Entidades sociales piden que los contratos públicos dejen de adjudicarse a la oferta más barata

Entidades, patronales y colegios profesionales del sector sociosanitario han rubricado este lunes un acuerdo para impulsar la mejora de la contratación pública de servicios de atención a las personas, con el objetivo de que las administraciones dejen de adjudicar los contratos a las empresas que ofrecen el precio más barato en detrimento de las que ofertan mayor calidad.

En un acto en el Pati Llimona de Barcelona, los principales representantes del sector, con la complicidad de los sindicatos CC.OO. y UGT, han presentado un documento en el que se recuerda a los responsables públicos que los servicios públicos de atención a las personas son un ámbito de actuación especialmente sensible debido a la vulnerabilidad de los colectivos a los que se dirigen: niños, jóvenes, ancianos, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social.

Desde el inicio de la crisis, las administraciones públicas han «convertido los concursos de servicios públicos en subastas económicas», ha advertido a los medios tras la presentación del documento el vicepresidente de la patronal La Confederació y portavoz del grupo promotor del acuerdo, Joan Segarra.

«No se puede pedir la construcción de una carretera a alguien que no sabe construir y tampoco se puede permitir que cuiden ancianos a quienes no tienen experiencia» simplemente porque ofrecen hacerlo de forma más barata, ha criticado Segarra, que ha recordado que ya hace años que el sector manifiesta su preocupación por la existencia de prácticas en la contratación pública que ponen en riesgo la calidad asistencial.

Por ello, las entidades han acordado exigir una mayor preponderancia de los criterios evaluables a través de un juicio de valor por encima de los puramente económicos, la eliminación de las mejoras voluntarias directamente relacionadas con la oferta económica y la incorporación de criterios específicos para eliminar del concurso a las empresas que no cumplan unos mínimos de calidad.

También han pedido que se limiten y penalicen las ofertas «anormalmente bajas o desproporcionadas», que se incluyan elementos que garanticen el respeto de las condiciones laborales de los profesionales y que se creen mecanismos de control que permitan comprobar que se está ejecutando el contrato en las condiciones adjudicadas.

TERCER SECTOR

Han rubricado el acuerdo la presidenta de la Taula d’Entitas del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras; el presidente de La Confederació, Xavier Puig; la secretaria técnica de atención a la dependencia de la patronal La Unió, Montserrat Pareja; la directora general de la asociación Acra, Montserrat Llopis, y la presidenta de la asociación Acesap, Amèlia Clara.

También lo han firmado el presidente de Upimir, Vicente Botella, el representante de Asade Jesús Nogales, la representante de La Intercololegial Marga García, el presidente de Acellec, Pere Mulero, así como el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, y su homólogo de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez.

En declaraciones a los medios, Gallego y Álvarez han manifestado la importancia de que la asistencia a los ciudadanos sea «de calidad», y han pedido al Govern que acate las propuestas que recoge el documento.