Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
- Quienes más servicios prestan no pueden ahorrar con la reducción de las pagas de las cuidadoras
- Aquellas que resuelven con agilidad nada ganan con la eliminación de la retroactividad
Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.
Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.
Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.
Fuente: El País
Acuerdo para impulsar políticas locales de lucha contra el consumo de drogas
El Ministerio de Sanidad ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar políticas locales en materia de lucha contra las drogas, que incluyan la prevención del consumo entre los menores.
De esta manera, el secretario general de la FEMP, Ángel Fernández, ha subrayado la importancia que cobran las entidades locales a la hora de luchar contra el consumo y tráfico de drogas gracias a su cercanía con la población.
De la misma opinión es el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha destacado que las Administraciones locales son "la primera puerta a la que el ciudadano llama" y son las que deben responder de manera "rápida" a sus necesidades. "La cercanía de las administraciones locales es vital para que nuestros planes de lucha contra las drogas y las adicciones tengan éxito", ha apostillado.
Dicho esto, ha abogado por la cooperación entre todas las administraciones del Estado, especialmente en el ámbito de la lucha contra las drogas y ha subrayado el "papel" de la FEMP a la hora de coordinar, impulsar y mejorar la labor de los ayuntamientos y corporaciones locales en la lucha contra las drogas.
Además, ha hecho referencia a los continuos esfuerzos de otros sectores de la sociedad, como el empresarial, con quien recientemente ha firmado el Ministerio de Sanidad un acuerdo para también ayudar a evitar la ingesta masiva de alcohol y el consumo de drogas.
El convenio establecido entre el Ministerio de Sanidad y la FEMP está dotado con 300.000 euros --200.000 menos que en el ejercicio anterior--, procedentes del Fondo de Bienes Decomisados. Este acuerdo lleva en vigor desde 2001 y es renovado cada año.
En la actualidad, cerca de 300 municipios de tamaño grande y mediano cuentan con un Plan Local de Drogas, que sirve para actuar en todos los sectores en los que se puede intervenir en este campo.
PROTOCOLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
El acuerdo de este año incluye como novedad la elaboración de un protocolo de actuaciones preventivas para menores en situación de riesgo, que facilita su implantación y desarrollo por parte del cuerpo de Policía Local en municipios que carecen de estos servicios.
De este modo, los cursos y las actividades de formación para este colectivo ponen el acento en informar de manera eficaz a los adolescentes sobre los riesgos asociados a la ingesta de sustancias; detectar precozmente los indicios de consumo de drogas y colaborar con los equipos comunitarios del área o del municipio del que se trate.
En general, el objetivo del trabajo de la Policia Local es orientar eficazmente a las familias y a los propios jóvenes en riesgo sobre la manera de abordar precozmente estos problemas con el fin de lograr que el consumo no se convierta en abuso o dependencia con el tiempo.
Por último, Moreno ha recordado que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas destinará este año 4,5 millones de euros para financiar programas municipales que fomenten alternativas de ocio saludable juvenil.
Esta financiación se realiza cada año a través del Orden de Ayudas, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de la que pueden beneficiarse capitales de provincia, cabildos y consejos insulares así como ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.
Fuente: Europa Press
El Govern relanza un plan contra la violencia machista en jóvenes tras el repunte de muertes
El Govern ha presentado en el Parlament un nuevo plan de prevención de la violencia machista entre los jóvenes catalanes después de que se hayan disparado las muertes de mujeres a manos de sus parejas y de que el programa 'Talla amb els mals rotllos' --'Corta con los malos rollos'-- haya estado más de un año paralizado.
El nuevo programa de prevención se ha bautizado como 'Estimar no fa mal. Viu un amor lliure de violencia' --Querer no hace daño. Vive un amor libre de violencia-- y también estará dirigido a padres y a profesionales que tienen interacción con este grupo de población.
