- La ‘conselleria’ niega que se rompa un modelo y cifra el ahorro en 1,9 millones
- Las entidades denuncian que la decisión deja a 94 de ellas sin programas
Según Núria Fabra, representante de las entidades sociales de la Taula de la Participació Social, quedarán sin atender drogodependientes, enfermos mentales, agresores violentos o inmigrantes que cumplían programas de rehabilitación. «Alertamos de los riesgos que supone destruir este tejido asociativo y consideramos que la administración nos deja solos ante una responsabilidad que también le toca», reza el texto de ECAS. Los representantes del sector creen que lo que se deje de gastar puede acabar acarreando un coste mayor por lo difícil que puede ser recuperar a gente que ahora tiene un seguimiento y que lo perderá.
LABOR COMPLEMENTARIA
El director general de prisiones de la Generalitat, Ramon Parés, desmintió que se esté cambiando la política pública de rehabilitación y reinserción y que las entidades que hasta ahora percibían esta subvenciones eran de apoyo y complementarias al sistema. El grueso de esta labor, sostuvo el alto cargo, lo hace la Administración penitenciaria con sus 500 expertos. «En la cárcel, se continuará con los programas de drogodependientes, de delincuentes sexuales o de delitos violentos. El modelo no se modifica, ni se recorta», insistió. Estas entidades eran externas y, por ejemplo, tienen pisos para los presos que acaban la condena o salen de permiso. ¿Quien hará esto? «Pues, al parecer, nadie», afirmó Parés.
La labor de las entidades es un acompañamiento del preso en la calle. «Todo lo que hemos construido desde la corresponsabilidad se pierde», lamentó Patricia Bosch, coordinadora de la comisión de ámbito penitenciario de ECAS.
Fuente: El Periódico de Cataluña
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