La reinserción de las personas reclusas ha sido siempre una cuestión difícil de tratar desde la comunidad. La oscilación entre la mirada meramente punitiva o su invisibilidad no han favorecido un debate serio en torno a esta realidad. Este hecho se refleja en una falta de políticas sociales específicas para este colectivo, políticas que deberían traducirse en un pacto interdepartamental y en una serie de medidas para hacer que este derecho, el derecho a la reinserción, se haga posible.
Con este mensaje fundamental, el 7 de julio, en el marco de los debates Catalunya Social, se presentó el informe La reinserció postpenitenciària, una terra de ningú (La reinserción postpenitenciaria, una tierra de nadie), elaborado por Pilar Heras, con la colaboración de diversas personas expertas en este campo. Tanto el documento como el debate posterior dibujaron, de forma breve, algunas necesidades y las propuestas que hace el tercer sector social.
En primer lugar, como decíamos, es necesario hacer visible este tema tanto en el espacio social como en el político. Entendemos que la calidad democrática de una sociedad, su capacidad para promover la inclusión, también tiene una relación estrecha con la defensa de las segundas oportunidades. La ley fija los límites para garantizar nuestra convivencia y establece las medidas oportunas en relación con la transgresión y el delito.
Ahora bien, una vez cumplidas estas medidas, la persona debe poder reincorporarse con las máximas garantías posibles para poder promover y consolidar un cambio de rol en el espacio social. Y, por ello, es absolutamente indispensable combatir las «marcas», el estigma. En nuestra opinión, la idea de ciudadanía es inseparable del cumplimiento de los deberes, pero también del disfrute de unos derechos. Y en este equilibrio encontramos la medida del capital social, y de la responsabilidad social comunitaria.
Garantizar segundas oportunidades tiene, por tanto, un valor claramente simbólico y nos sitúa en un contexto que acompaña y se responsabiliza de aquellas personas que en un momento dado han cometido un delito. Ahora bien, hacerlo también posibilita hacer prevención de posibles dificultades. El acompañamiento incide en una reducción de la reincidencia. Y la reducción de la reincidencia conlleva, al mismo tiempo, una reducción del gasto económico (y, evidentemente, una mejor convivencia).
Para lograr este cambio de mirada es necesario, por tanto, buscar espacios de trabajo compartidos entre las diversas administraciones y sus departamentos, con el mundo empresarial y también con los medios de comunicación. Explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los resultados permitirá reunir sensibilidades y acercarse de manera serena.
La idea clave es la idea de inserción, entendida como un proceso que va más allá de la inserción laboral, que abarca las diversas áreas de desarrollo de la persona y garantiza el cumplimiento de sus derechos y la cobertura de necesidades. La continuidad asistencial (dentro-fuera), la coordinación y quizás las medidas de discriminación positiva, deben poder ser debatidas para tomar forma en medidas y dispositivos que hagan efectivo el cumplimiento de las directrices europeas; innovar buscando la excelencia y la calidad. Debemos poder hablar en estos términos en un ámbito como éste, normalizar la respuesta como hemos hecho en otros ámbitos de la acción social.
Y el tercer sector social juega, de nuevo, un papel clave en este impulso de defensa de los derechos y de construcción de ciudadanía. La promoción del voluntariado, así como la atención especializada, deben formar parte de las respuestas y situar la persona, una vez más, en el centro y en el eje de nuestras actuaciones.
Heras, S. Fuertes, N. Fabra y R. Casanovas
Autora y coautoras del dossier ‘La reinserción postpenitenciaria, una tierra de nadie’ de la Taula del Tercer Sector