Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha realizado un llamamiento a la sociedad y a las administraciones públicas para defender y reforzar las políticas de atención a las adicciones, evitando su precarización y asegurando que sean eficaces en la protección de los derechos de las personas con adicciones y sus familias. Así lo han manifestado desde la entidad, con el objetivo de recordar la importancia de abordar las adicciones desde un enfoque integral, que incluya la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la mirada social.

 UNAD, integrada por 210 entidades sociales en toda España, entre ellas la Fundación Salud y Comunidad (FSC), ha recordado que “la red pública de atención a las adicciones tiene una historia que nace del compromiso de la ciudadanía, especialmente de familias y madres que hace más de 40 años se organizaron para reclamar respuestas y soluciones colectivas, ante la falta de recursos existentes durante la crisis de la heroína. Gracias a su impulso, hoy existe una red especializada que no puede darse por garantizada y cuya mejora y sostenimiento requieren de voluntad política y recursos adecuados”.

En el manifiesto, difundido en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, bajo el lema “Por políticas de drogas basadas en derechos”, UNAD insiste en que “las adicciones no deben quedar invisibilizadas ni limitarse exclusivamente al ámbito sanitario o de salud mental, ya que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial que requiere de una atención integral: social, sanitaria, jurídica y educativa”.

La organización, que cumple este año su 40º aniversario, incide en que “las personas con adicciones deben ser acompañadas, no castigadas, y que la criminalización solo profundiza la exclusión social, dificultando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el empleo o la educación». En este sentido, rechaza los enfoques punitivos que perpetúan el estigma y la discriminación”.

Entre las principales demandas recogidas en el documento, UNAD destaca “la necesidad de asegurar una financiación suficiente y estable de los servicios públicos de atención a las adicciones, especialmente en prevención, tratamiento, reducción de daños e incorporación social, así como de los servicios jurídicos y de atención a familias”.

Por otra parte, aboga por “garantizar la atención de calidad en todos los territorios, incluyendo zonas rurales, y el acceso universal para todas las personas sin discriminación por edad, género, clase social, origen, orientación sexual o situación de salud. Además, es fundamental fomentar una coordinación real entre administraciones públicas para asegurar una atención integral, eficaz y sin barreras”.

El manifiesto también recoge “la necesidad de contar con la participación de las personas que viven con adicciones y de la sociedad civil, organizada en el diseño e implementación de las políticas de drogas, y seguir avanzando en enfoques basados en los derechos humanos y la justicia social, que reconozcan la dignidad y diversidad de estas personas”.

Desde UNAD insisten en que “las adicciones no son un problema individual, sino que están vinculadas a causas sociales y estructurales”. Por ello, defienden que las políticas de drogas han de ser integrales, e ir acompañadas de políticas sociales amplias, dotadas de recursos y con una firme voluntad y compromiso político, en sintonía con lo que la Fundación Salud y Comunidad ha venido destacando en este espacio de noticias.

Acceso al manifiesto completo aquí.