En comisión parlamentaria y junto al secretario de Familia de la Generalitat, Ramon Terrassa, Gatell ha reiterado el compromiso del Govern en la lucha contra la violencia machista, y ha subrayado que el nuevo programa se iniciará en la etapa de primaria, alargándose hasta los 19 años.
"Irá más allá de una sesión puntual", tal y como sucedía con el anterior programa, que fue eliminado en abril de 2011, ha explicado Gatell, concretando que los jóvenes recibirán cursos sobre este ámbito.
Esta iniciativa se incluye en el Programa de Intervención Integral contra la violencia machista 2012-2015, que implica a las Consellerias de Justicia, Interior, Enseñanza, Salud y Bienestar Social.
Fuente: Europa Press
El gobierno extiende el copago a los dependientes
La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad implicará que las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos.
Así lo han acordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia, que ha ultimado el borrador de la reforma de la ley y definido el Real Decreto que modificará las condiciones actuales de copago de los usuarios de dependencia, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica. La intención es que ambas normas se aprueben este viernes en Consejo de Ministros.
Sobre los cuidadores familiares, se reduce un 15% la cuantía máxima que pueden percibir y se deja libertad a las comunidades autónomas para fijar el importe en cada uno de sus territorios, por lo que en las mismas circunstancias, dos personas podrían cobrar distinto en función de su lugar de residencia. Además, estos cuidadores no profesionales deberán "cumplir con unos conocimientos básicos para atender a la persona dependiente y convivir con ella", según los nuevos "requisitos" anunciados por Mato.
En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del IMSERSO, Cesar Antón, ha señalado que "se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores". Mientras no exista esta normativa, los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de "régimen transitorio" que aún está por definir, conforme ha señalado. Por su parte, quienes están ya dados de alta, seguirán como hasta ahora.
Otra de las novedades de la reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, ,el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se eliminan los niveles con los que se clasificaba a los usuarios en función de su gravedad dentro de un mismo grado de dependencia y se pospondrá hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, quienes tienen una dependencia moderada. "Mientras tanto, serán atendidas en la red de servicios sociales", ha dicho la ministra.
Asimismo, Mato ha señalado que se establecerán "criterios mínimos y básicos" para todas las comunidades autónomas "tanto en la solicitud como en el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a recibir la prestación", aunque no ha especificado cuales. Sí ha señalado que se ampliará la posibilidad de facilitar la prestación por asistente personal a todos los grados, ya que se trata de promover los cuidados profesionales, no necesariamente fuera del ámbito del domicilio.
En este sentido, Antón ha señalado que para promover los servicios se establecerá un sistema de financiación por el que se repartirá el 90% del fondo estatal en función del número de dependientes atendidos (como hasta ahora) y el diez por ciento restante atendiendo a las autonomías que tengan más usuarios atendidos de este modo. Esta proporción se irá ampliando durante los próximos cinco años hasta destinar al final la mitad de los fondos a cada concepto.
La vivienda, como garantía para las residencias
Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial. El Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.
Si se mantiene la previsión de que la vivienda habitual se tenga en cuenta para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial, de manera que la cantidad que deba abonar se habrá estimado calculando no sólo sus ingresos, como hasta ahora, sino también su patrimonio. Antón ha concretado que las comunidades que tengan reconocimiento de deuda --el dependiente responde con su casa del importe que le corresponda pagar por la residencia-- podrán aplicarlo, aunque no es una iniciativa planteada por el Gobierno ni recogida en el decreto.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impugnó este precepto de la Ley de Dependencia por considerar que la vivienda de una persona con discapacidad no podía entrar como parte de su renta a la hora de optar a una ayuda pública. Antón ha concretado que en la reforma quedará exento el patrimonio protegido de estas personas, que no será tenido en cuenta en el cálculo de su capacidad económica.
