Daniel Montiel dirige desde hace casi 2 años y medio el Centro de Acogida de Menores (CAM) “El Castell” en Altea, servicio de la Generalitat Valenciana, que puso en funcionamiento la Fundación Salud y Comunidad (FSC), por encargo de la administración, para dar respuesta al aumento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados y que forma parte actualmente de la red de centros concertados con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta entrevista nos va a permitir conocer mejor este servicio, su trabajo al frente del mismo durante estos años, y la realidad de los menores no acompañados, al cumplir los 18 años.

 ¿Cuánto tiempo lleva “El Castell” en funcionamiento?

FSC gestiona este servicio desde el 1 de noviembre de 2017, que es cuando se puso en marcha como centro de emergencia. Primero con 18 plazas y posteriormente con 24, desde agosto de 2018.

– ¿A qué perfil de usuario/a se dirige?

A adolescentes de entre 15 y 17 años que vienen a España a buscar una vida mejor, persiguiendo lo que conocemos como el sueño europeo.

Remontándonos al inicio de la gestión de este centro, ¿qué destacarías?

El servicio comenzó como centro de emergencia, para dar respuesta desde la administración pública valenciana al aumento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. Se requería dar una mínima calidad a la recepción y atención de estos adolescentes llegados especialmente del Magreb, pero también subsaharianos, de la India o incluso de Albania.

– ¿Con cuántos usuarios/as contáis?

Actualmente, volvemos a contar con 18 plazas, ya que la situación se ha “estabilizado” con la creación de nuevos centros (entre ellos los dos que dirige FSC en la provincia de Alicante)

Aun así, el centro continúa estando acreditado para atender 24 plazas, por lo que podría darse de nuevo la urgencia y atender a 6 menores más.

– Además, ofrecéis una atención individualizada a cada uno de estos menores…

Sí, la gestión se centra en una atención individual, tanto para la trabajadora o trabajador como para los usuarios/as. Pero es para estos últimos para quienes, de manera interdisciplinar y coordinada, trabajamos, elaborando Planes de Intervención Individual, en colaboración con el mismo adolescente, y que se evalúan de forma periódica para modificar los objetivos conseguidos, mejorar la intervención, cambiar los criterios iniciales… etc.

En definitiva, se trata de un proyecto elaborado para y con los adolescentes, para conseguir su inclusión socio-laboral, preparándolos en su proceso de emancipación y tránsito a la vida adulta para lograr una desinstitucionalización, con unas mínimas garantías de estabilidad a su salida.

Por otra parte, muchos de los profesionales que hemos iniciado este proyecto venimos de trabajar en el ya desaparecido Grupo Emaús, por lo que ya contábamos con experiencia en atención a adolescentes, pero no con menores migrantes.

¿Y cómo se ha traducido a nivel de cambios, respecto a las formas de gestión que se venían haciendo con este grupo?

Los cambios han sido muchos y a mejor, desde que FSC asumió la gestión de estos centros, ya que pasamos del descontrol total a la total organización y protocolización de todos los procesos, tanto en los que se refiere a la intervención con los adolescentes, como a la gestión de los recursos humanos y materiales.

– ¿Qué novedades se han aportado en el servicio desde el concierto social con la Generalitat Valenciana?

A partir de ese momento, adquirimos, además del equipo de integradoras sociales que hacen una labor increíble para la inclusión de los adolescentes, la figura de la mediación intercultural que facilita el trabajo tanto por la visión de las culturas predominantes de los adolescentes (magrebís) como con el idioma, ya que a su llegada a nuestro territorio los adolescentes no conocen ninguna de nuestras lenguas.

Además, se realiza un trabajo en red y en coordinación continua con todos los agentes externos que participan en la intervención con los adolescentes como ayuntamientos, centros educativos, recursos comunitarios, recursos formativos, etc. La intervención es desde un aspecto global en el que siempre participan.

– Por otra parte, ¿cómo es el día a día de un/una menor en el centro?

