participar activamente, a lo largo de su proceso de protección y lograr que su escucha y participación sean un objetivo común en todas las entidades y profesionales que intervienen en el sistema de atención público. Cabe señalar, en este sentido, que el protocolo ya ha sido adaptado e incluido desde hace algunos meses en el funcionamiento del CAM de Ateca, destacándose los buenos resultados alcanzados hasta el momento, según afirma Daniel Urbina.

El protocolo contempla los siguientes contenidos y aspectos: una introducción; definiciones de escucha y participación; ámbito de aplicación; objetivos; la escucha y participación en el proceso de protección (cuándo y cómo), así como bibliografía relacionada y anexos. De especial interés es, además, el prólogo del documento, escrito por Joaquín Santos, director Gerente del IASS, en el que señala que, en estos años de trabajo, se han realizado significativos avances desde la administración, en la línea de la propuesta que ofrece este documento.

Entre estos avances, destaca la intención de facilitar el establecimiento de dinámicas profesionales de colaboración y coordinación desde los servicios públicos, dado que son potenciadores de la iniciativa personal y de la incorporación de nuevos elementos culturales, en este caso, en la escucha de los y las menores en sus procesos de intervención.

En este sentido, señala que ello es de vital importancia, ya que los niños y las niñas, principales destinatarios de las diferentes actuaciones, no deben ser considerados como sujetos pasivos. De acuerdo con sus propias palabras, pueden no tener la mayoría de edad y estar sometidos al criterio de los adultos a su cargo, pero esto no quiere decir que no sean sujetos de derechos ni capacidad personal para exponer sus necesidades y la perspectiva, desde la que comienzan a ver su propia vida.

Por otra parte, adentrándonos en el documento, señalar, en cuanto a la escucha y participación en el proceso de protección, que, según se detalla, al comienzo de la intervención (en el momento en que se considere más adecuado) se informará a los y las menores de sus derechos y especialmente, de la posibilidad de participar dando su opinión, y que ésta será en cuenta. Además, si tras la valoración profesional se decide algo diferente, se les justificará la decisión tomada.

En todos estos casos, se dará la opción a los y las menores de plasmar su opinión directamente por escrito, o a través de un representante o profesional especializado. Se valorará por el equipo la misma, teniendo en cuenta dicha opinión, siempre que redunde en el interés superior del/de la menor.

Igualmente, tras informarle de sus derechos y comprobar que los ha entendido, se tendrá en cuenta su apreciación acerca de la gravedad y urgencia de la desprotección. Para ello, será necesario recoger su opinión sobre la situación familiar y necesidades propias, su valoración de las posibles causas y necesidades, así como propuestas de resolución.

Por otra parte, se adaptará el modo de recoger esta participación a su edad, capacidades cognitivas, aptitud y actitud, así como al nivel de comunicación, en el caso de que sean extranjeros/as o tengan diversidad funcional. Tras la valoración inicial junto a los y las menores, se planificará la intervención prevista, recogiendo sus propuestas, sugerencias y posibles quejas.

Además, de acuerdo con el protocolo, durante el tiempo de acogimiento, participarán en el modelo de comunicación y tipo de relación con los diferentes profesionales, así como en el rediseño y funcionamiento de los recursos, y propondrán mejoras y nuevos servicios, adaptados a las necesidades.

Cabe señalar también, en cuanto al cómo del proceso de escucha y participación, la necesidad de crear las condiciones que garanticen la confidencialidad, realizando la comunicación con los y las menores en un lugar en el que se sientan seguros/as, evitando elementos distractores e interrupciones; siempre que sea posible. La entrevista además se debe establecer sin la presencia de padres o adultos que puedan tener algún conflicto de intereses, además de favorecer que se haga todo el proceso en el idioma de los y las menores.

Por otra parte, se deben evitar presiones de cualquier tipo que puedan ejercer su derecho con libertad y crear un entorno amigable, al igual que registrar cuidadosamente y de manera fiable la opinión de los y las menores, evitando preguntas o actitudes sugestivas; reducir al mínimo el número de profesionales con los que tiene que relacionarse, etc.

Otro dato de interés es la ficha de recogida de información que aporta este protocolo. Tal y como se señala en el mismo, de forma genérica en todos los informes que emitan los equipos técnicos, deberá constar la opinión de los y las menores, así como una fundamentación sobre el grado de coincidencia con la decisión que se adopte o con la propuesta que se realiza, de acuerdo con esta ficha de recogida de opinión, ofrecida en un anexo.

También se aporta un decálogo de participación y escucha para niños, niñas y adolescentes, en consonancia con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que pueda servir como instrumento de trabajo a los y las profesionales del ámbito.

Desde la Fundación Salud y Comunidad valoramos positivamente este protocolo de escucha como guía eficaz que da valor a la participación de los y las menores, y, especialmente, la colaboración de nuestro compañero Daniel Urbina en el Grupo de Validación, a través de sus preciadas aportaciones.