Además, ha apuntado que este copago será "progresivo" hasta un máximo del 90% del precio del servicio, que se basará en la capacidad económica del dependiente, en el servicio que esté recibiendo y que no supone un empeoramiento generalizado para todos los usuarios, ya que los habrá de rentas bajas que seguirán sin pagar nada, mientras las rentas altas "tendrán que aportar más".
Fuente: Europa Press
Aumenta la cifra de personas sin hogar que asiste el Centro de Acogida e Inserción de Alicante
La crisis, las circunstancias familiares adversas o las adicciones. Son algunas de las causas que hacen que el número de personas que vive en las calles de Alicante no mengüe, e incluso se haya incrementado en el último año.
Así, el Centro de Acogida para Personas sin Hogar de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante sitúa en 1.600 las asistencias que se espera realizar este año. Un dato bastante más elevado que el de 2011, cuando se asistió a algo más de un millar de personas.
El pasado 9 de julio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó prorrogar a la Fundación Salud y Comunidad el contrato de gestión de este servicio, para el que se destinará en el próximo año algo más de un millón de euros.
Este centro, ubicado en la avenida Doctor Jiménez Díaz, está estructurado en cuatro tipos de programas de atención integral. Cuenta con 72 plazas de alojamiento y un servicio de comedor con 90 plazas, que se distribuyen según los distintos programas.
El de acogida es el más demandado. Cubre las necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención durante tres días, sirviendo de puente a la incorporación de usuario a programas específicos de larga estancia.
Desde este programa, algunos usuarios que desean dejar la calle y se comprometen a cumplir determinadas normas, pasan al de inserción. Pero en muchos de los casos atendidos en el CAI, los usuarios tienen dificultades para someterse a unas normas y salir de la calle. En estos casos, existe un programa de baja exigencia, que ofrece servicios básicos para mantener su calidad de vida.
Además, existe un servicio de emergencia, que ejerce funciones a la vez de asistencia y de prevención.
Fuente: las Provincias
El 30% de las familias no sabe cómo detectar el consumo de drogas
Un estudio indica que el 56% no considera el alcohol y el tabaco un factor de riesgo para sus hijos
El 30% de las familias valencianas reconoce no tener suficiente información como para detectar si alguno de sus miembros consume drogas. Ese mismo porcentaje también desconoce cómo hacer frente a este problema. Estas son algunas de las conclusiones del Estudio sociológico sobre familias valencianas como agentes de salud y prevención realizado por la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias (Fepad), en el que fueron entrevistadas 640 familias con hijos menores de 21 años, según informa la agencia Efe.
El informe asegura que el 71,3% de los entrevistados considera el consumo de estupefacientes como uno de los principales problemas sociales y, aunque la familia asume su papel de agente preventivo, se detectan “determinadas distorsiones a la hora de entender y poner en práctica las acciones preventivas”. Un porcentaje similar de familias participantes en el estudio se muestra preocupado por las conductas relacionadas con el tráfico de drogas y muestra su preocupación por la violencia asociada al consumo o a los problemas familiares que pueda causar.
Riesgo en el deporte
Uno de los aspectos que revela el estudio demoscópico es que el 42% de los entrevistados está convencido de que el consumo de drogas en la práctica deportiva es un riesgo. Una conclusión que, según la Fepad, indica la necesidad de reforzar las acciones familiares de educación para el ocio dirigidas a fomentar aficiones saludables en el deporte que protejan a los hijos de las prácticas de riesgo que implica el consumo de drogas.
El hecho de que los padres consuman sustancias prohibidas es un factor que incrementa la posibilidad de que sus hijos se inicien en el uso de las drogas o que no abandonen su consumo. El 81% de los entrevistados cree que el modelo familiar es determinante en la conducta y comportamiento de los hijos.
Por el contrario, un porcentaje nada desdeñable de los entrevistados, el 56%, no considera el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco un factor de riesgo para sus hijos.
Las familias valencianas que tienen vástagos entre 18 y 21 años perciben el entorno social como el elemento de mayor peso en el consumo de drogas.