Pues las únicas diferencias con cualquier otro tipo de adolescente son: primero que vive en una residencia, por lo que comparte el día a día con más personas que si viviese en su propia casa; y segundo que, al ser no acompañado, no dispone de una red asistencial (familia, familia afín, amigos, etc.) que lo puedan ayudar a su salida del centro que, si no tiene mucha suerte, será inevitablemente a los 18 años…

Para los menores migrantes supone un proceso de intervención acelerado, de cara a preparar su salida que, en ocasiones, les cuesta interiorizar, independientemente de su proceso interno. Da igual tu pasado, la historia de vida, las dificultades o tiempo que necesites para madurar…. hay que hacerse mayore sí o sí, y cuanto antes mejor.

– Háblanos del equipo profesional…

La residencia “El Castell” dispone de un equipo de 32 personas entre integradoras sociales, educadores y educadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos… en coordinación continua para lograr un trabajo interdisciplinar, no multidisciplinar.

–  Para ir finalizando, ¿qué opinión te merece la intervención que se está desarrollando a nivel estatal en el ámbito de menores?

Pues creo que tenemos un verdadero problema a nivel estatal en la atención y gestión de la inmigración en general, pero más cuando hablamos de menores migrantes.

Primero, por un reparto nada equitativo entre las distintas comunidades autónomas, pues aquellas más cercanas al Mediterráneo (destacando Andalucía sobre las demás) y alguna por la “fama del buen hacer” (como el País Vasco), aglutinan casi toda la población de adolescentes migrantes no acompañados.

Después, porque las mismas leyes que dicen que protegen a los menores por encima de cualquier otra ley (eso que se llama la supremacía del bienestar del menor) no se cumple cuando es un menor migrante, ya que prima más el ser inmigrante que menor. Y lo explico con un ejemplo. Cuando la tutela de un menor migrante pasa a la administración pertinente, y este adolescente está en edad laboral (necesita el trabajo, como todos y todas, pues es el pilar fundamental para la inclusión social en nuestras sociedades capitalistas) desde “extranjería” nos piden a los centros que justifiquemos que el menor necesita “trabajar para integrarse” … parece irónico.

Y cuando ya tenemos el permiso, llamado permiso de residencia con “exceptuación laboral”, ese menor solo podrá trabajar en un área determinada (hostelería y restauración, obra, etc.) y no en cualquier trabajo que encuentre, como cualquier español de su edad (que ya lo tiene complicado). Esto no facilita en casi nada su integración.

Pero, para más dificultades, cuando este adolescente cumpla los 18 años, perderá esta “exceptuación laboral” y necesitará un contrato de un año, que el empresario se presente en extranjería con todos los datos de su empresa (cuentas incluidas) y espere a la resolución para contratarlo… Todo son facilidades… Es curioso que “el regalo” de su 18 cumpleaños sea cantarle cumpleaños feliz, quedarse sin permiso de residencia y exceptuación y tener que salir del recurso.

Si pretendemos que las personas que llegan a nuestro territorio participen de nuestras sociedades como uno o una más, no podemos pensar en integración, sino en inclusión. La diferencia general, por no extenderme, es que en la integración solo el que llega tiene que esforzarse, mientras que la inclusión necesita de una actuación por las dos partes. Y eso falta, cambiar “nuestras normas del juego”.

– En este sentido, ¿cuál dirías que es vuestro principal objetivo en estos momentos?

Conseguir un trabajo para estos menores (con contrato de jornada competa y de un año de duración) mediante la “exceptuación laboral”. Con ello, les habremos gestionado la modificación a su permiso de residencia y trabajo, por lo que, habiendo adquirido un mínimo de habilidades sociales y de autonomía personal, habrán conseguido un piso de alquiler y seguirán su vida emancipados.

Si esto falla, o se prevé que el menor pueda seguir estudiando, habremos solicitado a la Generalitat una plaza a piso de emancipación (de los poquísimos que existen) esperando que haya una para él.

Pero, cuando estas dos cosas fallan, es cuando empieza el “dolor de cabeza”: ¿cuentan con amigos, conocidos, compatriotas…?, ¿hay algún albergue o similar que los acoja?… ¿No?, pues, ¿para qué tanta inversión de esfuerzos y recursos? A la calle.

–  Para finalizar la entrevista, ¿quieres añadir algo más?

Sí, creo que queda bastante camino por recorrer para lograr una verdadera inclusión social de los jóvenes que migran, empezando por hacer nosotros mismos un esfuerzo en aceptar que, al ritmo de la natalidad en España, o disponemos de mano de obra extranjera o empezamos a caer desde el punto de vista económico.

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