FSC se suma a más de 400 organizaciones que denuncian la campaña de desregulación de la Comisión Europea

Un total de 470 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y colectivos de interés público han advertido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que “nuestros derechos, nuestra salud, nuestra justicia y nuestro planeta no están en venta”. Con este propósito, han suscrito una declaración en la que denuncian la campaña de desregulación que constituye uno de los ejes centrales de la estrategia de la Comisión Europea en el actual mandato. La Fundación Salud y Comunidad (FSC) se ha sumado como entidad firmante, reafirmando su compromiso con la defensa de la salud y los derechos sociales en Europa.

Las organizaciones firmantes alertan en un comunicado de que, apenas nueve meses después del inicio del actual mandato, la Comisión Europea prepara una oleada sin precedentes de recortes drásticos en las normativas que salvaguardan los derechos laborales, sociales y humanos, así como los derechos digitales y el medioambiente.

Además, advierten de que en los próximos cuatro años la Comisión y los Estados miembros podrían desmantelar gran parte de las regulaciones que rigen la actividad empresarial en la UE, lo que supondría un grave retroceso en materia de protección ambiental, derechos sociales y digitales, y políticas climáticas.

Kenneth Haar, investigador y activista del Observatorio Corporativo de Europa (Corporate Europe Observatory), ha declarado que «se trata de implementar las ‘listas de deseos’ de los grupos de presión corporativos. La Comisión configura su ‘tsunami’ de desregulación otorgando a las empresas niveles extremos de acceso privilegiado, un nivel de captura corporativa profundamente antidemocrático. Habrá una reacción por parte de la sociedad civil, y nuestra declaración, junto con el respaldo que ha recibido, lo demuestra claramente. Esta no es la Europa que queremos.»

Por su parte, Ella Jakubowska, directora de Políticas de la organización Derechos Digitales Europeos (European Digital Rights, EDRi), ha afirmado que «en la era digital, todos dependemos de leyes sólidas, coherentes y bien aplicadas. Estas nos protegen de las empresas depredadoras, como las grandes tecnológicas, así como de la extralimitación y la discriminación por parte de los actores estatales. Pero estos controles y contrapesos democráticos vitales, que devuelven el poder al pueblo y nos dan control sobre nuestros datos y nuestra vida privada, están siendo atacados por aquellos que quieren anteponer los beneficios económicos a los derechos humanos y la justicia».

Por último, el secretario general de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (European Federation of Public Service Unions, EPSU), Jan Willem Goudriaan, ha señalado que «las propuestas generales suponen una amenaza para los derechos, la salud y la seguridad de los trabajadores. Reducen las medidas de protección de nuestro medio ambiente y nuestras comunidades. Favorecen los intereses de las empresas, no los de los trabajadores y la población.  Al mismo tiempo, los servicios públicos y los organismos reguladores carecen de financiación y recursos suficientes. Sin normas y sin su aplicación, las empresas robarán a los trabajadores, dañarán nuestro medio ambiente y violarán nuestros derechos como comunidades. Esperamos que la Comisión promueva los intereses de todos, no solo de unos pocos. Las propuestas generales socavan las normas que mejoran nuestras sociedades. Ponen en peligro vidas y comunidades. Deben ser retiradas».

La rapidez y la magnitud de la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil en toda Europa muestran que la oleada de desregulación a nivel europeo ha generado preocupación en amplios sectores de la sociedad. Esta reacción refleja no solo el rechazo a posibles retrocesos en la protección ambiental, los derechos laborales, sociales y digitales, sino también la alarma frente a la creciente influencia de intereses corporativos en la elaboración de políticas públicas.

La movilización de cientos de organizaciones subraya la importancia de mantener la transparencia, la participación ciudadana y la supervisión independiente frente a decisiones que podrían afectar directamente la vida de millones de europeos y la sostenibilidad del continente.

En este sentido, esta desregulación impacta directamente en el trabajo de las ONG de salud pública, que ven cómo se tramitan políticas sin su participación y, en algunos casos, en contradicción con la normativa vigente. Un ejemplo es el reciente “paquete del vino”, tramitado sin la participación de actores de salud pública y con medidas que incluso contravienen las reglas sobre información alimentaria a las personas consumidoras.

Además, según alertan estas organizaciones de la sociedad civil, en el contexto político más amplio, las ONG están siendo utilizadas como “chivo expiatorio” en la reacción contra el “Green Deal Europeo” (el plan de la UE para alcanzar la neutralidad climática y promover la sostenibilidad).

Se trata de un fenómeno político que se está observando en algunos debates europeos recientes. Algunas ONG, especialmente las que trabajan en medio ambiente, salud pública o derechos sociales, están siendo señaladas o responsabilizadas públicamente por problemas o fracasos percibidos en la implementación de políticas de este plan. Ello está ocurriendo, aunque estas entidades no tengan poder de decisión directa sobre la legislación o su ejecución.