Fuente: El País
Bajan un 2,7% las denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2012
- El Observatorio denuncia una "bolsa oculta de maltrato" que no aflora
- En el primer trimestre de 2012 se presentaron 30.985 denuncias, 339 diarias
- Solo el 1,29% de las denuncias las presentaron familiares
Las denuncias por violencia machista han descendido en el primer trimestre el año a 30.895, una media de 339 diarias, lo que supone un 2,7% menos que en los últimos tres meses de 2011.
Así se desprende de la estadística del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género correspondiente a los meses de enero a marzo de 2012, que refleja que el número de mujeres que ha renunciado a continuar con el proceso judicial (3.711) ha bajado también un 2,7%. Esta última cifra, si bien ha bajado sigue representando el 12% del total de las denuncias presentadas.
El informe del Observatorio está basado en los datos obtenidos de los 106 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de toda España y en los 355 juzgados con competencias compartidas.
El 73,23% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, el 11,75 de las derivadas de los partes de lesiones y el 12,21% como resultado de la intervención policial directa, mientras que sólo en el 1,29% de los casos fueron los familiares los que las presentaron.
En casi seis de cada diez casos -el 55%- la relación de pareja se mantenía en el momento de presentar la denuncia, en tanto que en los otros cuatro casos (45%) ya había concluido.
El 36% de las denuncias fueron interpuestas por víctimas extranjeras (11.123), de las que 1.460 renunciaron a continuar con el procedimiento judicial.
Más de 5.000 órdenes de protección
Asimismo, se solicitaron 8.343 órdenes de protección en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de las que, según los datos del Observatorio, fueron adoptadas 5.232, lo que supone un 63% de los casos.
Se adoptaron 16.766 medidas penales derivadas de las órdenes de protección, tales como la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación acordadas ambas en un 81% de los casos y se dictaron 3.984 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. En concreto, de éstas, un 24,7% acordaron la prestación de alimentos; un 20,7% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda; en un 7,8% se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; en un 2,9%, la suspensión del régimen de visitas, y un 0,5%, la suspensión de la patria potestad.
Respecto al pasado año han aumentado "ligeramente" las medidas acordadas respecto a la suspensión de la guarda y custodia y la suspensión de la patria potestad.
De los 30.895 asuntos ingresados, se resolvieron por juicio rápido un total de 8.215 asuntos, que suponen un 26,59%.
57,76% de sentencias condenatorias y 42,24% absolutorias
En total se dictaron 13.138 sentencias penales, de las que el 57,76% (7.588) fueron condenatorias y el 42,24% absolutorias (5.550). En particular, los juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron 4.453 sentencias, de las que el 72,65% resultaron condenatorias.
A juicio del Observatorio, el perfil de los delitos instruidos por los juzgados de Violencia sobre la Mujer permanece "estable": el mayoritario fue el de lesiones (76,4%), seguido por los delitos contra la libertad, como coacciones y amenazas (8,7%).
Respecto a los juzgados de lo Penal -que enjuician los delitos castigados con penas de hasta cinco años de cárcel- se dictaron 8.575 sentencias y en el 49,82% fueron condenatorias (4.272).
Las audiencias provinciales -que enjuician delitos con penas de más de cinco años- dictaron 110 sentencias, de las que el 73,64% fueron condenatorias.
"Bolsa oculta de maltrato"
La presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, ha afirmado que aún existe una "bolsa oculta de maltrato que no aflora", por lo que ha considerado "imprescindible" desvincular de las ayudas sociales la necesidad de interponer denuncia para acceder a los derechos que otorgar la ley de carácter asistencial y económico.
Montalbán ha dicho que debería bastar con "un informe de servicios sociales, Instituto de la Mujer, psiquiatra o psicólogo o informe de fiscalía, que refleje la situación de maltrato a la que está sometida la víctima, como ya se recoge en algunas leyes autonómicas", para que las maltratadas pudieran tener acceso a las ayudas de carácter asistencial y económico,como ya lo recogen algunas leyes autonómicas.
