Los fondos para políticas activas de empleo que el Gobierno español transfiere a la Generalitat se han reducido más de la mitad en los últimos cuatro años, coincidiendo con el mayor número de parados de la historia en Cataluña, más de 600.000 personas.
Estos fondos sirven para formación de parados, planes locales de empleo, subvencionar el salario de los empleados de Centros Especiales de Trabajo, el plan Inserjove o el programa de inserción de mayores de 55 años que han agotado todas las prestaciones. Desde 2011 han pasado de 440 millones de euros a 176, una caída del 60%.
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, dio a conocer ayer el último recorte (el de este año, 17 millones) durante el pleno del Parlament. Puig explicó que el miércoles a última hora de la tarde el ministerio de Empleo lo comunicó a las comunidades en el marco de la Conferencia Sectorial. Puig acusó al Gobierno central de “castigar absurdamente” a Cataluña en la distribución de los recursos para políticas activas al ser la comunidad, aseguró, que registra una mayor disminución de la partida. El recorte medio del resto de comunidades es del 7,5% y el de Cataluña de casi el 9%, señaló. De ahí que el consejero acusara al ejecutivo de emplear “criterios opacos y sin objetividad” para distribuir los fondos.
La secretaria de Estado del Bienestar y Trabajo del sindicato UGT, Laura Pelay, se afanó ayer en recordar que de acuerdo con el texto del Diálogo Social Permanente que firmaron los agentes sociales y la Generalitat hace unas semanas, “la Generalitat se comprometió a aportar para políticas activas los mismos fondos que en 2013”.
Pelay criticó duramente la progresiva reducción de fondos para para desempleados y recordó que en el contexto europeo, España es el tercer país por la cola en políticas activas, mientras encabeza las cifras de paro.
Mientras desde Madrid se recortan los fondos para mejorar la ocupabilidad, el Gobierno catalán tiene pendiente la reforma del SOC, el Servicio Catalán de Empleo, que se traducirá en una ley que CiU lleva anunciando desde que regresó al poder en la Generalitat en 2010, primero con el consejero Francesc Xavier Mena y ahora con Puig.
En los últimos días la cúpula de empleo en la Generalitat se ha intercambiado borradores con el resto de agentes sociales. La idea del consejero es cerrar este fin de semana el texto para presentar la nueva ley la próxima semana. Un texto que los sucesivos responsables del SOC han defendido que debe convertir el servicio en más flexible, para adaptarse a las necesidades de empleo de cada momento en cada territorio.
Pero si el Gobierno catalán insiste en su apuesta por el SOC, los sindicatos critican que en los últimos años haya visto reducido notablemente su personal. Además, los planes de la Generalitat pasan también por privatizar parte de la tarea de ayudar a los desempleados a encontrar empleo, delegándola en agencias de colocación.
Y es que otro de los compromisos que tiene pendiente el departamento que capitanea Puig es la primera licitación de convenios por 1,9 millones de euros para que agencias de colocación y ETT encuentren trabajo para 10.000 personas. A finales de marzo, el ejecutivo pactó con la patronal catalana de las agencias de colocación ACACER pagarles 40 euros por parado atendido en concepto de gastos de tramitación y 600 por desempleado a quien encuentren un trabajo de por lo menos seis meses. Un pacto que reveló este diario y que la Generalitat aseguró que reformulará después de que los sindicatos pusieran el grito en el cielo. Puig prometió “consenso” con CC OO y UGT pero advirtió de que la Generalitat cuenta con los privados.
Fuente: El País (Ed. Cataluña)