FSC apoya la futura Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha presentado recientemente, en un acto celebrado en Valencia, el borrador de la futura Ley de Servicios Sociales Inclusivos. El texto surge de un amplio y extenso proceso participativo, en el que ayuntamientos, diputaciones y entidades de diversa índole, han tenido a su disposición una primera propuesta, sobre la que se han hecho más de 400 aportaciones. A la presentación asistieron alrededor de 1.200 personas, entre ellas representantes de la Fundación Salud y Comunidad (FSC).

En palabras de Mónica Oltra, “la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos garantizará la universalidad del sistema” y situará los derechos sociales a la misma altura que sanidad y educación, convirtiéndolos en un «rasgo definitorio de la Comunidad Valenciana», garantizando que cualquier persona que los necesite tenga acceso a ellos.

Oltra, junto con el delegado del Consell para el Modelo Social, Xavier Uceda, señaló que «la Comunidad Valenciana contaba en materia de servicios sociales con una legislación del año 97 que, además, no había sido desarrollada por el antiguo gobierno, lo que facilitó la privatización y el desmantelamiento de un sistema que, en estos años, ha adolecido de liderazgo y coordinación. Ello favoreció que se deshicieran los equipos profesionales y se cayera en la burocratización y en el asistencialismo».

«Los recortes y la desidia respecto a la ratio de profesionales en relación con el número de habitantes a atender, ha provocado una diferencia abismal con otros sistemas como el de sanidad o de educación», donde existe un profesional cada 1.100 pacientes y uno cada 25 o 30 alumnos», afirmaba Mónica Oltra. Sin embargo, en palabras de la vicepresidenta, en el sistema de servicios sociales «se contaba con un profesional cada 13.000 habitantes llegando a alcanzar las cifra de 17.000 en algunos municipios».

Oltra afirmó además que, desde la Conselleria, se ha trabajado desde el primer momento «para solucionar esta situación y por ello se comenzó con la puesta en marcha de un nuevo modelo de servicios sociales, basado en el municipalismo, en un sistema público digno que actúe para la prevención y que sitúe a las personas en el centro». Unos principios que también están en la esencia de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

El nuevo modelo ha supuesto multiplicar por cuatro la inversión que se destinaba a los ayuntamientos para la contratación de personal. Así, mientras que en 2015 el dinero que la Conselleria destinó a mejorar las plantillas de los servicios sociales municipales fue de 9,6 millones, en el presupuesto de 2018 la cifra asciende a los 41 millones.

Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, esta apuesta decidida por la proximidad en la atención de los servicios sociales va a permitir la contratación de 1.574 profesionales en 2018, cuadriplicando las plantillas y permitiendo que la ratio de atención al ciudadano/a se reduzca. En este sentido, si a principio de la legislatura era de un/una profesional para cerca de 13.000 habitantes, en el actual ejercicio pasa a ser de uno/a por 2.781 habitantes.

La composición de los equipos profesionales será una de las cuestiones que, por primera vez, quede fijada por ley. La nueva normativa sobre servicios sociales determina el carácter multidisciplinar de los equipos, con el objetivo de que puedan atender «la complejidad social» y con esta misma finalidad, se introducen nuevas figuras profesionales, como los asesores jurídicos o los integradores sociales.

Esta mejora de los equipos va a permitir seguir reduciendo la ratio, que también vendrá fijada por ley en una media de un profesional de servicios sociales por cada 2.300 habitantes, que en el caso de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes se reducirá hasta uno por 1.500.

«Esta ley -destacó la vicepresidenta- hace que la Comunidad Valenciana abandone el último puesto en la lista autonómica de atención ciudadana en el ámbito de los servicios sociales, y la sitúa entre las cinco primeras de España, gracias al esfuerzo inversor que se está haciendo desde la administración valenciana».

La nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos «es el puntal» del Código Social Valenciano que se está elaborando desde el departamento que dirige Oltra, y supone «un avance determinante en la universalidad de los derechos sociales que transforma la concepción asistencialista de las antiguas políticas en una concepción moderna de derechos subjetivos y universales», según aseguró.

«Asimismo, supone la creación de un Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que reconoce las prestaciones sociales como un derecho subjetivo», una consideración que el Consell ya ha realizado con las prestaciones de dependencia, la renta, las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género o las prestaciones de acogimiento familiar, «lo que garantiza que no estén condicionadas por la dotación presupuestaria», manifestaba la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

Cabe destacar que el anteproyecto de Ley se ha sometido a audiencia pública para que los ciudadanos/as puedan formular aportaciones adicionales. El plazo de exposición pública finaliza el día 9 de febrero.

Según fuentes del gobierno valenciano, el borrador podrá ser consultado en la web de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el apartado Ley de Servicios Sociales Inclusivos o en el portal de Transparència de la Generalitat.

La Fundación Salud y Comunidad (FSC), como organización sin ánimo de lucro, se encuentra esperanzada por el impacto que pueda llegar a tener esta ley, cuando se encuentre del todo desarrollada, tanto en las personas destinatarias como en las entidades sociales que nos dedicamos a atender a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.