Ha reconocido el "esfuerzo" y el "trabajo" de los jueces de violencia sobre la mujer teniendo en cuenta que, en su opinión, tienen una "sobrecarga de trabajo", por lo que ha estimado "vital" crear nuevos órganos judiciales.
Para Montalbán, con el nombramiento de nuevos jueces "será posible" completar la especialización de los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer.
Fuente: RTVE
El Gobierno reparte cerca de 12 millones de euros a las CCAA para abordar el problema de las drogodependencias
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y los representantes de las comunidades autónomas han acordado este miércoles el reparto de un total de 11,98 millones de euros al conjunto de las autonomías para el Plan Nacional de lucha contra las Drogas.
Así lo ha comentado Moreno a la entrada de la primera Conferencia Sectorial sobre esta materia que se realiza en esta legislatura, donde, además, ha destacado la necesidad de que el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos aúnen esfuerzos en la prevención y en la lucha contra el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
En concreto, la comunidad que más recibirá será Madrid, con 1.897.454, 37 euros, seguida de Andalucía (1.889.360,15), Cataluña (1.785.105,87), Comunidad Valenciana (1.042.470,72) y Castilla y León (908.818,84).
A éstas le siguen Galicia (748.519,81), Canarias (570.415,97), Castilla-La Mancha (564.533,93), Aragón (479.044,75), Asturias (467.147,33), Extremadura (409.981,12), Murcia (409.393,77), Baleares (328.606,74), Cantabria (251.194,35), La Rioja (129.544,08), Ceuta (58.211,92) y Melilla (48.696,28).
"Vamos a seguir redoblando esfuerzos en las estrategias para luchar contra los nuevos patrones de consumo como, por ejemplo, el alcohol y las borracheras a edades muy tempranas", ha recalcado el secretario de Estado, tras lamentar que las redes de narcotráfico sigan "esforzándose" por innovar en nuevas sustancias cada vez "más adictivas" y "más fáciles de colocar en sectores poblacionales muy susceptibles de poderlos consumir".
Dicho esto, Moreno ha insistido en la importancia de realizar políticas de prevención para los más jóvenes dado que, en el actual momento de crisis económica y social, son "muchos" los que están en riesgo de "exclusión social" y se encuentran en situaciones de "cierta marginalidad" debido a conflictos familiares, escolares, laborales y de capacidad adquisitiva.
Asimismo, ha proseguido, el Gobierno pondrá un especial énfasis en las mujeres drogodependientes debido al papel "tan importante" que juegan en la sociedad. "Queremos que en este ejercicio tengan una atención especial este tipo de mujeres", ha recalcado.
Del mismo modo, Moreno ha pedido al conjunto de la ciudadanía que "brinde la oportunidad" a los drogodependientes que quieran reinsertarse y ha insistido en que el Gobierno mantendrá "absolutamente firme" su compromiso de trabajar para que este hecho sea una realidad.
"Tenemos que sumar esfuerzos en recursos humanos y económicos y las comunidades juegan un papel decisivo. Por ello, nuestra idea es redoblar y mejorar la colaboración institucional para que todos juntos podamos empujar en la misma dirección y que España siga siendo pionero en la lucha contra el narcotráfico y en la prevención y reinserción de los ciudadanos", ha comentado.
Por último, el secretario de Estado ha informado de que no se despenalizará "ninguna" sustancia y de que, por el contrario, se realizarán campañas de sensibilización para concienciar a la población de los peligros que conlleva especialmente la ingesta de alcohol.
"Este consumo tiene un cierto grado de aceptabilidad que nos preocupa y es importante advertir que es peligroso y, muy especialmente, cuando se hace en edades muy tempranas", ha zanjado.
