La Plataforma del Tercer Sector pide reformar la Constitución para equiparar las prestaciones sociales

La entidad, que agrupa a las principales organizaciones del ámbito social, ha propuesto a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales promover «una reforma constitucional que reconozca los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales», fije «competencias de naturaleza compartida» en materia de atención social entre el Estado y las comunidades autónomas, y «garantice así el equilibrio».

En un encuentro informativo celebrado esta semana en la agencia de noticias Servimedia en Madrid, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha presentado un decálogo de propuestas en materia social, que va a trasladar a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones para que las incorporen en sus programas.

Una de ellas se refiere a la reforma Título Octavo de la Constitución Española (CE) para que la administración central disponga de una competencia de naturaleza compartida con las comunidades en el desarrollo y aplicación de políticas de solidaridad e inclusión social.

«El cambio constitucional no pasa por quitar las competencias de los servicios sociales a las comunidades autónomas, sino por dotar a la administración general del Estado de una parte de la competencia para que pueda complementar los desequilibrios territoriales que existen actualmente”, aseguró el presidente de la plataforma, Luciano Poyato.

La plataforma sostiene que si hay una reforma de la CE como proponen algunas formaciones, el Tercer Sector debe ser reconocido, «pero no para entrar en competencia con otros agentes sociales, sino para tener un papel de complementariedad», favoreciendo el «diálogo» para que cualquier persona tenga cubiertos unos recursos básicos.

En este sentido, Poyato defendió la necesidad de «garantizar a una persona, independientemente de donde ha nacido, los mismos derechos en la práctica», proponiendo una Ley Estatal de Rentas Mínimas, que incluya la «misma renta» para todo el territorio, que debe situarse en torno al salario mínimo profesional.

«Pedimos una ley de derechos sociales y que las prestaciones sean equitativas en todas las comunidades autónomas», dijo el presidente de la plataforma, insistiendo en que «tiene que haber algo estatal que compense esos desequilibrios económicos».

Por otra parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector pidió que los partidos suscriban un Pacto contra la Pobreza, para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión, y un 25% de la tasa de pobreza infantil.

Además, Poyato señaló que habría que impulsar un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza (2016-2020) con una partida de 1.000 millones de euros anuales. Este fondo sería «extraordinario» y quedaría fuera de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, anunció que se reunirá con todos partidos políticos que pueden obtener representación tras el 20-D, con el fin de promover «la voluntad» para desarrollar las leyes del Tercer Sector y el Voluntariado, aprobadas recientemente. Ese desarrollo pasaría, por ejemplo, por un plan de financiación y modernización del Tercer Sector en 2016.

“Desde el primer día en que se constituya el Parlamento, recordaremos al nuevo Gobierno qué va a pasar con el desarrollo de estas leyes», afirmó el presidente de la Plataforma del Tercer Sector.

La plataforma reclama además una interlocución del Tercer Sector en el Comité Económico y Social español y europeo, para garantizar su participación en el diálogo civil.