La Generalitat de Cataluña también retrasa el pago a drogodependencias y VIH

La irregularidad en el pago a las entidades sociales se alargará hasta finales de este año. El Departamento de Bienestar Social informó ayer que no puede hacer frente a unos 50 millones de euros (el 25% de lo correspondiente a todo el cuatrimestre), por lo cual no podrá abonar el total del monto de las facturas.

El mes pasado, el departamento, dirigido por Neus Munté anunció restricciones para pagar a las residencias de ancianos y personas con discapacidad. La misma medida se extiende ahora a servicios de drogodependencia, VIH y salud mental.

El Departamento de Economía argumentó problemas de tesorería para poder afrontar estos recibos. Estas deudas no pudieron ser incluidas en los mecanismos de pago del Fondo de Liquidez Autonómica, como sucede con la deuda a las farmacias. En concreto, la medida afecta a las entidades que trabajan con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Social (ICASS) y la dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en los ámbitos de plazas de convenio, gestión delegada y conciertos.

El modelo de pago establecido por el ICASS indica que las entidades reciban al menos un 50% del dinero que les corresponde, aunque siguiendo criterios de “proporcionalidad”. Bienestar entiende que las empresas más grandes tienen más margen para soportar el aplazamiento del pago. En el caso de los colaboradores de la DGAIA, el seguimiento será más personalizado debido la estructura más reducida.

Los pagos se alternarán entre dos grupos. Las que en el mes de septiembre recibieron solo la mitad, de cara a octubre recibirán el 100% de la deuda de ese mes, y así hasta el fin de año. Y las que el mes pasado recibieron el pago completo, se enfrentan ahora al pago reducido. En conclusión, las empresas más grandes dejarán de cobrar un mes completo este cuatrimestre. Desde Bienestar explican que esta fórmula permite “garantizar que todos puedan hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras”.

“Nos preocupa mucho el hecho de no saber cuándo se pagará el retraso, es muy complicado no poder planear nuestras tesorerías. También hay una gran deuda en las subvenciones, que acumulan ya muchos impagos”, aseguró Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. “Entendemos que hay dificultades de tesorería, pero nos preguntamos si desde el Gobierno se está priorizando de verdad el gasto social”, puntualiza Guiteras.

Desde la Federación Ecom, que agrupa asociaciones de personas con discapacidad física, agradecen que la Generalitat avise con antelación de los retrasos. “No es justo que las entidades sociales estemos en medio del rifirrafe entre Administraciones”, se queja su vicepresidente, Josep Giralt. “Dejaremos de recibir dos millones de euros y pocos tenemos acceso a créditos bancarios”, agrega.

Fuente: El País