Además, en la reunión también ha presentado un informe sobre el desarrollo del proyecto COPOLAD de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina en materia de drogodependencias, que está financiado por la Comisión Europea con 6 millones de euros.
Para Moreno, el programa COPOLAD está permitiendo afianzar la presencia española en Iberoamérica como un referente en políticas de lucha contra las drogas.
Fuente: La Vanguardia
Medidas educativas alternativas a adolescentes sancionados por consumo de drogas: ¿Educación o Reparación?
Uno de los riesgos asociados al consumo de drogas es la posibilidad de ser multado de acuerdo con la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que sanciona el consumo de drogas en lugares públicos (calle, plazas, bares, etc.) así como su tenencia para consumo propio con multas de a partir de 300,52 euros. Sin embargo, la ley también prevé la posibilidad de suspender la sanción económica si la persona accede a hacer un tratamiento de deshabituación del consumo. Con esta realidad, y el hecho de que los consumidores adolescentes raramente presenten criterios propios de una dependencia, han surgido propuestas de trabajo que plantean una respuesta preventiva a la sanción por tenencia o consumo de drogas -generalmente cannabis- sugiriendo los mismos de participar en un programa educativo como alternativa al pago de la multa. Se dirigen a menores de edad, mayores de 14 años y menores de 18 años, y sus familias. La finalidad principal es ofrecer una intervención de atención, seguimiento y prevención, que se basa en una respuesta educativa alternativa a la sanción administrativa, a cambio de la retirada de la sanción económica. De acuerdo con lo establecido en la ley y con voluntad de ser consensuada con todos los agentes implicados: infractores y sus familias, cuerpos de seguridad y servicios sociosanitarios especializados en el consumo de drogas.
A pesar de estar falto de validación científica, este tipo de programas están considerados como buenas prácticas en diferentes estudios internacionales y programas europeos evaluados y reconocidos por el observatorio europeo EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction - Examples of evaluated practices: EDDRA). Su desarrollo se basa, principalmente, en los siguientes ejes de actuación:
1. Trabajar conjuntamente con los cuerpos de seguridad del municipio y/o de la zona
Este programa destaca por el trabajo conjunto entre profesionales de la salud y servicios sociales con cuerpos de seguridad. Conjuntamente se pretende realizar un diagnóstico de necesidades, optimizar la relación y establecer protocolos de trabajo que promuevan la coordinación de recursos (McGrath, Y. et al., 2006; Roe, E. and Becker, J., 2005; Allot, R., Paxton, R . and Leonard, R., 1999).
2. Desarrollar una medida educativa (no reparadora) de seguimiento educativa consistente.
No está pensado en clave "reparadora": no pretende reparar el hecho cometido sino trabajar desde una perspectiva de seguimiento psicológico, educativo y social. Se prioriza la detección precoz, la prevención selectiva y convertirse en elemento de referencia para jóvenes consumidores (Zonnevylle-Bender et al., 2007; Toumbourou et al., 2007; Canning, 2004). Se incide en una misma persona desde diferentes ámbitos de intervención, para detectar e intervenir en casos de consumo, favoreciendo su aproximación a la red de recursos sociosanitarios. Con este programa se intenta que el hecho no quede sólo en una medida punitiva, ya que la sanción económica, de facto y mayoritariamente, repercute sobre los padres o tutores (Sussman, S. et al., 2004; Smith, 2000).
Además, la aplicación del programa implica que el menor y su familia se quieran adherir y formalicen el compromiso, el seguimiento, y el cumplimiento de sus objetivos, y la valoración. Conjuntamente con la familia, elemento clave para la aplicación del programa (Toumbourou et al., 2007; Kumpf KL et al., 2003; Loveland-Cherry, CJ, 2000).
3. Debe ser complementario con otras tareas de prevención, atención, información y asesoramiento relacionadas con el consumo de drogas.
