Las comunidades autónomas pierden 283 millones para atender la dependencia

Una de las dos partidas con las que el Gobierno financia la Ley de Dependencia ha caído: 283 millones que se repartían entre las comunidades autónomas cada año. Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geriátricas, reparación de edificios), organización administrativa (informática, gestión). Pero, en la práctica, las comunidades lo estaban usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente.

Los 283 millones representan un 15% del total destinado por el Gobierno para dependencia al año. Los 1.545 millones restantes aseguran una ayuda directa a cada ciudadano dependiente y se entiende que esta partida ha de crecer en la misma medida en que aumentan los beneficiarios, puesto que se trata de un derecho. Pero los 283 que desaparecen del presupuesto, el llamado nivel acordado, sencillamente es un dinero que las comunidades dejarán de percibir, en detrimento de su ya maltrecho déficit público y a pesar de sus dificultades para atender esta ley.

Ambas partidas están recogidas en el texto legal, por tanto, eliminar por completo la dotación de una de ellas deja vislumbrar un cambio normativo en la financiación. En qué sentido, se desconoce todavía.

El nivel acordado se repartía entre las autonomías siguiendo una serie de criterios: población, superficie, dispersión, insularidad y, recientemente, el número de personas atendidas. Este último criterio premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del sistema, razón por la cual serán ahora las más castigadas.

Los expertos creen que apretar aún más a los Gobiernos regionales en esta materia paralizará la ley: los que están en lista de espera para recibir su ayuda seguirán esperando sin que fluya la lógica reposición. De esa forma, el sistema irá adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja (es un colectivo con una alta mortalidad) no serán sustituidos por otros beneficiarios.

Al ponerse en marcha la ley este presupuesto se justificaba como un elemento de reequilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias. Pero perder ese dinero ahora redundará en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades, obligados a cofinanciar.

Fuente: El País