Sus principios de intervención tienen una clara orientación desde la perspectiva de promoción de la salud (Arthur, MW, Blitz, C. 2000; Wandersman, A., Florin, P. 2003). El desarrollo de este tipo de programas tiene sentido si se enmarcan en estrategias más amplias de intervención y prevención del consumo de drogas (planes municipales o supramunicipales, comisiones de trabajo, etc.).
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Decálogo de ideas que deberían tenerse en cuenta para desarrollar estos proyectos:
- Las medidas educativas alternativas son una oportunidad para poder trabajar aspectos educativos y preventivos desde la perspectiva de detección precoz, de gestión de riesgos y prevención selectiva.
- Convierten en un mecanismo útil para acercarnos a determinados colectivos. Y establecernos como referentes.
- Nos permiten trabajar globalmente y de forma coordinada con otros agentes comunitarios (los cuales también escuchan "nuevos" discursos sobre la reparación).
- Para ponerlas en marcha debemos contar con el apoyo e implicación posible de políticos y tècnicos de todas las instituciones que intervienen en el proyecto.
- El proyecto debe ser enmarcado en una estrategia más amplia (a nivel municipal o supramunicipal) de prevención de drogas.
- Ya que se trata de una estrategia de prevención selectiva, hay que dotar decontenido teórico y metodológico en el proyecto para fomentar una idea de la prevención que vaya mucho "más allá" del paradigma clásico de la abstinencia.
- El abordaje es esencialmente educativo, considerando cada caso de forma individual y creando un plan de trabajo personal. La adhesión al seguimiento no anula la sanción per se. La valoración depende del proceso.
- Antes de iniciar cualquier acción de implementación, se recomienda realizar unanálisis de la situación de la población y dimensionar la realidad y el posible trabajo a realizar.
- Hay que partir de profesionales especializados en materia de consumo de drogas e intervención con jóvenes y adolescentes.
- Estos proyectos son la excusa perfecta para revisar comunitariamente qué significar todo esto de educar (¡y no reparar!).
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Pensando en la intervención con adolescentes, previamente tendríamos que revisar algunas cuestiones por lo que se refiere a la comprensión de la cuestión de las drogas y su problematización. A nivel de contexto social, histórico y cultural Romaní (1999), Funes (1991, 2010), Conde (1999) y Comas (2002) nos han advertido en numerosas ocasiones de los peligros de simplificar cuestiones complejas vinculadas a estos temas. De estos autores, y de nuestra propia visión y experiencia, planteamos cuatro puntos de partida:
- Tengamos presente que a menudo seguimos haciendo una lectura de la adolescencia y juventud según parámetros de épocas anteriores. Y la adolescencia actual es una etapa per se, diferente a la infancia y la juventud, con sus necesidades educativas y de conceptualización.
- Por lo que a las drogas se refiere: las intervenciones que se realizan sobre el consumo siguen condicionadas por la experiencia vivida años anteriores con los consumos problemáticos de heroína (con todo lo que ello conlleva: idea de adicción, sobredosis, VIH, etc.). Y actualmente el panorama es totalmente diferente. Así como las nuevas formas de exclusión e inclusión social.
- El consecuente discurso preventivo y de atención no responde a las necesidades más evidentes. Y se aplican desde una perspectiva demasiado adulta. Hemos incorporado nuevas metodologías, como la reducción de daños. Pero, ¿hemos aceptado la filosofía de base? ¿Somos conscientes del fondo del discurso de esta filosofía de trabajo?
- Paralelamente, las medidas educativas son entendidas a menudo como "reparadoras" o "correctoras del hecho cometido”. Entonces surgen visiones diversas, incluso contradictorias, de los procesos vinculados a la intervención educativa, psicológica y social.
Todo ello nos debe hacer pensar en algunas ideas para la intervención:
- Deberemos (re) pensar qué significa prevenir. No es sólo evitar el consumo, ni sólo fomentar la abstinencia: también es potenciar la responsabilidad, la toma de decisiones, la autonomía. Además de oferecer pautas para que uno se evite problemas -consuma o no- .
- Es posible que este discurso no coincida con el de algunos profesionales. Ni de algunas familias participantes en el programa.
- Depende qué casos sólo necesitarán pautas preventivas. Otros quizás requerirán atención y seguimiento.
- Debemos dejar claro que nuestro papel profesional es el de ser referentes positivos (Funes, 2010).
- La mayoría de intervenciones se centrarán en las dinámicas familiares y las del propio adolescente / joven. Olvidándonos a menudo del papel del consumo.
En la mayoría de casos, observamos como detrás de muchos consumos de drogas adolescentes existen más disfunciones familiares o sociales que no problemas de drogas o de salud mental. La excesiva tendencia al diagnóstico adolescente o vinculada al propio consumo a menudo se utiliza para justificar, creando etiquetas y condicionando las consecuentes intervenciones. Sin embargo, tengamos presente que, a esta edad, y desde una lógica educativa, existen riesgos y problemas más importantes que la adicción (problemática a menudo entendida como proceso finalizador de cualquier relación con las drogas). No olvidemos que los usos de drogas adolescentes pueden tener diferentes grados de gravedad y problematicidad (Funes, 1999). Y los consumos de drogas problemáticos suelen ser el resultado de unos hábitos de consumo ligados a unos estilos de vida determinados. Por lo que tratarlos desde esta perspectiva nos ayudará, probablemente, a entenderlo de manera más integral. Y optimizar la intervención.
Firmado: Jordi Bernabeu Farrús
Psicólogo. Servicio de Salud Pública. Ayuntamiento de Granollers
jbernabeu@ajuntament.granollers.cat
www.sobredrogues.net (@sobredrogues.net - @jordibernabeu)
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Fuente: Lasdrogas.info
ECAS reclama en el Parlament la convocatoria de subvenciones para programas de rehabilitación y reinserción
Nuestra compañera Sonia Fuertes, Subidrectora del Área de Inserción Social y Sida de la Fundación Salud y Comunidad, intervino en la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya como vocal de la Junta Directiva del ECAS para reclamar que se mantengan las subvenciones para programas de rehabilitación y reinserción en el ámbito penitenciario.
ECAS ha comparecido en el Parlamento con relación al anuncio hecho por el Departamento de Justicia de la Generalitat que en 2012 no financiaría los programas de rehabilitación y reinserción en el ámbito penitenciario y ha reclamado que la convocatoria se mantenga y se haga pronto para garantizar la continuidad de los programas ese mismo año. Los partidos políticos reconocen el buen trabajo realizado por las entidades sociales en el ámbito de la ejecución penal y así lo han manifestado personalmente a las dos representantes de ECAS que han intervenido en la Comisión de Justicia, Teresa Crespo y Sonia Fuertes (presidenta y vocal de la Junta Directiva, respectivamente), así como los dos portavoces de la Mesa de Participación Social que también han comparecido, Núria Fabra y Miquel Pongiluppi.
Diferentes miembros de todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a las entidades y han alabado el modelo de rehabilitación y reinserción de presos desarrollado por las entidades, calificado de "ejemplar en Europa" y de "demostración de la corresponsabilidad" del tercer sector social. De hecho, el pasado 14 de junio se aprobó en el Parlamento -con el voto a favor de todos los partidos, incluido CiU- una moción presentada del PSC a favor de mantener los programas que incluye la demanda de convocar las subvenciones para financiarlos este año 2012 y el que viene. En este sentido, la presidenta de ECAS ha reclamado a la Comisión de Justicia que esta convocatoria se haga pronto y concrete la cuantía de las líneas de financiación, ya que las entidades están al límite de sus posibilidades y necesitan saber con que cuentan para continuar con su actividad.
Podéis leer aquí el texto de la comparecencia de Sonia Fuertes.